En China Kichá
La población cabécar de China Kichá, a 175 kilómetros al sureste de San José, observa impotente cómo las tierras que ocupan se incendian, llevándose de paso sus cultivos y dejando expuestas las nacientes al sol, que las seca sin piedad.
En este territorio, ubicado en distrito de Pejibaye de Pérez Zeledón, las fincas recuperadas están consumidas casi que por completo por el fuego, en contraste, las que aún son utilizadas para cultivos y ganado por personas no indígenas están casi completamente libres de daño, a pesar de su cercanía. Así lo constató UNIVERSIDAD, con la ayuda de imágenes aéreas sobre los territorios recuperados.
Las líderes indígenas denuncian que esto sucede desde hace tres años, cada verano, bajo las órdenes de tres empresarios muy adinerados e influyentes en la zona, desde que la comunidad se organizó en el 2018 para recuperar sus tierras. Antes de este proceso, la comunidad poseía solo un 6% del territorio de 1.100 hectáreas que por decreto les pertenece, hoy “resisten” en aproximadamente 700 hectáreas.
“El resultado de las recuperaciones en China Kichá son la semilla de Sergio Rojas que cayó aquí, en una tierra que necesitaba florecer. Nos cambió la vida porque cayó en el momento justo, cuando habían muchas personas jóvenes conscientes de que ya no podíamos esperar más al Estado”. DORIS RÍOS
“Cada verano uno tiene el temor de que en cualquier momento se vienen los incendios, por eso, lo que se siembra se trata de recoger antes, pero igual siempre hay pérdidas”, lamentó la recuperadora Virginia Fernández.
Las recuperaciones de hecho son un mecanismo de las comunidades indígenas para tomar tierras dentro de los límites del territorio que, ante la desidia del Estado desde la aprobación de la Ley Indígena en 1977, siguen en manos de personas no indígenas. En las recuperaciones la comunidad notifica a las personas que ocupan el territorio de su desalojo y se organizan para ir a ocupar el terreno.
La Coordinadora Sur Sur (CLSS) ha denunciado la quema de más de 300 hectáreas de tierra recuperada por personas indígenas cabécar en China Kichá, en lo que llevamos del año, una cifra conservadora si la comparamos con las estimaciones de entre 700-800 hectáreas de las personas recuperadoras del territorio.
La recuperadora y líder indígena Doris Ríos dice que, tal cual pasa en una guerra con las sanciones, los incendios son una forma de presión en la que pierden alimento y agua, pero, como no funciona, suele escalar a la violencia. Precisamente, y tras la denuncia de siete incendios por parte de la CLSS, el 25 de febrero el conflicto resultó en 13 personas indígenas heridas de las cuales nueve fueron trasladadas al hospital.
“Este es un país que dice que es democrático y en donde todos vivimos en igualdad y en paz. Hablan de la guerra en Ucrania, pero en este pedacito de tierra también nos roban la paz porque nos amenazan de muerte, nos queman las fincas”, dijo la líder indígena.
Yamileth Fernández, recuperadora de tierra, aseguró que como comunidad no pueden hacer casi nada porque no son suficientes para detener las llamas, de hasta 10 metros de altura, ni tienen suficiente acceso al agua para tomar acción, por lo que concentran sus esfuerzos en la protección de los bosques.
La soberanía alimentaria es particularmente importante para esta comunidad, rodeada por terratenientes que desde hace años no les dan trabajo y con niveles de pobreza alarmantes: aunque en Costa Rica se estima que 20% de la población vive bajo el nivel de pobreza, datos del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA por sus siglas en inglés) indican que entre los pueblos cabécares la pobreza asciende al 94%.
Esta problemática se replica, con sus particularidades, en la mayoría de territorios indígenas del país. El Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) registró 143 acciones colectivas relacionadas con la defensa de los territorios indígenas y son las personas indígenas el principal actor demandante de todas las acciones registradas en el año 2021.
Ese mismo año, la Fiscalía de Asuntos Indígenas reportó que la agresión con armas, la usurpación, el incumplimiento de medidas de protección, el maltrato y las amenazas agravadas están entre los delitos con mayor incidencia en los territorios indígenas.
“La gente no entiende que es nuestra vida, es nuestro futuro, es nuestra historia por la que peleamos y las Instituciones criminalizan y juzgan con su visión de afuera. Nos reclaman que no usamos la tierra como lo hacen ellos, nosotros no vemos la tierra como plata ni esperamos hacernos millonarios. Lo que queremos es paz y tranquilidad, sostener quienes somos”, aseveró Ríos.
6.400 hectáreas perdidas
China Kichá fue definido como territorio indígena en 1957, en aquel momento el decreto que establecía sus límites le otorgaba 7.500 hectáreas, pero fue derogado en 1982: “esa China Kichá que vieron mis abuelas no la vamos a conocer nunca”, lamentó la líder indígena y recuperadora Doris Ríos.
