Ante los llamados de atención por una gestión deficiente del espectro que tardó meses en reaccionar, las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) aseguran que en pocas semanas concretarán una nueva dinámica, que se venía elaborando pero se concretará con productos específicos, como un Plan Nacional de Atribución de Frecuencias acorde con los tiempos, la revisión de los impuestos de radiodifusión, la licitación para los servicios de quinta generación (5G) y un Plan Nacional de Telecomunicaciones, en el que se impulsará la competitividad como elemento prioritario.
“No puedo hacerme responsable por lo que los anteriores jerarcas no asumieron, pero sí por la presente administración, a partir de que asumimos” indicó el viceministro de Telecomunicaciones, Orlando Vega, sobre los duros reclamos que hizo la Contraloría General de la República sobre la gestión del espectro radioeléctrico por parte de la rectoría de Telecomunicaciones del MICITT.
En el informe DFOE-CIU-IF-0008-2022, el ente contralor indicó que las acciones desplegadas por esa rectoría no permiten garantizar que el espectro, activo estratégico para el desarrollo, se gestione en forma eficiente. Incluso detectó un promedio de casi cuatro años para reaccionar ante los reportes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
En algunos casos, como en las acciones concretas para los casos relacionados con las frecuencias estratégicas de 2.600 MHz y 3.500 MHz, claves para desarrollar la tecnología móvil de 5G, los promedios se elevaron a más de ocho y cinco años, respectivamente.
Se fiscalizaron acciones del 2016 a marzo del 2022, antes de la llegada de la actual administración, pero se exigieron acciones en plazos de uno a cinco meses para romper con esta herencia de una gestión deficiente. Vega aseguró que en todas las áreas están preparando las tareas asignadas, en las que impulsar la competitividad se perfila como un objetivo común en las diferentes respuestas.
El 5G, a la espera
En este tema, el ente contralor fue exigente: pidió tres meses para certificar que se habían recuperado las frecuencias necesarias para licitar 5G, y cinco meses para certificar el arranque de las licitaciones públicas para brindar esos servicios.
Vega resaltó que el Gobierno ya logró un acuerdo para la devolución de las frecuencias de 3.400 MHz a 3.500 MHz y de 3.600 MHz a 3.625 MHz, pero el panorama es más complicado con las de 2.600 MHz. “Específicamente, se está desarrollando un órgano del debido proceso para definir el presunto uso ineficiente de esa banda, pero el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en esto” manifestó.
El viceministro admite que hay un conflicto, porque la SUTEL exigió la recuperación de las frecuencias de 2.600 MHz para que la licitación fuera significativa. “Recuerde que hay un conjunto de espectro en bandas bajas y altas que ya está disponible, y si uno revisa cómo se ha desarrollado en otros países el 5G, se ha implementado en 3.500 MHz, no necesariamente en 2.600 MHz, pero nosotros somos respetuosos del criterio de la SUTEL”, dijo.
Empero, indicó que confía en que el órgano del debido proceso pueda resolver el caso antes del plazo dado por la Contraloría, pero de nuevo recordó que el Poder Ejecutivo no puede influir en esta área.
Frecuencias e impuestos
Con respecto al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), Vega destacó que se entregó el cronograma de la actualización a la Contraloría y que incluso desde el 23 de noviembre se realiza la consulta pública de la actualización. “Se trata de armonizar el PNAF, según las recomendaciones a partir de las cumbres mundiales en la materia. Trabajamos en una propuesta conjunta con SUTEL desde hace meses, y esto nos ratificó que íbamos en el sendero correcto”, dijo.
¿Implica esto que se revisarán las concesiones del espectro, y si los usuarios privados hacen un uso ineficiente, como ha sido con los procesos sonados con el ICE y RACSA? Vega indicó que no entrarán en esta sintonía. “Esto es como se delimita la cancha de cuáles son las frecuencias que se pueden utilizar, pero no entramos a analizar quiénes son los concesionarios”, explicó.
¿Descarta eso una revisión del espectro? Vega recordó que para el 2024 vencerán varias atribuciones de frecuencias, pero enfatizó que se trata de procesos aparte. “Para eso se barajan los diferentes escenarios del Poder Ejecutivo, y estamos realizando contactos con SUTEL, pero apenas lo estamos analizando”, dijo.
Otro de los grandes temas olvidados es la actualización de los impuestos para la radiodifusión, para lo cual se les asignó un plazo de cuatro meses. En esta materia, Vega indicó que ya realizaron tres reuniones con autoridades de Hacienda, pero evita referirse a un posible plazo para su conclusión.
También indicó que todavía no pueden referirse a los aspectos que podría incluir esta actualización. “Solicitamos a los especialistas en materia tributaria que nos establezcan los parámetros y los elementos que se pueden considerar al actualizar estos impuestos. Se trata de materia muy técnica”.
Adicionalmente, también se encuentra en su fase final la aprobación del Plan Nacional de Telecomunicaciones (ver recuadro), con lo que Vega confía se logre configurar una nueva dinámica, en la que se sustituyan las gestiones de meses, por un modelo en el que el desarrollo tecnológico del país esté impulsado por la competitividad: armonizar el modelo interno con las prácticas internacionales con el PNAF, modernizar el esquema tributario, agilizar las acciones para la gestión del espectro. Vega afirmó que en los próximos meses se verán resultados con productos y acciones.
Plan de Telecomunicaciones: piso parejo para la infraestructura
El Plan Nacional para el Desarrollo de las Comunicaciones que está en la fase final de revisión, en la mesa del presidente Rodrigo Chaves, debería permitir que se armonice el desarrollo de infraestructura para telecomunicaciones en el país.
Así lo indicó el viceministro de Telecomunicaciones, Orlando Vega, quien explicó que uno de los elementos importantes que se deben resolver para mejorar la competitividad del país tiene que ver con el limbo en diversas partes con la infraestructura para telecomunicaciones.
“Algunas municipalidades aplican un reglamento, otras tienen otro y algunas no aplican ninguno. La idea es poner el piso parejo para todos”, dijo Vega, en el sentido de que junto con la ley 10.216 se trabaja en una armonización de los reglamentos. “Esta parte de la competencia es un elemento muy necesario, lo han identificado operadores, pero también es inquietud en comunidades, porque algunas nos indican que tienen problemas de conectividad, pero si se llama un operador, hay casos donde dicen: “no se puede poner infraestructura”, porque no hay reglas claras”, manifestó.
Además de la armonización de normativa en temas de infraestructura, Vega mencionó que el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones enfatizará en dotar de servicios a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, para lo cual se continuará con el programa de comunidades conectadas, ampliándolo a tres distritos y una continuación de la meta para los 100 mil subsidios de internet a la vivienda, para poblaciones en condición de vulnerabilidad.