El proyecto de reforma constitucional para limitar la reelección de los magistrados, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 21.612, en lugar de tener el potencial de mejorar la justicia costarricense, tiene varios aspectos que representan una amenaza para la independencia del Poder Judicial, al aumentar la posibilidad de injerencia desde el poder político.
Esta fue la contundente sentencia de Evelyn Villareal, coordinadora del informe Estado de la Justicia, ante la comisión de diputados que tramita la propuesta de reformar el artículo 158 de la Constitución Política, impulsada por el entonces diputado Eric Rodríguez Steller, pero que ya pasó por la fase de lecturas y recibe comparecientes para su debate.
La propuesta pretende pasar del modelo actual, en el que se establece que los magistrados para la Corte Suprema de Justicia se eligen por ocho años, y se consideran reelegidos para un período similar, a menos que haya una votación de dos terceras partes de los diputados en contra, a un esquema en el que solo se puedan reelegir una vez, y con una votación de 38 legisladores.
«Aprobar este proyecto sería un error, tienen varias implicaciones negativas», explicó Villareal en la sesión de la comisión de reforma constitucional de este 13 de enero. La investigadora especificó que la propuesta debilitaría la independencia del Poder Judicial, y lo haría más vulnerable al poder político, tanto de los gobiernos de turno como del Poder Legislativo.
«Esta es una discusión que se dió en la Asamblea Constituyente de 1949, se valoró que la estabilidad de los jueces es un principio mayor, pero no que los jueces fueran vitalicios, por eso se decidió que si se podrían remover, pero que solo fuera por un consenso amplio de la Asamblea», explicó.
Villareal también indicó que la propuesta generaría una mayor politización en los nombramientos en el Poder Judicial, ya que podría usarse como premio o castigo para los jueces. «La independencia judicial es un principio republicano de la separación de poderes; no es un privilegio de un juez, es un derecho de la sociedad, que la ley se interprete sin presiones.
Citó que la propuesta iría en contra de convenciones internacionales sobre independencia judicial, que implican compromisos que el país asumió en escenarios como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y recordó que la condición de difícil remoción de los supremos jueces es un principio de democracias consolidadas, para aprovechar su experiencia y evitar presiones políticas. Mencionó países como España en los que los nombramientos de jueces son vitalicios, pero con un límite de edad para el retiro, o el mismo Estados Unidos, como nombramientos vitalicios y sin límites de edad.
Agregó otro elemento relevante: las justificaciones para la presentación del proyecto no se relacionan con la reforma planteada: se mencionan aspectos como los problemas en la administración de la justicia costarricense, pero resaltó que esos aspectos no se solucionarán al limitar la reelección de los magistrados.
«En los últimos 30 años, en promedio la Asamblea Legislativa vio 4 elecciones o reelecciones de magistrados. Solo la Asamblea Legislativa del pasado período, nombró 12 magistrados nuevos. Más de la mitad de la Corte se renovó, si hay una renovación» dijo.
Pulso político
En la comisión ya se evidencian las posiciones que se podrían presentar con el proyecto, que también pareció desempolvarse luego de que naufragaron los intentos de evitar las limitaciones para las reelecciones indefinidas de los alcaldes, luego de que la Sala Constitucional enterrara los últimos intentos de detener la ley 10.183.
El diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana, cuestionó que haya avances en la productividad del Poder Judicial.
En este aspecto enfrentó los argumentos de Jonathan Acuña, del Frente Amplio, quien le señaló que los problemas de gobernanza del Poder Judicial no se resolverían limitando la reelección de los magistrados.
Sin embargo, también Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional, también intervino en la dirección de que el actual sistema judicial no ofrece una justicia eficiente, y trató de socavar el argumento de la independencia, alegando que si se trata de analizar el tema de la independencia a partir de esa permanencia, todos los puestos deberían ser vitalicios.
Villareal aclaró en este punto que se trata de poderes diferentes, y que en otros poderes, la representación popular es la que hace necesaria la alternabilidad. También insistió en que los problemas de administración de la justicia no se resolverían con una limitación a la reelección de magistrados, sino resolviendo aspectos estructurales que precisamente el informe Estado de la Justicia ha señalado, como una Corte saturada de funciones administrativas. «Ustedes (los diputados) tienen en sus manos la posibilidad de quitarles funciones administrativas, de reformar leyes, pero no es haciendo a los magistrados más susceptibles a las presiones políticas que mejorará la justicia», indicó.
La polémica se mantuvo durante la segunda parte de la sesión de la comisión, también participó el presidente del Colegio de Abogados Álvaro Sánchez, quien se manifestó por la posibilidad de una elección por ocho años, con la posibilidad de una reelección, pero en la que el magistrado participe «en igualdad de condiciones» con otros candidatos.
