La inacción en Aduanas provoca una baja recaudación de impuestos correspondientes a cánones y licencias de las mercancías importadas, reveló un estudio de la Contraloría General de la República (CGR), que giró instrucciones a la Dirección de Aduanas para corregir una serie de fallas en el registro y control de los precios y los importadores.
La auditoría se realizó en el marco de la actual discusión fiscal, para evaluar el cumplimiento de la normativa aduanera que regula la determinación del valor aduanero en importaciones, específicamente en el tratamiento de los cánones o derechos de licencia en el periodo de 2013 a 2017.
Los cánones o derechos de licencia corresponden al pago de una regalía producto del uso y explotación de marcas (nombres comerciales) que forman parte del valor aduanero de las mercancías sobre el cual se debe realizar el pago de impuestos, que no se están cobrando como se debe, según el estudio.
En Costa Rica los impuestos asociados al valor aduanero vienen mostrando una tendencia hacia la desaceleración en la recaudación, ya que pasaron de una tasa del 10% en junio de 2016 a 0,6% en diciembre de 2017.
Esto ocurre en el país pese a que mundialmente la cantidad de marcas registradas ha venido en claro aumento al pasar de 4,6 millones en 2004 a 9,8 millones en 2017, y el comercio mundial crece a su vez impulsado por los ingresos atribuibles al capital intangible como el que está asociado a las marcas y licencias.
Más aun, la auditoría de la CGR determinó que en el periodo 2013-2017 solo un 0,1% de las declaraciones aduaneras relacionadas con la importación definitiva de mercancías declararon canon en dicho periodo, sobre el que se calcula el impuesto por ese concepto.
Dos empresas declararon el 88% del total del canon. El 89% de los importadores declararon un monto total de canon menor a $1.000, y el 46% lo hicieron por un monto menor a $100.
En el periodo analizado fue baja la cantidad de estudios de control realizados por la Dirección General de Aduanas (DGA) relacionados con cánones y cobro del impuesto. Los estudios de control posterior fueron en promedio dos por año, y en el 2015 no se realizó ninguno sobre ese tema.
Los montos recaudados fueron también llamativamente bajos: de cero o menores al 50%.
Así, por ejemplo, en el año 2016 Aduanas solo recuperó ₡113,3 millones (9%) de un total determinado que debió cobrarse de ₡1.283 millones. Una pérdida para el fisco de ₡1.169,7 millones.
En el 2017 el valor determinado del impuesto de canon se cifró en ₡210,8 millones y la recuperación fue cero.
El descontrol descrito la CGR lo relaciona con el hecho de que en Aduanas no se tiene definido el universo de empresas, sectores económicos, mercancías y operaciones aduaneras sujetas a cánones y derechos de licencia.
No existe tampoco una base de datos actualizada y dinámica sobre las operaciones aduaneras por mercancía y por empresa que permita realizar una comprobación de los valores de precios unitarios de forma consistente entre mercancías idénticas o similares.
Además, las bases de datos de precios de mercancías están incompletas y desactualizadas -en algunas variables el 75% de la información está ausente- y no se logra establecer criterios para determinar la razonabilidad del valor declarado de forma confiable.
Por añadidura, no se realizan estudios de inteligencia comercial de empresas, mercancías y operaciones relacionadas con cánones y derechos de licencia. Todo esto representa un debilitamiento en la función de control inmediato desplegado por el Servicio Nacional de Aduanas asociado a este rubro, señaló entre otros elementos la CGR.
Señala, asimismo, que entre las distintas direcciones de la Dirección General de Aduanas la coordinación no es lo suficientemente fuerte y oportuna, y es baja o mínima en cuanto a los requerimientos de un proceso de valoración aduanera asociada a cánones y derechos de licencia.
Como resultado, no solo la recaudación de impuestos por dicho concepto es baja, sino que también no hay una sensación de riesgo en las empresas en cuanto a su obligación de realizar una declaración completa de valor de cánones.