Cinco años antes de que fuera derogado este decreto, se aprobó La Ley Indígena, que establece que los territorios indígenas son exclusivos de sus comunidades, no se pueden alquilar, arrendar, comprar o adquirir de ninguna forma. Además, dice que las personas ya propietarias de tierra dentro de territorios indígenas deben ser expropiadas e indemnizadas.
Y en 1989 Costa Rica suscribió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, y obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de estos derechos de posesión.
En el 2001, se estableció de nuevo el territorio por decreto, ahora con 1.100 hectáreas y con la mayoría del territorio en manos de no indígenas, tras una fuerte presión de parte del Consejo de Mayores de la comunidad: “En ese momento teníamos mucha esperanza de que el Estado por la vía institucional nos iba a devolver las tierras, pero pasaron 17 años más sin que nada sucediera y por eso empezamos las recuperaciones en el 2018”, contó Jason Ríos.
Su hermana Doris asegura que las recuperaciones eran una necesidad para un pueblo “a punto de desaparecer”, porque con la tierra perdieron su cultura, su idioma y su independencia: “Antes de las recuperaciones vivíamos arriba en hasta casas prestadas de personas no indígenas que nos explotaban haciéndonos trabajar en nuestra propia tierra. Algunos decidían irse para sobrevivir y terminaban desarraigados de nuestra cultura, pero hoy tenemos acceso de nuevo a nuestros lugares sagrados: las piedras, los ríos…”
El Censo del 2011, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, registró una población de 105 personas en China Kichá, de las cuáles solo 46 se identificaban como personas indígenas. En la actualidad, las personas de la comunidad estiman al menos 60 familias, que han crecido de la mano de la recuperación de tierras.
“Cuando Salitre empezó sus recuperaciones de tierra no teníamos idea de qué eran, pero para ese momento teníamos dos opciones: luchar como territorio o marcharnos y desaparecer”, recordó Jason Ríos.
En total, las recuperaciones les devolvió acceso a cinco fincas: Kono Ju (Casa de tepezcuintles), Sáka Duwé Senaglö (Tierra de venados), Yòwy senaglö (Tierra de cangrejos), Kelpegö (Casa de Zompopa) y Sekglö kaska (Tierra de mayores). Esta última fue el primer asentamiento en la zona de la población que emigró de San José Cabécar en los años 30.
“El resultado de las recuperaciones en China Kichá son la semilla de Sergio Rojas que cayó aquí, en una tierra que necesitaba florecer. Nos cambió la vida porque cayó en el momento justo, cuando habían muchas personas jóvenes conscientes de que ya no podíamos esperar más al Estado”, dijo Doris Ríos, sobre el líder indígena fallecido.
Incertidumbre ante Plan RTI
En 2016, el gobierno de Luis Guillermo Solís anunció la implementación del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas o Plan RTI con el objetivo de indemnizar a las personas propietarias de tierras que de buena fe obtuvieron terreno dentro de los límites de un territorio indígena (previo a la aprobación del decreto correspondiente al territorio).
Durante el proceso también se identificaría a quienes, por el contrario, se apropiaron de tierras de forma ilegal. En otras palabras, el Plan RTI tenía como fin hacer valer lo establecido en la Ley Indígena y cumplir con los tratados internacionales en un plazo de cinco a seis años, pero constantes retrasos llevaron a las autoridades a estimar que se cumpliría con la promesa hasta el 2026.
Hasta este año, en los últimos meses del gobierno de Carlos Alvarado, las autoridades anunciaron el primer ingreso de fondos a este plan: ₡3.200 millones, de los cuáles ₡2 mil millones se destinarán a la indemnización de tres fincas, con procesos avanzados de análisis por parte del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Sin embargo, la aplicación de este plan ha sido cuestionado por líderes indígenas alrededor del país, ya que no se realizó un proceso participativo de consulta y el Gobierno determinó que las tierras indemnizadas quedarán en manos de las Asociaciones de Desarrollo Integral (las ADI), una estructura del Estado que no es acorde con las que culturalmente reconocen los pueblos indígenas como, por ejemplo, los Consejos de Mayores.
Estos reclamos los escuchó el relator especial de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos indígenas, Francisco Calí, en reiteradas ocasiones: “Recibí reiteradas alegaciones de que las ADIs, al tratarse de instituciones estatales impuestas, no son idóneas para garantizar la representación de las comunidades de los pueblos indígenas, que se rigen por su sistema propio de gobierno, llevando a una debilitación de las estructuras tradicionales de representatividad, particularmente en el sur del país”.
Las personas indígenas de China Kichá desconocen cuál es el proceso que se llevó a cabo para determinar quien es poseedor de tierras de buena y mala fe, dentro de los territorios indígenas, y también se preocupan por el paradero de las tierras en las manos de las ADI.
