Entre 1989 y 2021 el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pagó a los generadores privados de electricidad $3.141.316.480 (aproximadamente ¢1.9 billones) como parte de los contratos firmados desde que inició la compra de energía a estas empresas y cooperativas.
La institución ha realizado este millonario desembolso por compras de electricidad a generadores privados a lo largo de 32 años, a pesar de tener la capacidad de producirla a un menor precio, según lo establecido por la Ley 7.200 (Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela). Esto le ha significado un aumento en sus gastos y pagos en sobreprecios, como ha denunciado la Contraloría General de la República (CGR).
Sin embargo, el sector de generadores privados de energía ha criticado que el ICE es el culpable de los cierres de plantas generadoras de electricidad, ante lo cual las autoridades de la institución afirmaron que “es incorrecto sugerir que el instituto busca afectar la generación privada de energía”.
A fines de mayo la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) informó que habían cerrado cinco plantas de generación privada desde finales de 2020. En un comunicado de prensa anunció el cierre más reciente, que fue el de la planta hidroeléctrica Río Segundo, ubicada en Bajos del Toro, Alajuela, por la finalización del contrato firmado con la empresa Toro Energía S.A.
Acope destacó que estos cierres se deben a que el ICE decidió no renovar los contratos con estas empresas para comprarles su producción y que la entidad tomó esta decisión “de manera unilateral e inconsulta”.
Según declaraciones del presidente de la planta de Río Segundo, Eduardo Kooper, incluidas en dicho comunicado, el cierre de la planta es indefinido. “Si el ICE no nos aceptó nuestra energía a $0.02/kWh, no nos deja exportarla, y prefiere importar a países vecinos pagando más de $0.06/kWh, solo puedo concluir que el ICE hoy evidentemente no defiende los intereses nacionales, ni los del consumidor costarricense, y eso va en total desacato a la ley que lo creó”.
UNIVERSIDAD intentó entrevistar a Eduardo Kooper, dueño de las plantas Poas I y II, y Río Segundo, pero no devolvió la llamada de este medio.
Aún hay 26 contratos de compra vigentes
El ICE negó que buscara afectar la generación privada de energía y destacó que hay 26 contratos de compra vigentes. La institución reiteró que solo suscribirá nuevos contratos de compra de energía con generadores privados si el país necesita esa electricidad y si los estudios técnicos correspondientes lo justifican (ver nota aparte).
La institución ha explicado que, amparado en las mismas leyes 7200 y 7508 (ley que reformó la 7200 en 1995), el ICE no está obligado a comprar los excedentes que tengan estos productores y que no tiene obligación de renovar ni de concretar nuevos contratos.
Sobre las notas publicadas en medios de comunicación y el comunicado de Acope, sobre la planta Río Segundo II, el ICE aclaró que “ha cumplido a cabalidad con todos los contratos firmados con los generadores privados de electricidad”.
Señaló que la compra de energía a los propietarios de esa planta empezó en 1998 y se extendió hasta 2021, mediante varias renovaciones, y que durante ese periodo les pagó $6,5 millones por la compra de energía, según los contratos. Además, les pagó $13,14 millones por la compra de energía producida en la Planta Hidroeléctrica Poás I y II entre 1997 y 2020. En total, el ICE les pagó a estos propietarios $19,64 millones a lo largo de 24 años.
ICE pagó $23,8 millones de más en compras de energía a privados
César López, asesor sindical de la Asociación Sindical de Empleados industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice), aclaró que “el ICE no tiene la culpa de buscar evitar sobre costos que encarecen la generación”.
Asimismo, un informe de la Contraloría publicado en 2019 (DFOE-AE-IF-00009-2019) determinó que la Aresep no aplicó correctamente las metodologías de ajuste tarifario para los contratos renovados de compra de energía a generadores privados entre 2017 y 2019; ni para las tarifas de referencia para plantas hidroeléctricas nuevas entre 2016 y 2018; ni para plantas eólicas nuevas entre 2015 y 2018. La CGR estimó que las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados a mayo de 2019 era de $23,8 millones solo entre 2017 y 2019.
“Con estos antecedentes es lógico que el ICE busque evitar ese tipo de sobre costos, ya que tiene la capacidad de producir esa energía por cuenta propia a un menor precio”, dijo López, quien opinó que el ICE no tiene la culpa de su fortaleza para abastecer el consumo eléctrico del país, “con una matriz eléctrica generada con fuentes renovables y a precios menores de los que cuesta la electricidad de los generadores privados”.
“En términos meramente técnicos la electricidad privada es absolutamente innecesaria para la sociedad costarricense, en eso Asdeice ha sido insistente a través del tiempo. Fueron leyes como la 7200 y la 7508, aprobada en el Gobierno de Figueres Olsen, las que buscaron incluir al empresariado en la generación; pero incluir eso en la ley, más que a criterios técnicos y por más que así quieran justificarlo, obedeció a ideología política”, subrayó el funcionario.
