ICE pagó por la libre a empresa fundada por su directora jurídica

El ICE y la Contraloría General de la República se enfrascaron en una discusión que se extendió 16 meses. La discordia se

El ICE y la Contraloría General de la República se enfrascaron en una discusión que se extendió 16 meses. La discordia se centró en la necesidad de refrendar el contrato para el fideicomiso ICE-RANGE-BCR.

Durante dos años el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), se “gambeteó” los controles legales de la Contraloría y efectuó pagos por $250 mil a una empresa de consultoría fundada por su directora legal, Julieta Bejarano.

Entre 2012 y 2013, la empresa Consultores  en Infraestructura GIP Ltda. −fundada por la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano−  recibió pagos por administrar una unidad ejecutora de fideicomiso cuyo contrato no tenía refrendo de la Contraloría General de la República (CGR).

Consultores en Infraestructura GIP Ltda. es una empresa fundada en 2005 por la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, luego de acogerse al régimen de movilidad laboral del ICE, después de 32 años de trabajo.

En los últimos nueve años,  la firma recibió contratos del ICE para la administración de fideicomisos en desarrollos de  infraestructura eléctrica.

La jerarca del ICE alega que, el 7 de mayo del 2010, cedió sus acciones en GIP Ltda. y que, una semana después, fue recontratada como directora jurídica del Instituto.

En el caso de este fideicomiso, el ICE y el Banco de Costa Rica suscribieron un contrato en abril del 2012 para el desarrollo del Proyecto Red de Acceso de Nueva Generación (Range).

El fideicomiso es por ¢30 mil millones y tenía como objetivo la construcción de una red de fibra óptica. La oficina jurídica dirigida por Julieta Bejarano señaló en una nota enviada al jefe de la División de Banda Ancha, Iván Flores, que el contrato de GIP Ltda. no debía ser conocido por la CGR.

“Para efectos de validez y eficacia del contrato no se requiere el refrendo de la Contraloría y bastará con la suscripción de ambas partes”, concluye la nota firmada por Bejarano. El ICE se amparó en las potestades que le otorga la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones.

CRITERIOS OPUESTOS

La tesis de la dirección jurídica del ICE fue rebatida por la Contraloría General de la República (CGR) en junio de 2012, cuando la División de Contratación Administrativa emitió un criterio en donde  asegura que la firma de contratos de fideicomisos no está eximida del refrendo de la CGR.

Posteriormente, el Gerente General del ICE, Alejandro Soto, pidió que el caso fuera conocido por la contralora de la República, Marta Acosta, pero, en 2013, la CGR decidió declarar nulo el concurso de ofertas promovido por el fideicomiso, porque no había sido refrendado.

La diferencia de criterios entre su dirección jurídica y la Contraloría provocó que el ICE acudiera al Tribunal Contencioso Administrativo solicitando medidas cautelares a la resolución de la CGR.

LA RESPUESTA DEL TRIBUNAL FUE RECHAZAR LA PETICIÓN DEL ICE

El caso se resolvió en noviembre del 2013, cuando el Tribunal Contencioso homologó un acuerdo conciliatorio entre ambas partes y la Contraloría accedió a revisar el refrendo del fideicomiso ICE-RANGE-BCR.

Finalmente, el 26 de febrero pasado, el fideicomiso fue refrendado por la Contraloría. Pero en su resolución, específicamente, hizo la salvedad de que dicha validación tiene efectos futuros pero, “no se convalida en forma alguna lo ejecutado sin refrendo”.

Paralelamente a esto, el Banco de Costa Rica en su calidad de fiduciario solicitó en julio del 2012 al ICE aclarar la situación del fideicomiso y consultó si las actividades programadas para la ejecución del proyecto debían continuar o si, por el contrario,  esperar los resultados de las gestiones realizadas por el ICE ante la CGR.

Tres días después de dicha petición de información, el ICE en nota firmada por el Gerente de Telecomunicaciones, Claudio Bermúdez, estima que es necesario “no interrumpir la continuidad de la ejecución del fideicomiso suscrito”.

