El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) es, por tercer año consecutivo, la institución más denunciada ante la Defensoría de los Habitantes con 5.253 denuncias, según su informe anual del 2021.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ocupa el segundo lugar, también por tercer año consecutivo, con 3.675 denuncias y el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro le sigue con 1.406.
Una de cada tres denuncias que recibe la Defensoría reclaman el Derecho a la Eficiencia en la Prestación de los Servicios Público: “Este tema no es nuevo, lo hemos indicado por años; y pese a ello, la gestión administrativa del sector público sigue incumpliendo”.
En el 2020, y de la mano de la pandemia, la cantidad de denuncias que recibió la Defensoría rompió el récord de los últimos 10 años con 34.925 denuncias y la cifra del 2021 se mantiene casi invariable con 34.161.
Las cifras de pobreza tampoco variaron de forma ‘significativa’ entre el 2020 y el 2021, lo que genera una mayor demanda de programas de asistencia social y principalmente de los programas de bienestar familiar y desarrollo educativo que brinda el Instituto Mixto de Ayuda Social, indica el informe.
La pobreza aumentó significativamente en el 2021 en la Región Huetar Norte (33%), Huetar Caribe (32%) y Brunca (34%), según la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Las primeras dos alcanzaron el año pasado los niveles de pobreza más altos de los últimos 10 años.
En el caso de la Región Brunca, es la que aumentó más de un año a otro, la de mayor nivel de pobreza total para el 2021 y la única con un aumento estadístico tanto en pobreza extrema como en pobreza total.
“En todas y cada una de estas regiones está por encima del promedio nacional del 18% para el año 2021, lo cual confirma la desigualdad geográfica advertida por la Defensoría en años anteriores” menciona el informe.
La presión de demanda de servicios y la atención de denuncias contra el IMAS se concentra en zonas vulnerables económicamente: el 43% de las denuncias se recibieron en la Regional de Puntarenas, seguido por la Regional Brunca con 22% de las denuncias contra esta institución.
“La incapacidad institucional del gobierno para atender esta demanda, tanto en lo que se refiere a la disponibilidad presupuestaria, como a la capacidad instalada para atender todas las solicitudes de beneficio económico, hace que se disparen las inconformidades en la prestación del servicio” indica el informe.
Según la Defensoría, las inconformidades se pueden dividir en dos fases: al solicitar una cita y en el seguimiento del proceso.
En la primera fase es común que las personas que llaman al IMAS para aplicar a ayudas sociales gasten todo su saldo del teléfono esperando ser atendidos o que realicen el gasto y se les indique que no hay cupo en la Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS) que le corresponde.
“Esto implica otro aspecto generador de exclusión, la posesión de un teléfono celular; lo cual, tratándose de población en pobreza y dado que la telefonía pública es prácticamente inexistente, impide que gran parte de esta población acceda al sistema anteriormente mencionado” denuncia la Defensoría.
Por otro lado, las personas que sí logran obtener una cita para presentar su solicitud denuncian falta de información, plazos excesivos o incertidumbre, cuando del todo no se les da un plazo de tiempo para obtener la resolución final.
El informe concluye que el Gobierno aborda la pobreza de forma asistencialista, con limitada atención a las diferencias entre regiones y con escasa visión a largo plazo, ya que pocas familias que reciben apoyo logran salir de su situación de pobreza.
La Defensoría recomienda un ‘cambio de paradigma’, ante los casi invariables niveles de pobreza antes de la llegada de la pandemia y a pesar de la inversión social, que pase del asistencialismo a la creación de condiciones que permitan el desarrollo de las familias en situación de pobreza.
Entre las recomendaciones para realizar este cambio están:
- Condicionar las ‘ayudas’ del IMAS a situaciones de pobreza de ‘núcleo duro’ que involucren, por ejemplo, a personas adultas mayores o con discapacidad
- Generar condiciones para la inserción efectiva de las mujeres jefas de hogar en la economía con la ampliación de la cobertura y financiamiento de la Red de Cuido
- Disminuir el costo de la vida con servicios públicos de calidad y con tarifas accesibles
- Incentivar la formalidad y el emprendedurismo de forma accesible, a bajo costo y sin exclusión
- Fortalecer las opciones de crédito para el emprendedurismo (Fideimas y Banca para el Desarrollo)
