Marzo parece un mes de otro año, de otro mundo. En la televisión, las autoridades transmiten mensajes de aislamiento social para el orden vigente de la pandemia.
En la supervivencia, un grupo de investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR) cuestiona cuánto urge invertir los papeles otrora normalizados.
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“Pareciera que hay un consenso mayor sobre que los costos múltiples, de largo plazo, de la crisis en materia económica que provoca el COVID-19, vamos todos a tener que aportar una parte”, asegura Francisco Robles, profesor de la UCR e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), firmante de una carta con los nombres de 100 empresarios que pertenecen al 0,002% de la población de Costa Rica que “recibe al menos 37 veces más ingresos que un millón de costarricenses”.
“El presidente había dicho que los costos económicos de la crisis se tienen que distribuir. Nosotros nunca hemos estado más de acuerdo con el presidente: se tienen que distribuir”, asegura Robles sobre las intenciones de la carta (que, en una semana, ha tenido tres reproducciones: en un mensaje de WhatsApp, un audio con la voz de la actriz Ana Istarú y, por último, una publicación colgada en Internet).
“En este sentido, nosotros estamos aportando una lista de personas cuyos ingresos económicos son suficientes y que podrían, junto con empleados públicos y del sector privado de altos ingresos, sumar recursos económicos para posibles salidas a las crisis que provoque el COVID-19”, amplió el investigador.
En la lista aparecen grandes empresas de la industria, alimentación y construcción, así como el comercio de maquinaria, automóviles, medios de comunicación, inversionistas en fondos de valores y banqueros.
Entre otros, aparecen marcas comerciales entrañables en Costa Rica: Carlos Federspiel (Universal), Gastón y Carlos Federico Monge (Importadora Monge), Gonzalo Chaves (Dos Pinos), Maurizio Musmanni (Roma Prince) o Andrés Pozuelo (Jack’s).
También enumeran familias como Giordano (Grupo Sur), Wasserstein (Laboratorios Stein) y Aizenman (Veinsa).
Hay banqueros como el BCT (Marco Tristán y Antonio Burgués), Bac Credomatic (Rodolfo Tabash) e Improsa (Marianela Ortuño), y canales de televisión como Repretel (Fernando Contreras) y Teletica (René Picado y Olga Cozza).
La lista también incluye a los tres empresarios costarricenses más millonarios de Centroamérica, mencionados como tales en una edición especial de la revista regional Forbes: Rodolfo Jiménez Borbón (Florida Ice and Farm y Grupo Nación), Carlos Cerdas (de la Constructora Meco) y Steve Aronson (fundador de la marca Britt).
La petición de crear un “fondo solidario” para la crisis viene acompañada de firmas de Gabriela Arguedas (profesora e investigadora de la UCR), Laura Astorga (cineasta), Ana Istarú (actriz y escritora, ganadora del premio Nacional de Teatro y de Literatura en dramaturgia), Anacristina Rossi (escritora, también laureada dos veces con el Premio Nacional de Literatura), Manuel Delgado (periodista, premio Nacional Joaquín García Monge), Nancy Piedra Guillén (socióloga y profesora de la UCR) y Juliana Martínez (investigadora del IIS, premio a la Investigadora de la UCR del 2018).
En ese grupo, Martínez ha insistido desde las primeras directrices sanitarias de marzo que la estabilidad de la población en aislamiento sanitario depende específicamente de si el Estado tiene dinero suficiente para cubrir las necesidades de los desempleados, los pobres y las poblaciones vulnerables de la pandemia.
¿Quién recomienda impuestos para la riqueza?
La idea de un impuesto solidario para los más ricos no es un proyecto meramente académico. Mientras los empresarios piden reducir el empleo y el gasto público, organismos internacionales hablan de recaudar más y direccionar hacia la emergencia sanitaria.
En una nota del 20 de abril, el equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a sus miembros que “aseguren sus ingresos y promuevan la solidaridad” con “tasas más altas del impuesto sobre la renta, impuestos sobre la propiedad, impuestos de patrimonio, quizás a través de un ‘recargo solidario’”.
A este llamado de redistribución también se unió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para señalar que los “pobres” y “vulnerables” son las víctimas más grandes.
“Uno de los temas centrales que vuelve a salir con fuerza es la enorme desigualdad que cruza a todos los países de América Latina y el Caribe”, afirmó en una transmisión la secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
Desde el 27 de marzo, el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional pedía al Gobierno incrementar “impuesto a las rentas de capital para aquellos casos
en los que las mismas no se vean afectadas por la actual situación” y aumentar en un 30% el impuesto de renta para las personas físicas que tengan encima de “¢22 millones de renta neta anual”.
La ministra de Planificación, líder de la mesa económica del Gobierno, dijo en una entrevista con UNIVERSIDAD que todas estas propuestas son valoradas.
“El presidente ha decidido escuchar a un conjunto de sectores, escuchar al sector de la economía social solidaria, escuchar también al sector empresarial, a UCCAEP, a sindicatos, al sector turismo, a la academia. Se ha dedicado a escuchar y, luego, recoger un conjunto de propuestas que, desde el Consejo económico, analizamos y emitimos observaciones”, aseguró la ministra Pilar Garrido.
Hasta ahora, no existe un diseño sobre cómo podría aplicarse un impuesto a la riqueza acumulada.
Un impuesto del 1%
El economista investigador del IIS Lorenzo Ramírez habla sobre un referente pequeño en el panorama de las grandes riquezas costarricenses que causaría un gran impacto en los bonos Proteger para las y los trabajadores afectados por este coronavirus.
Con un primer presupuesto, el Gobierno planeaba sostener por tres meses a “680.000” personas.
Ramírez prevé que “si le ponemos un impuesto al 1% del patrimonio de FIFCO, Grupo Nación y Grupo Britt, sería posible financiar alrededor de 76.000 ‘ayudas’ del Plan Proteger de ¢62.500”.
Ese mismo 1% en “el patrimonio del Ingenio Taboga, las empresas constructoras Holcim y Durman Esquivel” se convertiría en un total cercano a ¢5.000 millones de colones. Es decir, “cerca de 90.000 de estos bonos” parciales.
El 1% aplicado al sistema financiero, en el patrimonio de bancos privados y otras entidades o empresas de finanzas, Ramírez estima que obtendría cerca de “265.000 bonos de Proteger de ¢125.000”, que se entregan a los trabajadores que han perdido por completo sus ingresos, tras los cierres de sus puestos de trabajo y las reducciones en las jornadas laborales.
Desde sus cálculos, el investigador —igual que en la carta con los 100 empresarios— se refiere a la responsabilidad “ética” que tiene ese sector, que vio crecer sus riquezas con la protección de un país abundante en materias primas, recurso humano y, también, con un laxo régimen fiscal para sus utilidades.
Carta abierta
“Con fondos públicos, financiados por toda la población, Costa Rica les ha dado una fuerza laboral altamente educada y sana gracias a la educación pública y a la Caja; un clima de estabilidad social para ustedes y sus empresas, energía sostenible y estable; asesorías, promoción de sus exportaciones y atracción de inversiones; subsidios por miles de millones de dólares en exenciones fiscales, incentivos a las exportaciones, devoluciones de dinero, créditos a bajísimas tasas de interés, y acceso privilegiado a la banca pública (…). De nada servirá intentar salvar a la ‘primera clase’ si se hunde todo el barco: el país, ustedes y su futuro depende de que como sociedad contemos con dinero público para enfrentar las crisis y financiar la reconstrucción post COVID-19”.