Ante una consulta de UNIVERSIDAD, el Banco de Costa Rica certificó que entre noviembre del 2012 y setiembre del 2013 giró un total de once pagos a la empresa GIP Ltda. Cada una de las facturas presentadas correspondía a la suma de $25 mil.

EN TOTAL A LA FIRMA DE CONSULTORES SE LE PAGARON $275 MIL .

Ahora, la Contraloría General de la República confirmó que el Área de Infraestructura de la División de Fiscalización investiga el caso. La periodista de dicha institución, Viviana Vargas, señaló que por estar abierta esta causa no podrían referirse al caso, ya que esto “podría comprometer la investigación que realiza dicha Unidad”.

Mientras que la Directora Jurídica del ICE, Julieta Bejarano, sostiene aún que el procedimiento no requería refrendo. UNIVERSIDAD solicitó conversar sobre el tema, pero Bejarano solamente remitió a la revisión de los documentos existentes sobre el tema, sin discutir el detalle del caso.

Por su parte, el presidente del ICE, Carlos Obregón, antes de asumir la presidencia del ICE formaba parte del Comité de Vigilancia de dicho fideicomiso, que tenían como objetivo darle seguimiento a la ejecución de los proyectos.

Desde noviembre del 2012, Obregón integró el comité junto a Jorge Sánchez y Rodolfo Silva. Dicha junta sesionaba mensualmente y por cada reunión recibían el pago de dietas que podrían ascender hasta los $255. Obregón renunció en abril de este año, aduciendo que las autoridades del nuevo Gobierno le han designado para ocupar la presidencia del ICE.

FIRMA “ICEÍSTA”

Consultores en Infraestructura GIP Ltda. nació en el seno del ICE. Fue fundada por extrabajadores de la institución, entre los que se encuentran los ingenieros José Miguel Mena, Marco Antonio Jara, Álvaro Barrantes, Edwin Molina y la abogada Julieta Bejarano.

La sociedad es constituida en la vivienda  de Bejarano en diciembre del 2005 y cada una de las partes acuerda aportar el 20% de las acciones. Hasta el 2004 Bejarano había sido directora legal del ICE, a esa fecha se acogió a la movilidad laboral.

La empresa asegura que nace para canalizar las inquietudes profesionales de cinco de sus fundadores, quienes al momento de fundar GIP, ya habían tenido bajo su responsabilidad la Unidad Ejecutora del fideicomiso de Titularización Proyecto Hidroeléctrico Peñas Blancas y fideicomiso P. H. Cariblanco.

El monto total de inversión de estos dos fideicomisos fue de $240 millones.

Posteriormente, entre 2005 y 2010, asumieron como Unidad Ejecutora de proyectos como el Hidroeléctrico Toro 3, Hidroeléctrica Canalete, Térmico Garabito. Por los primeros dos el ICE invirtió la suma de $540 millones, mientras que por el Térmico Garabito hasta ¢12.500 millones.

El ingeniero José Miguel Mena, fundador de GIP respondió a UNIVERSIDAD con relación al fideicomiso RANGE. Mena explicó que fueron contratados en setiembre del 2012 como Unidad Ejecutora de dicho fideicomiso y que fueron informados que el contrato no necesitaba el refrendo de la CGR.

“Tesis bajo la cual procedimos a realizar las funciones para las  que fuimos contratados”, concluyó Mena.

Un informe de la auditoría del ICE fechado en 2012, revela algunas inconsistencias presentadas en el proceso de adjudicación de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso P.H Toro 3.

La auditoría de la institución detectó que GIP fue contratada sin que antes existiera un procedimiento de contratación mediante un concurso. En este proceso fueron contratados luego de una instrucción de los fideicomitentes. Asimismo, las contrataciones se realizaron sin que se hiciera un análisis de la razonabilidad del precio contratado.


