Para el primer semestre de 2024, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) había ejecutado más de ₡6.632 millones de recursos públicos en las llamadas “becas 21 bis”, para que sus estudiantes se capaciten en centros, institutos y universidades privadas —y unos cuantos públicos— según datos suministrados por las unidades regionales. Y para todo el año se tiene previsto ejecutar ₡13.339 millones en total.
Esto es parte del proceso de tercerización que se ha intensificado en la institución en los últimos seis años. En lugar de ampliar cursos, habilitar más plazas docentes y corregir las deficiencias en infraestructura tecnológica que enfrenta la institución —según sus propios diagnósticos— el INA está inmerso en la lógica privatizadora que busca convertirlo prácticamente en una agencia de contrataciones, según afirman personas entrevistadas por UNIVERSIDAD.
Durante el gobierno de Carlos Alvarado se impulsó y se aprobó una ley que reformó la ley orgánica de la institución e incluyó el artículo 21 bis, que establece que cuando el INA no tenga la capacidad de brindar la atención a una persona para un determinado servicio de capacitación y formación, podrá otorgar becas a los estudiantes para que estos cubran el costo de dichos servicios en centros públicos o privados. Esto es lo que se conoce como “becas 21 bis” (Ver línea de tiempo).
De acuerdo con datos provistos por el INA a este medio, hay 36 centros, institutos y universidades privadas con oferta acreditada y aval técnico que pueden recibir personas becadas por el INA, pero solo ocho están recibiendo estudiantes en este momento: Grupo Meguz Occidente S.A, Comercializadora Estrella de Oriente E.O. Sociedad Civil, Consultora de Idiomas Touch S.A, Idioma Internacional S.A., Fundación para la sostenibilidad y la equidad, Edutech de Centroamérica S.A., Universidad Fundepos Alma Mater S.A. y Frankfort Academy S.A.
“Desmantelar y privatizar”
Para la diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro, esto es una forma de desfinanciar al INA y “un modelo para privatizar”. Trabajadores y trabajadoras del INA y su fracción han denunciado que lo único que se busca con esto es “desmantelar el INA y utilizar el presupuesto que es para educación pública, de una forma velada, para educación privada”.
“Estafan al Estado quitándole fondos que son para educación pública porque los orientan a educación privada y, hasta cierto punto, es una estafa porque el título aparece con el sello INA, a pesar de que no ha sido dado por el INA. El sello INA ha sido un signo de calidad en la educación técnica de nuestro país y ahora cualquier centro privado da estos cursos”, criticó la legisladora.
“Lo que están haciendo es dejando de cumplir con sus funciones para que haya una justificación para contratar a terceros. Incluso se están contratando centros para dar cursos que siempre ha dado el INA, como es el caso del inglés, que están contratando fuera simplemente porque no quieren habilitar los centros y la planilla que hay para dar inglés”, afirmó.
Según Alfaro, “realmente no hay una justificación para decir que el INA no pueda darlo a un menor costo institucional”.
El Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina) también ha manifestado que “es crucial investigar la identidad de los propietarios de estas empresas, su relación con otras entidades y los estándares de calidad que ofrecen”.
“Las becas 21 bis representan un cambio fundamental en la filosofía institucional, ya que promueven la tercerización de servicios educativos esenciales, trasladando fondos públicos a entidades privadas o públicas a través de la concesión de becas y minando, así, la función central del INA”, recalcó Sitraina en un comunicado.
INA explica acreditación
Ante consulta de UNIVERSIDAD, el INA aseguró que los centros en los cuales las personas estudiantes pueden utilizar su beca 21 bis “deben someter en primera instancia el curso o programa a un proceso de acreditación, así como a una evaluación rigurosa de naturaleza curricular para analizar si cuenta con un sello que garantice su calidad”.
Después de la acreditación, debe recibir un aval técnico que consiste en verificar que el servicio acreditado esté definido dentro de las áreas prioritarias que el INA ha definido y que el costo de formación del instituto externo “no debe ni puede superar el monto que define el INA como tope”.
Todo esto se rige según el Reglamento para la Acreditación de Servicios y Aval Técnico del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Según el INA, también fiscalizan los servicios acreditados mediante seguimientos, verificaciones de los incumplimientos detectados en el proceso de fiscalización, cambios en las condiciones y aquellas que dicte la Unidad de Acreditación.
Disminuye personal técnico docente
De acuerdo con Ricardo Jara, funcionario del INA y exsecretario general del Sitraina, el otorgamiento de becas 21 bis ha ocasionado un desmejoramiento de las condiciones laborales de las personas docentes, en relación con los equipos de seguridad, abastecimiento de materiales de formación y adquisición de equipos; y un desmejoramiento de la calidad de la capacitación de los estudiantes.
Jara detalló la disminución de personal técnico docente. Las plazas docentes pasaron de 2.022 en 2018 a 1.250 en la actualidad. Según Jara, a muchos los han puesto a ejecutar funciones administrativas y otros se han pensionado y las plazas no han sido reactivadas.
Según expuso, al menos 400 docentes no están ejerciendo las funciones establecidas en su contrato o no tienen carga lectiva al 100 por ciento. “Esto da una verdadera razón justificante para proceder con la tercerización de servicios”, señaló.
