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Impuesto de renta a cooperativas quedó oficialmente fuera del plan fiscal, diputados prometen un proyecto ‘complementario’

Los diputados rechazaron una moción para gravar a las cooperativas con el impuesto sobre la renta en el plan fiscal, pero prometieron trabajar inmediatamente en un proyecto complementario y específico para las organizaciones más grandes.

Los diputados dejaron oficialmente fuera del plan fiscal la posibilidad gravar a las cooperativas con la misma escala del Impuesto Sobre la Renta que se utilizará para las pequeñas y medianas empresas (pymes), tras rechazar una moción de la diputada socialcristiana María Inés Solís, que era la última opción para reintegrar el impuesto en el plan fiscal.

Por el contrario, los jefes de fracción de Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA), junto con los diputados Otto Roberto Vargas del Republicano Social Cristiano (PRSC) y el independiente Erick Rodríguez, anunciaron que trabajarán un proyecto complementario; con el objetivo de aprobar el impuesto, pero a través de una “escala progresiva” que garantice que la imposición única para grandes cooperativas.

Dicha iniciativa, se comprometieron, será dispensada de todo trámite y se votaría  de forma inmediata y posterior al proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Para alcanzar ese acuerdo, los diputados de dichas fracciones se reunieron por más de media hora antes de votar la moción de la diputada Solís, la cual terminó rechazada con el único apoyo del propio partido de la congresista, la Unidad Social Cristiana (PUSC).

La moción para reintegrar el impuesto incluso fue votada en contra por la fracción oficialista del PAC, a pesar de que la ministra de Hacienda Rocío Aguilar fue la primera en proponer el impuesto en un viejo texto sustitutivo y recientemente avaló reintegrarlo en este mismo proyecto.

 La intención de la moción era cobrar a las cooperativas entre un 5% y un 20% del impuesto sobre la renta en relación con la magnitud de sus utilidades; partiendo de un 5% para aquellas con ganancias de hasta ¢5 millones, un 10% para aquellas con utilidades de hasta ¢7,5 millones, un 15% para aquellas de hasta ¢10 millones y un 20% a partir de ese monto.

Esta iniciativa habría tenido un rendimiento de ¢12.000 millones anuales, según las estimaciones de Hacienda; sin embargo, ahora ya no podrá aplicarse.

Ante el rechazo de su moción, la diputada Solís cuestionó “la creatividad” de las fracciones que idearon el nuevo acuerdo, pues dejaron la exención en “un proyecto que quiere que todos nos soquemos la faja menos las grandes cooperativas”.

Agregó que también “redoblará sus esfuerzos” para presentar un proyecto aparte, pues “el lobby que hicieron (las cooperativas) pesó más en la Asamblea Legislativa” y demostró  la representación de sus intereses.

No obstante, sobre el acuerdo entre las demás fracciones, la oficialista Laura Guido manifestó que simplemente suscribieron que “están de acuerdo en gravar a las grandes cooperativas”, pero su preocupación era que si bien la intención era gravar a las únicamente a las grandes entidades, eso no se alcanzaba con la norma.

Así mismo, Guido recordó que en el artículo 3 del Impuesto sobre la Renta ya exoneraba a las cooperativas y la moción de Solís no eliminaba ese inciso, motivo por el que incluso aprobando el texto no habría tenido mayores efectos.”Además, tampoco se modifica la Ley de Cooperativas que establece una no sujeción del impuesto sobre la renta”, puntualizó.

Discusión añeja

Desde este martes en horas de la tarde, la diputada Guido adelantó el criterio de la bancada de Gobierno y señaló que, si bien “hay mucho que resolver en el mundo cooperativo”, no consideraba que la moción era la vía adecuada para hacerlo.

“En el ánimo de gravar a las grandes cooperativas podemos coincidir con la diputada Solís, pero el mecanismo de la moción propuesta tiene implicaciones sobre las pequeñas y no cuenta con medidas que se adapten a la realidad del sistema cooperativo”, apuntó.

Destacó que las cooperativas pagan cargas parafiscales y mantienen reservas de hasta un 25,5% de sus utilidades: 2% a Conacoop, 2,5% al Cenecoop 2,5%, 10% en reservas legales, 5% reservas educativas y 6% en reservas de bienestar social.

Según Guido, esas obligaciones no se tomaron en cuenta en el proyecto y podían resultar en una sobre imposición a las cooperativas, especialmente de las que reparten dividendos menores.

Estos argumentos, sin embargo, fueron cuestionados por la socialcristiana Solís, quien apuntó que la gran mayoría de las cargas señaladas por Guido se dirigen al mismo régimen, sin mayores repercusiones para la Hacienda pública, por lo que no tenía sentido evitar que pagaran las cargas fiscales.

Finalmente, prevaleció el criterio de la diputada del PAC, que era compartido por la mayoría del Congreso y ahora desembocará en una reforma complementaria.

La principal queja de los diputados era que la moción no establecía un mínimo exento, algo que Hacienda igualmente critica por cuestiones de trazabilidad (control de compras y ventas para evitar la evasión).

No obstante, el jefe de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, subrayó que «no podían aceptar que se cargara más a las pequeñas organizaciones».

Más antecedentes

El impuesto de renta a las cooperativas —como lo planteaba la diputada del PUSC— lo introdujo Hacienda en el primer texto sustitutivo que presentó la nueva administración, el cual fue rechazado en la comisión fiscal por el PLN, el FA y RN. Sin embargo, después de negociaciones para conseguir la aprobación de un segundo texto sustitutivo, la norma desapareció de la redacción.

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Sobre ese movimiento, la diputada de Liberación Nacional, Yorleny León, reconoció que en su momento que su bancada había condicionado su apoyo al plan fiscal a que el Gobierno atendiera al sector cooperativo, algo que también habrían hecho con otros gremios productivos que el Gobierno no había tomado en cuenta.

En esas negociaciones, sumadas al intenso lobby cooperativo en el Congreso, habría surgido el acuerdo entre Hacienda y las organizaciones para eliminar el gravamen; para lo que compensaron aumentando a un 10% la carga de renta sobre los excedentes que giran dichas organizaciones a sus asociados y a un 15% las deducciones sobre los rendimientos de los títulos valores; ambas empezando en un 7%, subiendo un punto cada año.

Desde ese momento, la única vía para restablecer el impuesto fue la moción de Solís; sin embargo, el acuerdo entre el Gobierno y las cooperativas ya estaba en firme y la fracción del PLN se comprometió a respetarlo, según confirmó la diputada León.

El sector cooperativo además contaba con el apoyo de otras fracciones importantes como Restauración Nacional (RN), bancada cuyo diputado Jonathan Prendas había advertido que “todas (las cooperativas) tiene una razón de existencia, una rentabilidad y público diferentes”, por lo que no debía aplicarse una “tabla rasa” para todas y cada una de ellas.

“Lo que podríamos estar pensando es en un sistema más escalonado donde haya organizaciones muy muy grandes a las que sí podríamos pensar en colocar un impuesto, pero la inmensa mayoría no es el caso”, había manifestado en su momento.

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