Carlos Obregón, presidente del ICE: “El conflicto es producto de la variación de criterio de la CGR”


Carlos Obregón, presidente del ICE: “Para mí hubo un cambio de criterio de la Contraloría”. (Foto: Katya Alvarado)

Empecemos en el 2005, cuando se conforma la empresa Gip Ltda…
-No tiene nada que ver con el fideicomiso Range…

Pero es necesario hacer el contexto, antes de hablar de Range…

-Entonces se lo voy a hacer más largo… La creación de los fideicomisos de infraestructura es obra del ICE, cuando estaba yo en la gerencia de electricidad y eso se debe fundamentalmente a que el ICE fue muy limitado para desarrollar proyectos.


¿Por su propia cuenta?

-En desarrollar proyectos por cuenta propia que era lo que había estado haciendo siempre. Para satisfacer la demanda de electricidad del país era necesario desarrollar proyectos y entonces empezaron con todo esto de que la inversión del ICE era un gasto y por lo tanto generaba un déficit en el Gobierno, entonces hubo que buscar esquemas alternativos para poder cumplir con las funciones del ICE y de ahí salieron los fideicomisos que nosotros estudiamos.

¿A partir de ese esquema de fideicomisos se concibe la empresa GIP Ltda?

-No, le sigo contando… Para desarrollar fideicomisos yo usé un grupo de profesionales, una vez planteado el primer fideicomiso entonces quien ofertó para ser el administrador fue el Banco Nacional de Costa Rica. Ese banco necesitaba conformar una unidad ejecutora, y, dada la experiencia que tenía el grupo que había trabajado acá planteando el esquema de fideicomisos, se les dio un permiso para que fueran a constituirse como funcionarios del banco. Entre esas personas estaba José Miguel Mena y Marco Antonio Jara, y dos más.

¿Un permiso bajo qué reglas?

-Un permiso sin goce de salario y los contrató el Banco Nacional. Así se desarrolló el fideicomiso de Peñas Blancas. Estando por cumplirse este, se estructuró el fideicomiso de Cariblanco y fue el mismo grupo trabajando como Unidad Ejecutora. Se estructura el fideicomiso y el mismo banco lo desarrolla trabajando con el mismo grupo. Gip Ltda. nace, no recuerdo en que año. ¿En qué año lo tiene usted?

En 2005.

-Se estructura y en un momento determinado le preguntan al ICE que si hay algún problema con esta conformación. Porque la empresa ofertó para hacer la estructuración del proyecto Toro 3, entonces hubo un concurso hecho por Jasec si no mal recuerdo, se escogió a Gip Ltda. Cuando el Banco vio que había aparecido mandó  una nota al ICE pidiendo un criterio sobre si había un conflicto. Lo que yo les dije en ese momento es que ellos no eran funcionarios del ICE.

¿Pero lo habían sido?

-Eso es diferente, no sé porque dice usted que habían sido funcionarios del ICE…

Porque habían trabajado para el ICE efectivamente. Si bien es cierto ya no lo eran,  mantuvieron una relación.

-Cuando la relación laboral se acaba, ellos pueden actuar en forma privada como gusten.

El ICE formó a estos funcionarios que posteriormente constituyeron una empresa privada que recibía contratos de la misma institución.

-Vamos por partes, usted se forma profesional aquí en el ICE, le debe a la institución esa formación y si luego se retira, ¿puede ejercer libremente o no puede?

Reitero: ¿Es conveniente que el ICE avale la contratación para la administración de fideicomisos de una empresa conformada por exfuncionarios de la institución, donde incluso formó parte la actual directora Jurídica, Julieta Bejarano?

-Vea, lo que hay que ver es si existe o no legalidad en las cosas.

¿También moralidad?

-También moralidad por supuesto. Pero el hecho de moralidad es muy interpretativo por parte de diferentes grupos o personas. Yo lo que quiero decirle a usted es que durante el transcurso de las cosas en las cuales yo le puedo dar fe, se crearon los fideicomisos como una herramienta para el desarrollo de proyectos.