Jara explicó que las becas se han usado para recortar presupuesto a lo interno, como se ejemplifica en denuncias de los mismos docentes, por ejemplo, que han tenido que comprar materiales de sus salarios; que cuando solicitan a la administración comprar un material les dicen que no hay presupuesto; que han tenido que enviar a los estudiantes a la casa por falta de materiales; y que han tenido que cerrar capacitaciones a media ejecución porque no hay equipo de seguridad para el estudiante.
“A mí me da mucha lástima. El INA prácticamente es un desierto, la sede central es un desierto. La matrícula en lo técnico es lo que está desapareciendo. Lo único que van a dejar son carreras donde se puede brindar capacitación virtual”, indicó.
Presupuesto de ₡134.001 millones
Un ejemplo es el caso de la especialidad de maquinaria pesada. Así lo expuso un informe de visita realizada el 22 de setiembre de 2022 por la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep)-INA, para ver la situación real que viven los docentes y alumnos de dicha especialidad.
El informe señala que hay muchas personas que no pueden entrar a formarse a esta especialidad por cuestiones administrativas del INA, por lo que se debe de realizar un estudio de oferta y demanda. También denuncia: “No puede ser que iniciado un curso, el mismo se tenga que suspender o cambiar la currícula por cuanto no se tiene materiales didácticos para realizar el mismo”. Y pone como ejemplos los cursos de Electricidad de la Maquinaria y el Vehículo Pesado y el de Circuitos Eléctricos.
Según el informe, los docentes tienen que suspender lecciones por algunas horas o minutos porque tienen que ir a comprar ellos mismos el combustible para realizar el trabajo de formación y llevarlo en pichingas o en vehículos no aptos para el trasiego.
“Tienen equipo y motores del año 1970 y 1980 y con eso es que los alumnos están haciendo
las prácticas; es decir, obsoletos completamente”, resaltó Tyronne Esna en el informe, que muestra fotografías de paredes agrietadas.
Lo anterior llama la atención cuando el presupuesto total del INA para 2024 asciende a ₡134.001 millones, de los cuales ₡94.283 millones se destinan a capacitación y formación, según precisa el documento Propuesta de reorganización administrativa.
Los recursos del INA provienen del 1,5% de las planillas de patronos de los sectores industria, comercio y servicios, cuando empleen a, por lo menos, cinco trabajadores; del 0,50% de las planillas de patronos del sector agropecuario, siempre que empleen más de 10 trabajadores de forma permanente; del 1,5% de planillas de instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado; y de venta de productos y prestación de servicios del INA.
Demanda no atendida: 100.217 personas
Jara explicó que esto obedece a una mala administración que quiere que la institución sea una generadora de becas. “De continuar así, en poco tiempo se estará cerrando la fuente de educación técnica gratuita que requiere la población más necesitada del país”, declaró.
Lo anterior se comprueba en el documento Propuesta de reorganización administrativa. Allí se plantea que las personas docentes señalan como necesidades: la infraestructura, Internet y recursos tecnológicos; que no están recibiendo los recursos didácticos; que falta capacitación docente que se ajuste a las necesidades; problemas en el uso de páginas web como herramienta educativa, ya que no se puede acceder a YouTube; falta de comunicación en la institución; y desigualdad en las condiciones laborales entre centros de formación. El documento revela que la demanda no atendida identificada por las Unidades Regionales del INA es de 100.217 personas.
No obstante, la recomendación de la Unidad de Servicio al Usuario es que se fortalezca el
personal administrativo y de apoyo para la atención de las “Becas del INA” y de educación dual, con orientadores laborales, trabajo social, psicólogos y asistentes administrativos. En este apartado se alega que se requieren 95 plazas, pero no de docentes, sino solo para tramitar becas 21 bis.
“Consideramos que la situación del INA debe de cambiar de inmediato, ya que, en medio de la situación del país en relación con la delincuencia juvenil, se debe de realizar un proyecto para incorporar a los jóvenes a los talleres y aulas”, enfatizó Jara.
Quieren que INA cree “empresas didácticas” con sector privado
El pasado 12 de agosto se presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de “Ley para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Aprendizaje, reforma parcial de la ley 6868, ley orgánica del INA de 1983 y sus reformas” (Expediente 24.501).
Fue presentado por los diputados Óscar Izquierdo Sandí (PLN), María Marta Carballo Arce (PUSC), José Pablo Sibaja (NR), Pilar Cisneros (Gobierno) y Luis Diego Vargas (PLP) y está firmado por 36 diputados más.
La iniciativa reforma la Ley Orgánica del INA para que uno de sus fines sea “crear y apoyar empresas didácticas y centros de formación-producción”, en colaboración con entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. Estas entidades se considerarán “prestatarios de servicios económicos del Estado” si el INA posee al menos el 51% de las acciones, ya sea directamente o junto con otra entidad pública nacional.
También autoriza al INA a subcontratar con terceros el equipamiento, los insumos y la infraestructura requerida para habilitar servicios de capacitación y formación cuando se determine una incapacidad para responder a la demanda oportunamente, “independientemente del monto a contratar” y siguiendo un procedimiento de licitación menor.
