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ICE e INS advierten que gravar utilidades encarecería tarifas a clientes finales

Según dirigentes de ambas entidades, aumentar el costo de los servicios sería la única forma en que podrían asumir que eventualmente se grave un 30% adicional en sus utilidades, como propone el proyecto de ley 22.384

La única forma en la que el Instituto Costarricense de Electricidad (INS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) podrían asumir que se grave 30% de sus utilidades sería aumentando el precio a los consumidores finales, según explicaron este martes autoridades de ambas instituciones ante diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

Esto ante la eventual aprobación del proyecto de Ley de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal (22.384), que busca tomar dineros equivalentes “hasta el 30% de la utilidad disponible, después del pago de impuestos y cualquier otra carga fiscal o parafiscal” de catorce entidades públicas.

El artículo 2 de ese proyecto establece que se “prohíbe a las empresas públicas cambiar, modificar o de alguna forma variar sus estructuras de costos con la finalidad de trasladar la carga del aporte a los usuarios o consumidores finales”, no obstante, los dirigentes del INS e ICE no ven otra salida si se aprueba el proyecto.

INS podría aportar solo 5% más

El presidente del INS, Juan Gabriel Pérez, explicó que esta entidad podría aportar un 5% adicional al 25% que actualmente aporta, pero que si se pretende que aporten un 30% más de lo que ya dan, esto “generaría un impacto en la sostenibilidad financiera del INS”.

En la misma línea, el gerente general de esta entidad, Luis Fernando Monge, recordó que “no tiene ninguna otra fuente de capitalización que sus propias utilidades”, por lo cual depende de los ingresos que genera, por lo cual, si se gravan las utilidades con un 30% adicional, la carga contributiva de la entidad se acercaría al 80%, con lo cual “quedaría muy poco de sus utilidades para que el instituto pudiera recapitalizarse”.

Ante las explicaciones del INS, la diputada liberacionista Karine Niño preguntó que quién tendría que asumir el pago de ese 30% adicional, a lo que el director ejecutivo del INS, William Fernández, manifestó:

La respuesta sería muy simple, el consumidor. Y en caso de que nos viésemos comprometidos en el nivel de solvencia a un mínimo regulatorio sería el Estado”.

Fernández también explicó que esto sería a través de la prima que paga el cliente final.

En ese sentido, el gerente general agregó que esto implicaría importantes consecuencias:

Se generaría un círculo vicioso, porque al aumentar las primas efectivamente se van a aumentar las utilidades, pero sobre esas utilidades recaería una participación mayor, entonces el Instituto no tendría utilidades suficientes para poder seguir capitalizando y darle cobertura y respaldo a lo más importante, que es a las provisiones técnicas que respaldan los reclamos de los asegurados”.

Desfile de afectaciones para el ICE

Si se aprueba el proyecto en los términos actuales, el ICE se vería afectado de múltiples formas, según explicó la gerente general de esta entidad, Hazel Cepeda.

Cepeda explicó que “no existe una utilidad en el sector” sino que en tarifas se reconoce una diferencia para que el ICE pueda mantener sus inversiones en renovación de infraestructura, sobre todo en el sector eléctrico y también para sus obligaciones financieras.

Según la gerente general, si este proyecto avanza “se estaría echando mano importante al sector eléctrico en esta partida necesaria para inversión y desarrollo”, se estaría disminuyendo los recursos para el desarrollo de obras y se afectaría la atención temprana de los servicios, con lo que se arriesga la calidad, continuidad y confiabilidad que se brinda en el territorio nacional.

En concreto se afectaría la red de cargadores eléctricos, el sistema para la operación de redes, el alumbrado público en general y el refuerzo de las líneas de transmisión, fundamentalmente en Guanacaste.

También habría una afectación importante en la fibra óptica y en las soluciones móviles con tecnología hacia el 5G que la institución ha venido trabajando.

Asimismo, el gerente general del ICE, Juan Carlos Pacheco, aseveró que la única posibilidad de que la institución pueda contribuir con ese 30% adicional pasaría por un aumento en los precios a los consumidores:

Los ingresos que recibe el ICE están sustentados en tarifas en la parte eléctrica y esas tarifas no contemplan el pago de dividendos dentro de esa composición, entonces si al ICE se le incluye una contribución adicional, necesariamente tendría que pasar eso a la tarifa para que pueda tener los recursos para poder pagar esa contribución”.

El mismo Pacheco recordó que la iniciativa de ley prohíbe esa posibilidad, por lo cual “sencillamente no tendríamos recursos para hacerle frente, porque en la tarifa se reconoce únicamente lo que la regulación estipula, que son los costos directos para brindar el servicio y el rédito para el desarrollo”.

El rédito al desarrollo está diseñado para poder realizar la infraestructura que necesita el ICE, así como para enfrentar el servicio de la deuda, “que es deuda pública y es bastante cuantiosa porque el ICE ha tenido que invertir mucho en infraestructura y financiarla por esa vía”.

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