La popularidad del presidente Carlos Alvarado se mantiene apenas a flote 100 días después de que su gobierno comenzara en las circunstancias más adversas que cualquiera de sus antecesores en este siglo, al menos.
La comparación de opiniones favorables y negativas sobre la gestión del presidente Alvarado arrojan un saldo neutro después de que llegara el gobierno con solo diez diputados oficialistas, un gabinete heterogéneo y una situación fiscal que casi ha monopolizado la agenda política en estos tres meses. Además sube la preocupación por la inseguridad y se registra el mayor pesimismo sobre la economía desde el 2013. En general el momento es de pesimismo.
Las opiniones sobre la gestión de Alvarado se recogen en la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), con 720 entrevistas realizadas por teléfono celular, al azar, entre el 13 y 16 de agosto. El margen de error es de 3,7 puntos.
Aunque la percepción sobre el trabajo del Gobierno en general es peor que el de la figura del mandatario, un 35,7% de los encuestados cree que el trabajo de Alvarado ha sido “malo” o “muy malo”, ante un 35,3% que cree es “bueno” o “muy bueno” y un 29% que lo considera regular.
Es decir, las instituciones de Gobierno tienen más críticas que aplausos, pero Alvarado sale “tablas” después de comenzar su gobierno cuesta arriba, lanzando mensajes duros de contención del gasto (impopulares ante un sector de la población) y de aumento de impuestos, igualmente impopulares ante las mayorías. El “plan fiscal” no se ha aprobado, pero ha sido su mayor prioridad en estos 100 días y para ello negocia con distintas bancadas legislativas.
El apoyo popular a Alvarado es muy inferior al que recibía hace cuatro años Luis Guillermo Solís (CIEP, 2014) y también menor que el de Laura Chinchilla (2010), Óscar Arias (2006) y Abel Pacheco (2002), medidos por encuestas de la empresa Unimer para el diario La Nación al cumplirse 100 días de sus respectivos gobiernos, aunque en circunstancias muy distintas.
Los grupos que más apoyan a Alvarado, o que menos lo repudian, son los mayores de 55 años, los que poseen estudios universitarios, residentes del Valle Central y seguidores del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC). Estas son las dos agrupaciones de donde vienen Alvarado y su ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.
El mandatario también tiene una mayor aceptación de personas para quienes la religión es poco importante en sus vidas. Este elemento es importante porque marcó en buena medida la campaña electoral junto a temas como el matrimonio igualitario y el aborto terapéutico, que también han estado presentes en estos tres meses del nuevo gobierno.
El trabajo que le aplauden al Gobierno es la gestión de emergencias climáticas (como la tormenta que golpeó el Caribe y la zona norte en julio). Las críticas, sin embargo, superan a los aplausos en las relaciones con sectores sociales (saldo de -12). Le siguen “relaciones con los diputados” (-18) y las gestiones ante la crisis política en Nicaragua (-24).
Peor sale la gestión del problema fiscal (-43) y sobre todo en el abordaje de la inseguridad (-59), el tema que en este momento más angustia a los costarricenses, según esta misma encuesta (el segundo es el desempleo y el tercero, la situación fiscal).
Gobierno con déficit de imagen
La percepción popular sobre la gestión del Gobierno, más allá de la figura de Alvarado, refleja números que poco cambian la tendencia que traía en los últimos meses bajo el mandato de Luis Guillermo Solís.
Un 28% de los encuestados opina que ha sido “bueno” o “muy bueno” el trabajo del Gobierno, mientras la suma de los “mal” y “muy mal” alcanza un 47%, casi la mitad de la muestra. Casi un cuarto de la población entrevistada lo ve “regular”.
Similares eran las valoraciones registradas sobre el Gobierno desde enero (en plena campaña electoral), según las mediciones periódicas del CIEP. Ya estaba en números rojos en los meses finales de Solís y ese déficit se mantiene casi intacto en este momento bajo el mando de Alvarado.
“Sí se debe destacar que el gobierno de Solís arrancó con un panorama positivo en julio de 2014 que se erosionó rápidamente, pero volvió a ser positivo en julio de 2017. El capital político de la elección en el caso de la administración Solís fue muy importante y se mantuvo los primeros meses. En el caso del actual gobierno no se traduce en apoyo a su gestión (…) y arranca con un capital político electoral erosionado.”, se lee en el informe de los investigadores del CIEP.
Carlos Alvarado no tuvo luna de miel popular. Arrancó tan débil tras su triunfo en segunda ronda que intentó atraer a figuras políticas de otros partidos, aunque eso no le ha generado músculo, señalan los expertos. Para peores, las finanzas públicas están cada vez más comprometidas y han aparecido millonarias cuentas por pagar que no estaban en el panorama.
Además, Alvarado convive con una Asamblea Legislativa dominada por dos bancadas opositoras, Liberación Nacional y Restauración Nacional, de partidos que viven sus propias crisis internas y vacíos de liderazgos claros. Es decir, no tiene Alvarado una figura opositora clara, una contraparte clara, más allá de que esta circunstancia le resulte conveniente o perjudicial.