El órgano contralor critica que 24 años después de suscrito el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), de la Organización Mundial del Comercio (que norma lo relativo al cálculo y cobro de estos tributos), el escenario actual en el que está conformado el control aduanero no configura los elementos necesarios para realizar de manera oportuna, sistemática y continua esa función.
INDICACIONES
Realizar un proceso de valoración de cánones y derechos de licencia pasa por configurar el control de una forma más eficiente por parte del Servicio Nacional de Aduanas. Es necesario mejorar la planificación y coordinación en la ejecución del proceso de valoración aduanera asociado a cánones y derechos de licencia, indicó la CGR, que giró instrucciones al director general de aduanas, Wilson Céspedes, para solventar las debilidades señaladas en el informe.
Las disposiciones de la CGR apuntan a que la DGA elabore lineamientos internos y externos que contemplen mecanismos que permitan establecer y mantener actualizados los registros de importadores habituales, listas de precios, catálogos de mercancías y operaciones relacionadas a cánones y derechos de licencia, entre otras medidas.
La Contraloría advierte que los recursos invertidos actualmente no aseguran que se recaude lo que debe ser, dado el nivel y configuración del control existente.
Contar con los recursos adecuados es una exigencia en una economía mundial en crecimiento, con mayor diversidad de empresas, mercancías, cadenas de producción y provisión, así como distribución, representación de marcas y comercialización en constante cambio.
El mayor reto de la aduana es establecer políticas, normas, criterios, indicadores y parámetros que sean ágiles para el importador y que le permitan realizar de forma plena su función de administración aduanera y tributaria, subraya la CGR.
El viceministro de Hacienda Nogui Acosta dijo que toman el informe como una llamada de atención, que son correctos los señalamientos que hace y van a cumplir las recomendaciones de la Contraloría.
Uno de los puntos fundamentales en este asunto es que el precio de la mercadería no es únicamente lo que viene en la factura, sino que también hay una serie de elementos adicionales como los royalties, el canon que se paga y algún otro costo incorporado, que también es parte del valor, “y eso no se está gestionando de manera adecuada”, apuntó Acosta.
“La evasión fiscal aduanal” fue el tema de un foro realizado el pasado 26 de junio en la sala de expresidentes de la Asamblea Legislativa, donde se habló de fallas en el control y de corrupción en las aduanas que dejan grandes pérdidas al fisco en momentos en que en el parlamento se debate un aumento de impuestos para combatir el creciente déficit fiscal.
Entre los participantes del foro –auspiciado por el diputado social cristiano Pedro Muñoz– estuvieron el viceministro Acosta, el director general de Aduanas Wilson Céspedes y el director de la Policía de Control Fiscal, quienes se comprometieron a implementar una serie de medidas para mejorar el control fiscal aduanero.
Muñoz aseguró que el foro buscaba canalizar la indignación y la frustración de la ciudadanía ante la continuada evasión fiscal (que solo en aduanas se estima en más del 2% del Producto Interno Bruto (PIB)).
El legislador prometió mantener la discusión del tema y dijo que enviará al Gobierno denuncias y sugerencias que le están llegando para hacer cambios en el sistema de aduanas. Además pretende implementar una auditoría ciudadana que vigile el cumplimiento de los compromisos que anunciaron los funcionarios participantes en el foro.
Evasión
Según un estudio divulgado por el Ministerio de Hacienda en el 2016, en Costa Rica el incumplimiento tributario alcanza alrededor de ₡2 billones (millones de millones), equivalentes a 8,2% del PIB, mayor que el déficit fiscal.
El incumplimiento tributario incluye tanto evasión de impuestos (cuando se transgrede la ley) como elusión (cuando se utilizan portillos legales para evitar el pago).
Una investigación realizada por la Dirección de Aduanas ese mismo año reveló que más de ₡53.000 millones en impuestos se habrían dejado de pagar por parte de 335 importadores que no declararon los cánones y derechos de licencia, en un solo periodo fiscal de un año. Esta suma equivale a 123.000 salarios base (₡431.000 c/u).