Pasemos al fideicomiso Range. En el 2012, la exfundadora de esa firma y en ese momento Directora Jurídica del ICE, Julieta Bejarano sostiene que no es necesario el refrendo de la contraloría.

-En 2008 se aprueba la Ley 8660.

La ley de Fortalecimiento del ICE.

-Que da una serie de potestades al ICE, dentro de eso, hasta donde yo he entendido porque no soy abogado, a la institución se le liberó del refrendo. Entiendo yo que el refrendo era una legalidad ordinaria o sea que no era un asunto de carácter constitucional y por ende los fideicomisos no debían refrendarse. Bajo este contexto se firmó el fideicomiso de Range en 2012. Posterior a esto, el Banco de Desarrollo Interamericano y el IFCC le consultan a la Contraloría si era necesario este refrendo.

¿Por qué estas instituciones hacen la consulta?

-Esto fue a raíz del financiamiento del proyecto Reventazón. Una parte del financiamiento de ese proyecto es mediante un fideicomiso; como ellos iban a entrar en ese fideicomiso dijeron que a pesar de lo establecido en la ley 8660 hicieron la consulta a la Contraloría, ahí es donde se pronuncia que sí es necesario. El ICE hizo una solicitud de reconsideración que fue rechazada, por lo que se eleva a la Contralora, que dice que es un tema que debe ser resuelto por la administración. El fideicomiso ya estaba constituido, firmado y ya se habían hecho actividades, que estaban legales.

¿Usted incluso formó parte del comité de vigilancia?

-En un determinado momento el Banco de Costa Rica conforma el comité de vigilancia, que es una instancia que existe en todas estas empresas, al cual se le dan atribuciones según el contrato, pero básicamente es vigilar la buena ejecución de las responsabilidades que le dieron al fideicomiso.

La CGR refrenda el contrato hasta el 2014 y en esa resolución dice que los contratos sin refrendo no pueden ejecutarse porque se ven imposibilitados a surtir efectos.

-Eso tiene que preguntárselo usted a los abogados, yo no puedo decirle eso. Lo que yo le puedo decir es que se constituyó un fideicomiso que, dentro de sus órganos tiene un comité de vigilancia, y que fue lo que sucedió, que la administración hizo una adjudicación a la empresa Huawei, entonces la empresa Lucent Technologies de Costa Rica presentó una solicitud de revisión ante el fideicomiso.

¿Hubo fideicomisos que operaron sin refrendo?

-Las leyes han ido variando conforme los años. Para el primer fideicomiso se había determinado que no era necesario el refrendo, sin embargo se envió a la CGR; ahí le explicamos a ellos la figura del fideicomiso pero al final la misma Contraloría indicó que era responsabilidad del ICE. Habría que ver el contexto legal que prevalece en cada uno de los momentos. Para mí la ley de fortalecimiento estableció un marco jurídico que permite la ejecución de fideicomisos sin necesidad de refrendo. De ahí sale la firma de Range.

Para la Contraloría  sí era necesario un refrendo…

-En ese momento no.

Cuando fue consultada sí.

-Espérese un momento es que usted quiere insistir en cosas y yo quiero dejarle puesto cómo es el asunto.

El fideicomiso se constituye a inicios de 2012 y ya para julio se pronuncia la CGR.

-Pero después, antes había habido un pronunciamiento del ente contralor.

¿Sobre Range?

-No sobre Range, sobre la necesidad de refrendo.

Pero sobre Range argumenta que sí necesitaba. ¿Hay una interpretación difusa de la CGR?

-Para mí hubo un cambio de criterio de la Contraloría. En el ínterin se constituye Range con el criterio de ese momento. Posteriormente y a raíz de otra cosa se solicita criterio de la CGR y ahí es donde establece ese nuevo criterio, pero ya había actividad, ya se había iniciado un proceso que no tenía un refrendo porque tenía una normativa legal que le respaldaba. Pudo haber una conciliación y todo, pero en el fondo sigue existiendo una diferencia de criterios.

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