El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está realizando la inversión más elevada para renovar servicios de telefonía móvil de cuarta generación (4G) en la década, sin tener claridad de si podrá aprovechar esta infraestructura para el desarrollo de los servicios de quinta generación (5G).
El ICE anunció el 27 de junio que proveería servicios de 5G en el 2024, incluyendo en sus proveedores a la empresa Huawei, y el pasado 9 de noviembre divulgó el cartel para implementar esos servicios, estimando una inversión de $124 millones en los próximos tres años.
En medio de ambos anuncios, el Gobierno firmó el decreto 44196-MSP-MICITT, que se publicó en La Gaceta el 31 de agosto, en el que definió las medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones para 5G. Entre ellas, estableció la obligación de que los proveedores de estos servicios deberían ser empresas cuya sede estuviera en países que hubieran ratificado la Convención de Budapest, lo que deja por fuera las compañías de China y Corea, entre otros.
Esto representa una importante limitación para el ICE, ya que sus redes de 3G y 4G fueron desarrolladas con equipos y software de Huawei, en condiciones casi de exclusividad, como se aprecia en las licitaciones obtenidas por la empresa china, en la última década fueron por más de $60 millones, y solo en el 2023 superan los $30 millones, es decir, más de ₡16 mil millones. (ver nota aparte).
UNIVERSIDAD consultó al ICE sobre las situaciones derivadas con las compras a Huawei en este contexto, pero la respuesta fue general: “los temas están siendo revisados y analizados por los equipos técnicos y jurídicos del ICE”.
Empero, durante la presentación del cartel para 5G, el gerente de telecomunicaciones del ICE, Luis Diego Abarca, reconoció que estaban considerando el tema, porque la inversión de 4G con Huawei era muy importante y ambas redes se relacionan.
De hecho, un estudio del Centro Internacional de Política Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), Evaluación de impacto económico de la exclusión de proveedores de la red 5G, concluyó que este decreto 44196 podría implicar un aumento de un 40% en la inversión requerida para desarrollar servicios de 5G, en parte por las limitaciones para acceder a infraestructura que ya está construida.
El viceministro Hubert Vargas, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) indicó que este posible conflicto se analiza en esa cartera, pero afirmó que los efectos son diversos. “Puede haber escenarios donde un operador decide construir su red de 5G utilizando elementos existentes de su red 4G, pero también puede haber escenarios donde la red 5G se constituya independiente de redes 4G”. Empero, enfatizó que los operadores deberán cumplir lo establecido en el decreto 44196.
Vargas también indicó que, a la fecha, el MICITT no ha sido consultado por el ICE con respecto a los aspectos relacionados con el decreto. “Sin embargo, el MICITT está abierto a conversar y analizar con las partes interesadas las dudas que tengan sobre esta materia”, mencionó.
Es una línea que todavía no ha sido colgada. La empresa Huawei presentó el 28 de setiembre un recurso ante la Sala Constitucional, en el que alega que esta normativa atenta contra los derechos de libre competencia e igualdad de participación en los concursos públicos.
“Lo fundamental es garantizar la igualdad de derechos de participación en la competencia del mercado y respetar el principio de neutralidad tecnológica. El riesgo siempre ha sido que si permitimos que los factores políticos dominen las decisiones sobre una cuestión de tecnologías, no se obtendrán las mejores soluciones en términos de tecnologías y soluciones de mercado. En cambio, soportará más costos o hará que los consumidores paguen más por sus facturas de teléfono móvil”, expresó Michael Chenjipeng, director de Comunicación Corporativa de Huawei en América Latina.
Compras del ICE a Huawei en 2023 suman más de $30 millones, lo mismo que le contrató en toda una década
ANTTEC cuestiona procedimientos excepcionales para actualizar redes 3G y 4G enfocados a tecnología de empresa china, que se dan en el contexto de limitaciones por decreto de MICITT para contratar servicios de 5G con empresas de países que no ratificaron Convenio de Budapest.
