Amnistía benefició a La Florida, Bancor Internacional y Productos Doña Merce

IFAM e Inder recibieron ¢37 mil millones menos de lo que reclamaban a empresas de bebidas

Empresas de licores y bebidas mantenían disputas en Contencioso Administrativo con las instituciones estatales, pero prefirieron pagar montos principales y evitarse las multas e intereses.

La amnistía tributaria, establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9635, interrumpió una serie de cobros que tenían en proceso el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) por concepto del pago de intereses del impuesto a los licores.

En el caso del Inder, previo a la aprobación de la Ley 9635, las gestiones administrativas o judiciales de aquellas empresas que podían acogerse a la amnistía tributaria según los términos de la ley ascendían a la suma de ¢60.387.986.515,55 (principal e intereses), las cuales a la fecha de vigencia de la normativa no habían adquirido firmeza en sede administrativa o judicial y correspondían a períodos desde 2002 a 2012.

En el IFAM, la suma requerida a las empresas era de ¢272.673.217,49 antes de la amnistía.

Al final, las empresas pagaron al Inder un total de ¢23.088.201.584,03 y ¢138.108.613,69 al IFAM, por lo que el monto que dejaron de percibir estas instituciones de su reclamo original fue de ¢37.434.349,535,33.

Las compañías que se acogieron a la amnistía tributaria con respecto a sus pendientes con el IFAM fueron Distribuidora La Florida S. A., Bancor Internacional S. A. y E.P. Productos Doña Merce S. A.

Por su parte, las empresas que mantenían montos en disputa con el Inder y decidieron acogerse a la amnistía fueron Productora La Florida, Santa Rasta, Fábrica 5 Amigos y Sociaco.

Años de disputa

Las empresas que se acogieron a este beneficio fiscal se mantenían en una disputa con las instituciones públicas, debido a una diferencia en la interpretación del monto a pagar en el impuesto y a que ya llevaban varios años en procesos legales.

Precisamente estas diferencias son producto de una variación entre el cálculo que hacen las empresas de los montos a pagar por este impuesto. Luego de pagarlo, el IFAM e Inder hacen sus propios cálculos y allí es donde se determina que hay un desfase entre lo pagado y lo que deberían cancelar.

Ambas entidades llevaron los cobros por las diferentes vías administrativas y judiciales, y al momento de la amnistía la mayoría se encontraba en procedimientos de contenciosos administrativos, aunque no se puede decir que se mantuvieran morosos, pues todavía faltaba que un tribunal diera su veredicto.

De acuerdo con Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del IFAM, esta institución tiene a su cargo administrar tributos por licor nacional, internacional e importados. Además, la ley establece que el cálculo debe hacerse sobre una base imponible, la cual es relativa.

“Por ejemplo, una botella de cerveza tiene un valor de ¢1.000 al público, entonces la empresa hace sus cálculos y paga sobre ¢600, pero en el IFAM hacemos nuestros respectivos cálculos y determinamos que deben pagar sobre una base de ¢800. De ahí vienen las diferencias y los dineros que se encontraban en disputa con las empresas”, explicó Guerrero.

Por su parte, Cristian Alpízar, director ejecutivo del IFAM, fue enfático en que una vez que se determina la base imponible se le aplica el porcentaje de impuesto, pero es necesario agregar o restar una serie de variantes, lo que genera la diferencia entre empresas y entidades.

Según explicó, la disputa se da en la manera de determinar esa base imponible, pues desde el IFAM incluyen todos los rubros (como costos de producción y utilidades). Sin embargo, las empresas consideran que ciertos rubros no deben incorporarse y al aplicar el impuesto la cifra es menor que la fijada por la administración tributaria.

“En muchas ocasiones los juzgados han dado la razón en contencioso al IFAM, en cuanto a la determinación de la base imponible. Desde nuestra perspectiva se trata de una diferencia tributaria pagada de menos a la administración tributaria. Es decir, pagaban cantidades menores de impuestos y al acogerse a la amnistía se les condonaban los intereses legales, pero no la deuda, la cual sí cancelaron”, argumentó Alpízar.

A través de su oficina de prensa, el Inder aclaró y coincidió con el IFAM en que el monto especificado por el Departamento Tributario de la entidad se determinó a partir de las gestiones internas propias, pero que no necesariamente son las que manejan las empresas que deben pagar los impuestos. Esa diferencia provoca que los casos sean elevados a instancias judiciales por parte de los contribuyentes.

“En los casos mencionados, uno de los cuales inició desde el 2002, se recurrió incluso por parte de las compañías, tanto a la Sala Constitucional en dos ocasiones, así como al Tribunal Contencioso Administrativo, lo que produjo que se extendiera por varios años algunos o varios de dichos procesos. Es decir, no se puede hablar de que los números que maneja el Inder fuesen definitivos puesto que estos debían ser dirimidos por los Tribunales de Justicia, incluso podría suceder que se determinaran a favor de las empresas, y que al Inder le tocara pagar las respectivas costas y perder los montos que habíamos calculado”, indicaron a través de la oficina de prensa.

Sin embargo, las empresas se acogieron a la amnistía, dejando de lado los procesos y aceptando el pago del principal calculado por la institución.

En este sentido, una de las empresas que más pagó durante este proceso de amnistía fue la Florida Ice & Farm Co. (Fifco), que para el IFAM canceló ¢16.041.395,46 por impuesto a la cerveza importada, sus intereses eran de ¢13.197.094,79, además del impuesto a la cerveza nacional, del cual pagó un principal de ¢91.097.296,26 y los intereses eran por ¢99.318.007,53. Para el Inder también se acogió a la amnistía, por lo cual le pagó ¢23.066.962.865.

