Ante las recientes denuncias por violencia sexual en el Caribe Sur, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) insiste en el avance del proyecto de ley 22.860 que consolida el servicio del Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Violencia contra las Mujeres y Violencia de Género (Coavifmg) y declara a los servicios que atienden la violencia contra las mujeres como servicios esenciales.
Según la Ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, la declaratoria de servicio esencial facilitaría la búsqueda de presupuesto para garantizar un servicio permanente en la zona tanto de parte del INAMU como de otras instituciones del Estado que atienden la violencia contra la mujer.
“El Caribe Sur es una zona sensible y amerita un esfuerzo, también tenemos que contemplar que las demandas también podrían empezar en otras zonas del país por lo que hay que hacer una valoración para ver si los recursos nos alcanzan y avanzar con una reforma que está planteada desde diciembre en la Asamblea”, agregó Guerrero.
Ante desidia estatal, se agravan agresiones sexuales contra turistas en el Caribe Sur
Tras ataque grupal a turistas europeas, activistas denuncian que inacción institucional y revictimización provocó que se fueran del país sin interponer denuncia alguna, el OIJ afirma estar investigando el caso por retención ilegal, no por violencia sexual.
La diputada proponente, Nielsen Pérez, dijo que la declaratoria es una puerta para garantizar y fortalecer los servicios de atención y su operación alrededor del país en todas sus modalidades y que de forma paralela están preparando un proyecto de ley que buscaría presupuesto, pero esa propuesta “va a requerir un poco más de tiempo”.
Yolanda Bertozzi, activista feminista y residente del Caribe, dice que las mujeres sí han sentido mayor presencial policial y una respuesta más pronta de parte de las autoridades, pero lamenta que este servicio sea solo temporal.
“El primer caso de la danesa no tenemos noticia de cómo va la investigación, pero de los demás si hay avances importantes” agregó.
Según Bertozzi, el colectivo Unidas Talamanca tiene actualmente una demanda “muy básica” para las autoridades: que se declare un estado de emergencia en el Caribe Sur que obliga al Estado a atender de forma permanente y constante a las mujeres de la zona.
Actualmente el INAMU atiende dos días a la semana con personal de la Regional de Limón y Bertozzi dice el apoyo ha beneficiado a las mujeres del Caribe, pero que es necesario que exista una oficina abierta todas las semanas y con guardia los fines de semana.
La abogada y activista feminista parte de Mujeres en Acción (MeA), Ana Elena Obando, también considera necesario capacitar a las autoridades que atienden a las víctimas de violencia sexual “para que respondan de forma legal y ética contra la plaga sistemática de la violencia sexual contra las mujeres”.
Obando, quien actualmente trabaja con la organización internacional Equality Now, argumenta que las polémicas guías del Instituto Costarricense de Turismo son la prueba del sexismo y la misoginia con el que las instituciones del Estado aún abordan esta problemática.
“El Ministerio de Seguridad Pública debe capacitar a la policía de zonas costeras urgentemente con la seriedad que amerita este tipo de delitos sexuales y no con prejuicios y mitos discriminatorios contra las víctimas de los mismos” agregó, e insistió en que la capacitación debe instruirlos a que la culpa debe caer en los agresores y no sobre las víctimas.
Mientras tanto, en el plenario los proponentes del expediente 22.860 buscan dispensar de todo trámite al proyecto para que se apruebe de forma expedita y rápida el primero de varios proyectos que el INAMU considera necesarios para garantizar un presupuesto que atienda las demandas de las mujeres que sufren violencia sexual.
