El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) alistó casi 8.000 kilómetros cuadrados del país —una dimensión cercana a dos veces el cantón de San Carlos, más Bagaces— para traspasarlos hacia dos tipos de privados: una titulación gratuita para “organizaciones sin fines de lucro con fines sociales específicos para la atención de la pobreza” y otra con costo indefinido para las “personas físicas o jurídicas (…) que tengan como destino el desarrollo de actividades comerciales”.
Esta redacción, entre otras omisiones del IMAS, frenaron el avance del proyecto en la Comisión de Derechos Humanos, el pasado 10 de noviembre.
“No nos explicaban qué iban a hacer con estos terrenos de miles de metros cuadrados”, afirmó la liberacionista Paola Valladares en entrevista, una de las diputadas que archivó el expediente y habló en contra de la iniciativa, después de estudiarlo en subcomisión.
“Lo íbamos a enterrar hace más de un año. El proyecto duró 15 meses y hace un año estuvimos en eso. El ministro (Juan Luis) Bermúdez se me acercó en aquella oportunidad, (dijo) que esto era una oportunidad para ayudar. Siempre fuimos claros en que había que modificar el texto, buscando que se diera de conformidad con el ordenamiento jurídico”, explicó la liberacionista Paola Valladares, una de las diputadas que archivó el expediente y habló en contra de la iniciativa, después de estudiarlo en subcomisión.
“En mis manos no hay pruebas, pero no es sencillamente por tener un gran corazón. Me parece que hay un gran negocio”, diputada Paola Valladares
Valladares tramitó, por cuenta propia, el desglose de las fincas por provincia. El IMAS envió un documento en el que enumeraba 1.076 fincas en todo el país, “bienes patrimoniales” del IMAS, según dijo el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez.
“Identificamos terrenos de 400.000 metros cuadrados o de 600.000 y dijimos: ‘Aquí algo no está bien”, aseguró Valladares.
“No se puede hacer algo, que es lo que están pidiendo, que llevemos los 30.000 expedientes de la finca La Carpio ahí. Hay asentamientos informales muy dinámicos”, argumentó en entrevista el ministro Bermúdez sobre los traspasos.
Los traspasos de fincas públicas reciben autorización de la Asamblea Legislativa y, usualmente, las instancias piden el permiso por proyecto. Por esta razón, diputados opositores al Gobierno llamaron el expediente un “cheque en blanco”.
“Esto hubiese sido un cheque en blanco para cualquiera. Hubiera sido totalmente inconstitucional porque la Constitución dice que cualquier tipo de donación que provenga del Gobierno tiene que pasar por la Asamblea Legislativa”, afirmó el independiente Dragos Dolanescu a UNIVERSIDAD.
De acuerdo con Bermúdez, el IMAS estableció un mecanismo de “comprobación posesoria” del terreno, es decir, los privados tenían que comprobar un convenio con la institución para el uso de ese terreno. No obstante, esa cláusula fue ofrecida hasta octubre, en una modificación firmada por la oficialista Nielsen Pérez (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos). A este borrador, Pérez lo llama el “más acabado” porque, desde mayo, IMAS tramitó otros dos.
Ninguno llegó a votarse dentro de la Comisión, pero solo el último establecía la cláusula para comprobar su ocupación en el terreno. Es decir, bajo la presión del abandono legislativo, el IMAS intentó cambiar sustancialmente su propio plan.
“Estas limitaciones fueron planteadas para mayores controles, la idea era someterlas a consulta pero eso, como ya lo indiqué, no fue posible. El proyecto fue archivado sin poder avanzar en la discusión de mejoras. La propuesta ahora es poder recoger todas, ese avance y lecciones aprendidas para presentar un nuevo proyecto de ley”, explicó Pérez en un mensaje de texto.
Traspasos a privados eran “tercer objetivo” dice el IMAS
Para reunir 8.000 kilómetros cuadrados en el expediente 21.548, el IMAS tenía como propósito beneficiar “otro tipo de organizaciones públicas o privadas que persigan objetivos comunes o complementarios a los que pretende el IMAS”, según trasciende de la exposición de los motivos del proyecto.
El ministro y presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, aseguró que “el expediente no era solo eso” y enumeró otros dos fines: acelerar las titulaciones “sin tener que contratar más gente” en la institución, y realizar traspasos sin pasar por la Asamblea Legislativa a otras instituciones estatales como “escuelas y Ebais que no pueden generar mejoras al inmueble”.
“El tercer objetivo es que tenemos organizaciones de bienestar social, no son cualquier organización. Son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, a las cuales el Estado y, en este caso, el mismo IMAS le brinda ese carácter en razón de los fines de atención prioritaria”, explicó Bermúdez.
Sobre las personas con fines comerciales, Bermúdez dice que la redacción fue “concebida” para “aquellos casos para pequeñas familias que tienen su pequeña vivienda y su pequeña microempresa al lado”, dijo el ministro.
Pese a que el trámite del proyecto omitió involucrar al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), UNIVERSIDAD solicitó datos sobre el documento con las 1.076 fincas del IMAS, para prever la dimensión de asentamientos y ocupaciones informales. Vivienda afirmó que “no cuenta con dicha información en este momento”.
“No sé. Como son los diputados que llaman a consultas… Nosotros lo conversamos, lo presentó el IMAS y lo conocimos antes de ser presentado”, dijo la ministra de Vivienda, Irene Campos, sobre su ausencia del proyecto.
“En la última reunión intentaron involucrar a la ministra Irene Campos”, afirmó la diputada Paola Valladares. “De ahí en fuera, el Ministerio de Vivienda nunca fue parte. Fue un proyecto meramente del IMAS, quien tuvo la cabeza y estandarte, y llevaba la bandera, fue el ministro Bermúdez”, afirmó Valladares.
“Esto lo hicieron a través de alguna investigación, probablemente desde que el Presidente de la República estaba en el IMAS. Aquí hay mucha tela que cortar. En mis manos no hay pruebas, pero no es sencillamente por tener un gran corazón. Me parece que hay un gran negocio”, sostiene la liberacionista sobre el que asocia directamente con el “periodo electoral” venidero.
Finca más grande está en Limón
En la información que el IMAS entregó a Paola Valladares aparecen lista para titulación una finca de 929.024 metros cuadrados en el cantón de Limón, el Registro Nacional dice que su valor fiscal es de ¢13,6 millones. IMAS afirmó a Valladares que el terreno tiene como naturaleza “repasto, cacao y montaña”; por otro lado, el Registro dice que la finca está “inscrita en el Registro Inmobiliario”.
Como referencia del proyecto, el IMAS adjuntó al expediente 21.548 un único mapa en el que describe la distribución de las fincas con la concentración.
Limón, de hecho, es la segunda provincia con más propiedades del IMAS: 2.258 kilómetros cuadrados. Puntarenas tiene la mayor concentración con 2.386 kilómetros cuadrados.
