Con datos de una investigación realizada entre marzo y mayo, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) asegura que las 1.197 mujeres entrevistadas no manifiestan afectaciones directas en temas de salud pero sí hablan de la angustia económica del COVID-19 y se quejan “de no tener qué comer”.
La información fue presentada en la Comisión de Mujeres por la jefa de unidad de investigación del INAMU, Xiomara Castro.
“Cerca de un 90% nos dice que disminuyó el ingreso familiar en medio de esta situación. Hay despidos y reducción de jornadas laborales. En el caso de mujeres emprendedoras y empresarias, hay disminución de ventas y un número importante ha llegado a cerrar sus negocios propios”, afirmó Castro en una audiencia de este miércoles.
De acuerdo con la investigadora, las mujeres que se comunican con el INAMU priorizan pedir ayuda económicas, antes de presentar denuncias por violencia intrafamiliar pese a que “en este confinamiento, las mujeres están con sus agresores en casa”.
Entre las necesidades que las mujeres no pueden cubrir en este momento mencionan “compra de alimentos, pago de recibos de servicio y pagos de alquiler”.
“Volvemos a la necesidad básica que tienen las mujeres en este momento: comida para ellas y sus familias”, afirmó Castro.
La institución está buscando formas para apoyar económicamente a mujeres, dijo la presidenta del INAMU y ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora.
“Hay mujeres pasando hambre. Desde el INAMU hemos hecho una única transferencia porque hay un impedimento de la regla fiscal, y mientras no se levante no podemos hacer más, de ¢330 millones a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)”, explicó Mora.
La CNE ha repartido “más de 2.000 paquetes a mujeres que no entraron en ninguna otra (ayuda social): mujeres trans, servidoras domésticas indocumentadas, mujeres que reúnen todas las posibles vulnerabilidades”, detalló la ministra. En estos grupos vulnerables también hay mujeres indígenas.
Para siguientes transferencias, diputada oficialista Paola Vega ofreció ayuda para levantar la regla fiscal y afirmó es que “fue un gran error hacer esa regla fiscal y hoy eso nos está lesionando el Estado social de derecho”.
INAMU está negociando una transferencia de ¢1.800 millones hacia el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para brindar ayudas a 5.000 mujeres pobres del programa Avanzamos Mujeres. Estas mujeres recibirían el dinero por cinco meses, entre agosto y diciembre.
Asimismo, INAMU está preparando ¢1.000 millones para la convocatoria del Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (FOMUJERES) que aporta capital a emprendimientos.
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INAMU pidió “renta básica universal” y políticas inclusivas
La presidenta del INAMU, Patricia Mora, incluyó dentro del informe una lista de recomendaciones. Entre ellas, una “renta mínima universal” y pidió que el congreso gestione un fondo “solidario”, que se aplique “por un ratito”.
Mora dijo que pedir este mínimo de renta no es una “medida loca de los comunistas” y que se trata de “garantizar a los seres humanos un mínimo de ciudadanía, que usted sienta que está viviendo en una sociedad que no está humillando a la mitad de la ciudadanía”.
Mora reiteró que se oponen al proyecto de jornadas flexibles de trabajo, mismo que ha sido solicitado por empresarios para reactivar la economía durante la pandemia, porque es un plan que no considera las necesidades de las mujeres.
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La presidenta del INAMU reclama que se le piden propuestas alternativas, pero que en este caso no hay ninguna.
“No tenemos alternativas. Ese camino lleva a la exclusión mayor de las mujeres del mercado laboral, por lo que no pasamos por ahí”, afirmó.
El INAMU sugiere que exista una integración de enfoque de género “en todas las fases de respuesta” y que “como mínimo” existan datos agregados por sexo para conocer la afectación diferenciada.
“No puede haber una sola política pública que se haga y que no haya cambiado el enfoque. No es un añadido del enfoque de género, es un nuevo enfoque para una nueva normalidad”, afirmó Mora.
La diputada Nielsen Pérez, presidenta de la Comisión Mujer, expuso que está organizando tres mesas de trabajo para abordar necesidades población vulnerable: las prioridades son el cuido, el tránsito del empleo informal al empleo formal; y una serie de “mínimos de la ciudadanía de las mujeres”, entre ellos, la renta básica universal.