“Durante las últimas décadas los generadores privados han hecho clavos de oro con el mercado cautivo que consiguieron con la obligación del ICE. Debieron tener la planificación necesaria para prever este escenario y buscar una reconversión productiva, como la que algunos políticos les recomiendan a la agricultura campesina, pero nunca al empresariado”, finalizó López.
ICE desmiente sobre importación de energía térmica más cara
A fines de mayo también circularon titulares en medios nacionales que criticaban que, mientras cerraban estas plantas, el ICE importaba energía térmica de Centroamérica, cinco veces más cara.
En un comunicado de prensa emitido el 24 de mayo el ICE indicó: “En cuanto a las importaciones provenientes de las demás naciones del istmo, en el primer cuatrimestre de 2021 se registra la compra de 6,29 gigavatios hora, lo que representa una inversión de $627.091. En 2020 –en el mismo período– se compraron 113,58 gigavatios hora en el Mercado Eléctrico Regional (MER)”. No se indica que es energía térmica.
La Gerencia de Electricidad del ICE explicó a UNIVERSIDAD que la energía importada del MER usa diferentes tecnologías y fuentes según las matrices de los países y que la mayoría de las compras se hacen con ofertas de una misma “bolsa de energía”, por lo que las fuentes no se pueden determinar con exactitud. Pero aclaró que “no es correcto indicar que la energía importada sea en su totalidad térmica, ya que puede pertenecer a otras fuentes, como biomasa, solar, hidroeléctrica o eólica”.
Al 9 de junio de este año el ICE había importado 6.294,38 megavatios hora (un 0,1% de la demanda del país). Se compró energía algunos días de febrero y marzo para sustituir la generación térmica nacional, cuyos costos eran superiores al precio que ofrecía el MER. El precio por megavatio hora fue de $99,63 (incluye transporte para traerla al país) y el costo de producirla con plantas térmicas nacionales hubiese sido de $131,39 por megavatio hora, lo que representa una diferencia a favor del país de $31,76 por megavatio hora; es decir, cerca de $199.909, precisó la institución.
También se consultó cómo exactamente se está garantizando el abastecimiento nacional al menor costo, a lo que la Gerencia de Electricidad explicó que la planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) optimiza las cinco fuentes renovables de la matriz eléctrica costarricense, en la que participan el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), los generadores privados, las empresas municipales y las cooperativas de electrificación rural.
“Cuando la disponibilidad de estos recursos no es suficiente para cubrir la demanda, se buscan ofertas en el MER, y como última opción, se recurre a las plantas térmicas de respaldo del ICE. Esto garantiza la atención completa de la demanda con fuentes renovables nacionales y al menor costo posible”, según la respuesta que se obtuvo por medio de la Oficina de Prensa.
Empresas a la expectativa de proyectos de ley presentados por el Gobierno
El proyecto de “Ley para la autorización de las empresas privadas de generación de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”, presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa el pasado 24 de junio, ya fue asignado a la Comisión de Gobierno y Administración.
La iniciativa habilitaría como agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER) a las empresas privadas de generación de electricidad para que puedan vender —de forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad— sus excedentes de energía que no se requieran para atender la demanda nacional.
Asimismo, el pasado 22 de julio el Gobierno presentó un proyecto de ley que elimina la disposición de la legislación actual que exige que por lo menos el 35% del capital social de la empresa que genera la electricidad pertenezca a costarricenses.
El proyecto “Reforma al artículo 3 de la Ley 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela” (Expediente 22.601) ya fue asignado a la Comisión de Asuntos Económicos.
El nuevo texto se leería así: “Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales”.
La Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) apoya dicho proyecto de ley. Su director ejecutivo, Mario Alvarado Mora, dijo que dicha exigencia “no solo nunca ha tenido una justificación técnica o legal que la respalde, sino que es violatoria del principio constitucional de igualdad entre los nacionales y extranjeros, y contiene una discriminación que no debe existir en este campo”.
Aunque no puede hablar por cada uno de los asociados de Acope, Alvarado comentó que en términos generales cree que el impacto de este cambio será beneficioso para la inversión futura, no solo en el sector eléctrico, sino en todos los ámbitos de la economía. “Se emite una señal positiva para la atracción de inversiones extranjeras hacia Costa Rica, al respetar en este campo la igualdad de condiciones entre nacionales y extranjeros”.
Se le consultó al ICE su posición sobre este proyecto y a través de la oficina de prensa se indicó que “el texto será analizado por el ICE cuando corresponda y se emitirá una posición oficial a la Asamblea Legislativa por las vías correspondientes”.