Tras ser consultada, la directora de Relaciones Corporativas, Gisela Sánchez, señaló que Fifco es un contribuyente responsable y siempre ha pagado, mes a mes, todos sus impuestos a Hacienda y, desde luego, a Inder y al IFAM.

“Existían procesos legales que surgieron por diferencias de interpretación de la ley. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas creó un mecanismo legal para dar seguridad jurídica a ambas partes”, aclaró Sánchez.

Trazabilidad una vía de mayor precisión

Una propuesta que se gesta en la Asamblea Legislativa y que se encuentra a la espera de ser convocada por el Poder Ejecutivo podría traer una mayor precisión y transparencia, no solo para el cálculo de estos impuestos a los licores, sino para evitar el contrabando y una adecuada declaración del licor que se produce y vende en el país.

Se trata de la ley que daría trazabilidad a los licores, y que entre otras cosas establece la creación de un mecanismo tecnológico que permita a Hacienda dar seguimiento a cada botella de cerveza o de licor que se produce en el país, a dónde se despachó y en qué lugar se vende.

También permitiría atacar la informalidad, el comercio ilícito y el contrabando de bebidas alcohólicas; sobre todo después que unas 30 personas murieran el año pasado en el país por consumir licor adulterado con etanol.

Para Daniel Ulate, diputado del Partido Liberación Nacional e impulsor del proyecto Ley contra la adulteración, falsificación, imitación y contrabando de bebidas de contenido alcohólico Nº 20961, luego de aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas le quedó un tema pendiente, que tenía que ver con pelear contra la evasión, recuperar recursos para el Estado y sanear las finanzas públicas.

Ulate explicó que formularon un texto inicial y lo comenzaron a ver en la Comisión de Asuntos Económicos, pero inmediatamente se presentaron presiones, muchas de ellas —aseguró el diputado— de la misma industria, que se oponían a implementar la herramienta tecnológica que daba trazabilidad fiscal, y aducen dudas de costos.

“Actualmente lo que hacen es pegar una calcomanía en las botellas que indica número de lote y quién lo distribuye, pero no se es posible rastrear si ese producto pagó o no impuestos, si es original, no cuenta con características de seguridad. No es posible determinar la veracidad de los productos”, indicó el legislador.

Se trata de un mecanismo de trazabilidad fiscal, que le permite a la población costarricense estar segura de que el producto que está consumiendo es legal y seguro, y así evitar daños a la salud pública.

Precisamente, para informarse sobre la viabilidad de este tipo de tecnología —que según el diputado sería definida por el Ministerio de Hacienda—, pues existen muchas opciones en el mercado, se realizó un foro de Trazabilidad Fiscal para los productos propensos a adulteración y contrabando en el cual participó el experto internacional Michael Eads, asesor en comercio, aduanas, impuestos y gestión de fronteras de Estados Unidos.

En su exposición, Eads brindó datos de cómo los sistemas de trazabilidad en el mundo dan la capacidad de conocer si un producto es seguro y auténtico. “Los sistemas de trazabilidad son utilizados en aproximadamente 150 países. La mayoría son casos de éxito que se han logrado por medio del compromiso del Gobierno, la industria y el fomento de nuevas políticas para resguardar la salud y las finanzas”, dijo Michael Eads en su exposición.

Datos suministrados por el experto evidenciaron que existen países que han implementado este tipo de mecanismos, y en los primeros cuatro años de trazabilidad fiscal lograron recuperar hasta $50.000 millones que eran evadidos. Sobre el caso de Costa Rica, indicó que actualmente productos como el cigarro y bebidas con contenido alcohólico no brindan ninguna seguridad.

En este sentido, Jason Chaves, asesor de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias de Costa Rica explicó que como gremio han manifestado su total oposición al proyecto, pues consideran que las regulaciones deben enfocarse en atacar al sector informal y no a la industria establecida, que es vulnerable al comercio desleal.

Además, que la colocación de este tipo de mecanismos en todos los envases con contenido alcohólico generaría un elevado costo para la industria, con lo que se convertiría en un impuesto adicional para el sector formal que genera empleo y riqueza al país, o para el Gobierno, que deberá asumir los costoso de la implementación del dicho sistema.

“La experiencia internacional confirma que el costo de ejecutarlo es mayor en comparación con la recaudación tributaria. Asimismo, los mecanismos de trazabilidad fiscal no son la forma más efectiva de demostrar que un producto es genuino. Aunque pueden contener características de seguridad para proteger a los consumidores de licores falsos, los mecanismos en sí son a menudo fáciles de falsificar”, señaló Chaves.

Por su parte, Gisella Sánchez de Fifco aseguró que en varias ocasiones han manifestado su preocupación sobre el proyecto, pues el mecanismo que se promueve ha fallado en otros países, e incluso el que están implementando en la zona de Golfito para evitar el contrabando no ha generado ningún resultado.

“Nuestro país debe hacer un esfuerzo por atacar la causa raíz del contrabando, que afecta a nuestra sociedad, y también a empresas responsable como la nuestra. Por esto creemos que el enfoque debería estar en la aplicación efectiva de las leyes que han sido promovidas para detener el comercio ilícito. Todas y cada una de nuestras ventas son reportadas según las reglas que nos aplican y los impuestos que pagamos se ajustan a los lineamientos que indica la ley; adicionalmente cumplimos con todas las regulaciones como empresa pública que cotiza en bolsa”, argumentó Sánchez.

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