Los ingresos totales del Estado crecieron un 12,4% al cierre de junio del 2022 (un 8,0% del Producto Interno Bruto, PIB) gracias, sobre todo, a que las entradas por impuestos aumentaron en 12,2% con respecto a junio del 2021 (6,9% del PIB).
Esta mayor recaudación 一equivalente a 0,1 puntos porcentuales (p.p.) del PIB一, a su vez, se debe a un alza mayor por concepto del Impuesto sobre la Renta (17,7%) en especial del que pagan las personas jurídicas por sus ingresos y utilidades.
Así lo reporta el más reciente Informe Mensual de Coyuntura Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el cual corresponde a setiembre del año en curso, pero que presenta cifras hasta el mes de junio pasado.
En segundo lugar, el aumento interanual en los ingresos públicos se debió a las ventas internas (9,9%), es decir, a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Pero, en contraste, se registró una caída en otros ingresos tributarios, como el impuesto único a los combustibles.
Como informamos con anterioridad, al cierre del primer semestre del 2022 continuó la mejora de las finanzas públicas iniciada con la entrada en vigor de la reforma fiscal del 2018, la cual modificó el Impuesto sobre la Renta para hacerlo más progresivo, creó el IVA e introdujo la regla fiscal para evitar el abuso en el gasto, con el fin de lograr un equilibrio en la relación entre la deuda pública y el PIB.
Como resultado de lo anterior, según las cifras oficiales del informe del BCCR, el superávit primario aumentó a 1,3% del PIB, mientras que el déficit financiero bajó a 1,0% del PIB, pues en junio del 2021 esas cifras fueron 0,4% y 1,9%, respectivamente.
El banco resaltó que, a pesar de la desaceleración de la actividad económica local de los últimos meses debido a la guerra rusa contra Ucrania y al incremento de la inflación, la continuidad del mejoramiento de las finanzas del Estado también se debe a la reducción del gasto primario, es decir, del gasto total menos intereses, debido a la aplicación de la regla fiscal.
Sin embargo, también recuerda que los buenos efectos quedan muy relativizados porque continúa el aumento en el pago de los intereses de la deuda pública, que ya alcanzó un 2,3% del PIB (equivalente a ₡1,0 billón).
El rubro de intereses creció un 10,5%, equivalente a un 2,3% del PIB. En junio del año pasado este incremento había sido de 2,1% del PIB. Del total pagado en intereses por la deuda pública, el 86,1% correspondió a la deuda interna y su monto fue equivalente al 2% del PIB.
En cuanto a los egresos públicos, el gasto primario continuó bajando 一alcanzó 0,5%一, cuando en el 2020 registró 0,7% del PIB, principalmente, como resultado de los límites impuestos a los gastos corrientes primarios. Así, las remuneraciones solo crecieron un 0,2% en contraste con el 5,7% que alcanzaron a junio del 2021 y el gasto de capital se restringió en 13,6%.
Por otro lado, el déficit del BCCR fue de 0,03% del PIB, inferior al de junio del año pasado, mientras el resto del sector público no financiero reducido 一CCSS, ICE, CNP, RECOPE, JPS y AyA一, acumuló un superávit equivalente a 0,5% del PIB (1,0% en 2021). Dado lo anterior, el déficit financiero del sector público global reducido se ubicó en 0,6% del PIB, cuando el año pasado fue de 1,0% del PIB (ver el gráfico).
A pesar de la mejora en el balance de las finanzas públicas, los problemas estructurales del Estado todavía llevan a que el Gobierno Central se financie excesivamente con endeudamiento externo (1,3% del PIB) y mediante la colocación de bonos de deuda interna en el sector privado (1,2% del PIB). En consecuencia, la razón de la deuda pública con respecto al PIB aumentó en 0,8 p.p. y llegó al 69,0% en junio del año que corre.
Coincidiendo con el Gobierno, en su informe el BCCR celebra que el resultado primario “superó la meta evaluativa acordada con el Fondo Monetario Internacional para el cierre a junio 2022”. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre las cifras actualizadas de las finanzas públicas 一Hacienda aún no tiene los datos finales de los ingresos por aduanas, debido a las consecuencias del hackeo del que fue objetivo en febrero一 y de su perspectiva, debido a que la actual administración ha dado varias señales de relajación del gasto cuando la relación de la deuda al PIB continúa alta.
La primera de esas señales fue el aumento salarial al gabinete, que la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, calcula que incrementará el gasto en ₡1.500 millones para el 2023. Pero la señal política implicada en este aumento parece haber desatado una ola de demandas de pago de aumentos salariales, incluso retroactivos hasta el 2020, como en el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), cuyo impacto económico para las finanzas públicas todavía no ha sido calculado.
A esto se suman otras acciones del Ejecutivo como la reinterpretación de la regla fiscal efectuada mediante un decreto y la eliminación de otras normas de contención del gasto cuyo impacto económico en el balance final tampoco se conoce.
Lo anterior ha irritado los ánimos de los partidos no oficialistas representados en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, para autorizar una nueva emisión de bonos de la deuda pública en moneda extranjera 一los famosos “eurobonos”一 para reemplazar “deuda cara por deuda barata”.
Es en este contexto que ya se encuentra en curso la revisión del cumplimiento del acuerdo pactado por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un nuevo desembolso de los US$1.778 millones, que permitan estabilizar las finanzas públicas a menor costo.
Según indicó extraoficialmente una fuente cercana al Gobierno, este espera mostrar al FMI un cumplimiento de objetivos incluso superior al registrado hasta junio del presente año y ante esto la entrega de una nueva partida de fondos por parte del organismo estaría garantizada. Sin embargo, esa fuente también consideró probable que el FMI advierta al Gobierno sobre las debilidades estructurales que todavía precarizan a las finanzas del país.