Sin embargo, en términos de percepción popular la Asamblea Legislativa sí es un obstáculo para el trabajo del Gobierno, el mayor. Un 26% de los encuestados así lo señala, por encima de la corrupción (16%), las promesas imposibles de cumplir (14%) o la inexperiencia (13%).
Es más, solo el 7% de los entrevistados opina que la economía sea el principal obstáculo para que Alvarado cumpla sus promesas, casi igual que la crisis fiscal.
Tal vez no sea un obstáculo, pero sí una circunstancia del entorno, opina la mayoría.
Tres de cada cuatro encuestados tiene un criterio negativo sobre la situación económica del país y solo un 13% opina que está bien.
Esta es la peor valoración ciudadana que se registra desde 2013 sobre panorama económico, de acuerdo con los estudios del CIEP realizados desde ese momento.
La acumulación de opiniones desfavorables no se queda en el presente. Tampoco hay optimismo sobre lo que vendrá, pues la amplia mayoría reprueba el rumbo que lleva el país, según las consideraciones de cada uno. Seis de cada diez encuestado ve que Costa rica tiene un rumbo equivocado y solo dos lo aprueban, proporciones similares a las registradas a finales del gobierno de Laura Chinchilla y después de la “luna de miel” a principios de la administración Solís.
¿Recortar gastos o aumentar impuestos? Ambos, pero depende de quien conteste
La mayoría de la población acepta como necesario el incremento de impuestos para que el país salga de la crisis fiscal, aunque dos tercios de estos ven necesario acompañar esa medida con el recorte de gastos público.
Un 63% de la muestra de la encuesta CIEP-UCR hecha en agosto apoya la idea de cobrar impuestos “a los que más tienen”, aunque en ese grupo solo uno de cada tres lo considera suficiente.
A su vez, el 37% opina que es necesario recortar gastos antes de pensar en elevar a carga tributaria. Esto lo señala el estudio de opinión hecho en momentos de negociaciones políticas para un plan fiscal que permita al Gobierno estabilizar las finanzas en el corto plazo, ante un panorama desfavorable como no se había visto en casi cuatro décadas.
Quienes se inclinan por “recortar gastos antes que aprobar más impuestos” se reparten de manera similar entre las personas que dicen que el dinero no les alcanza, quienes reportan que les alcanza justo y quienes dicen tener capacidad de ahorro.
La opción de “cobrar más impuestos a los que más ganan” encuentra apoyo en el 22% de quienes reportan apuros económicos, en el 19% de los que tienen dinero para lo justo y solo 11% de quienes tienen capacidad de ahorro.
Mientras, la idea de que “ambas cosas son necesarias porque no alcanzan por separado” recibe el respaldo del 40% del primer grupo, 46% del segundo y 54% del que dice tener más dinero.
En relación con el voto, los más propensos al recorte de gasto público son quienes votaron en febrero por Antonio Álvarez Desanti y por Juan Diego Castro, Sergio Mena y Otto Guevara, aunque estos dos tuvieron un apoyo ínfimo en los comicios.
Quienes votaron por el ahora presidente Carlos Alvarado y por Rodolfo Piza (su actual ministro de la Presidencia) apoyan más la idea de recortar gastos y aumentar impuestos de manera simultánea.
Ante la pregunta sobre quién tiene la responsabilidad por la situación fiscal actual, el 52% señala al Gobierno, el 22% a los evasores de impuestos, un 20% a los diputados y 6% a los empleados públicos.
Más costarricense ven justificable el aborto terapéutico
“¿Cree usted que se justificaría la interrupción del embarazo; o sea, un aborto, cuando peligra la salud de la madre?”
Esta fue la pregunta que el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR hizo a 720 personas encuestadas al azar entre el 13 y el 16 de agosto, después de la polémica por la renuencia del gobierno de Carlos Alvarado a firmar un documento que daría a todas las mujeres acceso al aborto terapéutico permitido en la ley.
El resultado quizá resulte sorprendente: 54,6% de la muestra cree que sí se justifica un aborto cuando la madre compromete su salud, frente a un 45,4% que opina lo contrario.
Si se aplicara a ambas cifras el margen de error de esta encuesta (3,7%), se mantendría una leve ventaja a favor de quienes creen justificable el aborto terapéutico.
El presidente Carlos Alvarado también cree que se debe garantizar el acceso al aborto terapéutico, aunque no ha hecho nada para que se cumpla. De una firma suya depende que se pueda aplicar el artículo del Código Penal que lo permite y que en la actualidad queda a la libre conciencia de los médicos.
Alvarado ha dicho en estos tres meses y medio que hay otras prioridades y que él decidirá cuando es momento. También ha considerado como un error la manera como ha respondido cuando se le consulta por el tema, pero tampoco promete que dé pronto su firma.
Los encuestados que más se inclinan por considerar justificable el aborto terapéutico son los hombres (por poca diferencia) más jóvenes, residentes del Valle Central y quienes creen que la religión importa menos en sus vidas.
Es la primera vez que el CIEP pregunta sobre aborto terapéutico. En enero sí midió la opinión sobre aborto de embarazos causados por violaciones, con un rechazo mayoritario del 68% de la población (más acentuado en mujeres que en hombres).