El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) paga ¢250 millones al mes por el edificio conocido como la Torre de Telecomunicaciones, ubicado en Sabana Sur y que se construyó mediante un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), el cual se encuentra actualmente desocupado.
Las autoridades del ICE desocuparon el edificio durante el periodo de pandemia, cuando el personal fue enviado a realizar teletrabajo. Al inicio de esta administración, el ICE intentó realizar una modificación al contrato para poder alquilar las oficinas al Ministerio de Educación Pública (MEP); sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) les indicó que este no se podía modificar porque el contrato nunca fue refrendado por el órgano contralor.
Esto fue denunciado desde el 29 de mayo pasado por la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (Anttec).
UNIVERSIDAD consultó al ICE al respecto y el gerente de servicios y recursos empresariales, Melvin Monge, confirmó que a la fecha se pagan cerca de ¢250 millones al mes sin retribución, “lo que acumula ¢9.000 millones por pago de un edificio sin uso”. Monge agregó que “se trabaja para llegar a un punto que defienda los intereses de la Institución y garantice el uso correcto de los fondos públicos”.
Edificio fue desocupado en pandemia
El contrato de Fideicomiso de Titularización Inmobiliaria ICE-BCR 20100000003 fue suscrito el 29 de enero de 2010 entre el ICE y el BCR para ubicar al personal de telecomunicaciones que trabajaba en instalaciones alquiladas.
Sin embargo, en el 2020, con la pandemia, el edificio fue desocupado porque la gran mayoría del personal del Gran Área Metropolitana (GAM) pasó a la modalidad de teletrabajo.
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Dos sindicatos denunciaron en días recientes que no es justo que el personal que realiza teletrabajo sea afectado por intromisiones políticas que quieren variar decisiones de orden técnico.
A inicios de esta administración, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que el MEP rescindiría los contratos de millonarios alquileres de locales y edificios.
Según reportaron diversos medios, el mandatario dijo que el MEP había estado pagando ¢3.000 millones al año en alquileres; pero que eso se acabaría. Se indicó que el personal del MEP se trasladaría a un edificio que pertenecía al ICE y que estaba vacío. Se trataba de la Torre de Telecomunicaciones.
No obstante, para dar un uso distinto al interés público que motivó el contrato de fideicomiso, debía realizarse una adenda, por lo que el 30 de agosto de 2022 las autoridades del ICE solicitaron a la CGR refrendar la adenda que pretendía subarrendar el edificio al MEP.
Contrato no fue refrendado
La CGR denegó la adenda que se pretendía hacer al contrato, explicando que el contrato -firmado en 2010- nunca había sido refrendado. El ICE entonces intentó refrendar el contrato en noviembre del año pasado. Pero el 23 de diciembre de 2022 la Contraloría denegó el refrendo del contrato y la adenda, según consta en el oficio DCA-3251.
La Contraloría explicó que para poder refrendar un contrato que ya está en ejecución, se deben cumplir tres requisitos: que el contrato esté vigente; que sea para garantizar el interés general o evitar daños al interés público; y que lo ejecutado previo al refrendo no compromete el cumplimiento del objeto contractual. Pero la CGR añadió que el ICE ha informado que el edificio como tal está en un proceso de “desinversión” y que hay un estudio que recomienda la venta del inmueble.
Por lo anterior, la CGR aclara que no puede refrendar el contrato, hasta que el ICE cumpla con una serie de etapas para atender el interés público: “llevar a cabo ese proceso de negociación con el Banco, que involucre la forma de disolución, los mecanismos de pago de las cuotas pendientes, los tiempos de ejecución, la capacidad del ICE para asumir estos pagos de manera adelantada, y muy importante, la previsión de venta futura que la institución llevará a cabo”.
Por su parte, Melvin Monge, del ICE, declaró que “la Administración del ICE realiza las valoraciones técnicas, financieras y jurídicas, en coordinación con los representantes del fiduciario, para llegar al acuerdo más conveniente para las partes”.
Con respecto a la decisión administrativa de desinversión y de poner en venta dicho edificio, Monge dijo que con el ingreso de la actual administración del ICE, “oportuna y diligentemente, se valoró la conveniencia de ampliar los estudios realizados que motivaron la posible desinversión del contrato fideicomiso”, para analizar posibles opciones.
“Se acatará lo dispuesto por la Contraloría General de la República”, enfatizó Monge.
Una “torpeza”
Sergio Olivares, secretario general de Anttec, indicó que “el tema más delicado es que la administración de Marco Acuña no ha generado ningún proyecto para darle solución al tema del edificio desocupado; la única alternativa que han tomado es devolver a la gente que está en teletrabajo a modalidad presencial, lo cual va en detrimento de los trabajadores, para justificar ese edificio”.
Mientras que Sergio Ortiz, presidente de la Asociación Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel), dijo que “el hecho de que no esté refrendado el contrato ya vislumbraba que las cosas no se estaban haciendo de la mejor manera para los intereses institucionales”.
Para Ortiz, de no ser por esa “torpeza”, ahorita se podría tomar la decisión de alquilar o vender el edificio y “evitar que se esté erogando esa cantidad de dinero mensualmente y que no se pueda corregir”. “Hay un error garrafal de la administración de ese entonces y debería aplicarse las responsabilidades que se deban aplicar a nivel de ley”, enfatizó.
La Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) señaló que si bien «el inmueble es un activo muy valioso para la institución», consideran que la administración «debería encontrar una utilización adecuada que justifique la gran cantidad de dinero que la institución paga mensualmente por el edificio, pero principalmente que permita una recuperación adecuada de la inversión que se realizó».
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