Un proyecto que pretende flexibilizar temporalmente la legislación tributaria y migratoria con un sistema de incentivos para atraer extranjeros con alto poder adquisitivo al país es cuestionado por el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) y el Ministerio de Hacienda.
La iniciativa de las diputadas Silvia Hernández (PLN) y María Inés Solís (PUSC) fue dictaminada en la Comisión de Hacendarios y enfrenta trámite de mociones de reiteración en plenario; pero podría ser votada la próxima semana.
El proyecto de “Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados” (expediente 22.156) busca areaer personas inversionistas, rentistas y pensionados que contribuyan a la reactivación económica costarricense en un periodo post pandemia Covid-19 con una serie de exoneraciones tributarias.
Por ejemplo, están exoneradas de todos los impuestos de importación por una sola vez, para la importación del menaje de su casa; podrán importar hasta dos vehículos (de transporte terrestre, aéreos y/o marítimo) libre de todos los impuestos de importación, arancelarios y de valor agregado; están exentos de Impuesto sobre la Renta sus ingresos que deben reportar para recibir los beneficios de la ley; y tampoco pagan impuestos de importación para instrumentos o materiales para el ejercicio profesional o científico.
El pasado martes 9 de marzo, la legisladora Vega afirmó en el plenario que el proyecto abre un portillo “para traer capitales desconocidos al país” y se refirió a los informes del ICD y de Hacienda.
Vega explicó que la respuesta del ICD es muy robusta en señalar los riesgos que tiene la redacción actual del proyecto para que el país se convierta “en un paraíso para el ingreso de capital delictivo”. También dijo que deberían darse un tiempo para analizar estos criterios porque los términos están quedando abstractos y poco coordinados con la normativa que hay en la materia.
Por ejemplo, con respecto a la importación del menaje de casa que se les permite a estas personas libre de impuestos, Vega considera que las exoneraciones son tan amplias “ al no haber un control informático de este menaje, una persona podría importar dos, tres, cuatro mercancías para comercializarlas aquí incluso incurriendo en competencia con el empresariado local que importa lo mismo; pero paga sus impuestos.
“Cualquier narcotraficante agarra el dinero mal habido del narcotráfico y compra un montón de bienes y los trae a este país”, alertó Vega.
Las advertencias del Ministerio de Hacienda
A insistencia de la diputada Paola Vega (Partido Acción Ciudadana), el Ministerio de Hacienda se pronunció sobre el proyecto, ya que fue aprobado en comisión y llegó a plenario sin pasar por un análisis de este ministerio.
Según el oficio DVMI-0021-2021, enviado por la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Hacienda el pasado 18 enero 2021 -aunque se recibió hasta el 18 de febrero-, el proyecto de ley requiere aclarar varias cosas.
Por ejemplo, dice que en casos de pérdida total de artículos del menaje de casa, los podrían reponer exentos de impuestos en el caso de ser adquiridos en el mercado nacional. “No se considera conveniente se considere para efectos de esta ley la sustitución de los bienes producto de una posible destrucción de los artículos del menaje de la casa”, dice Hacienda.
También permite que importen sus vehículos libres de impuestos; pero Hacienda criticó que se permita que luego vendan o traspasen el vehículo a terceras personas exonerado de impuestos, “después de transcurridos el plazo de vigencia de esta ley”.
“Preocupa la redacción en el sentido de que se deben evitar futuros abusos de dichos incentivos, sobre todo en caso de pérdida del vehículo por robo o destrucción total por fuego, colisión o accidente” y agrega: “Por lo que vía reglamento se deberán estipular los mecanismos probatorios”.
Asimismo, señala que debe indicarse que estos incentivos son “sólo para personas inversionistas o con estatus migratorio de residentes pensionados o de residentes rentistas, de manera que no sea tan general a inversionistas, porque podría ser aplicado a los del Régimen de Zonas Francas, entre otras”.
Hacienda criticó que se considere inmediatamente a los inversionistas, rentistas o residentes pensionados como “residentes fiscales”, porque esto podría ser aprovechado “para prácticas fiscales elusivas y evasivas” y debe cambiarse la redacción para que aclare que la condición de residente fiscal se obtendrá únicamente cuando se cumplan los requisitos de la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.
Peligro ante actividades criminales
Por otra parte, el ICD se refirió al proyecto en el oficio DG-061-2021, del 24 de febrero, a solicitud de la diputada Vega.
El ICD explica que no se indica expresamente si se contempla solamente personas físicas o también personas jurídicas.
Sobre la importación de menaje, dice que esto debería estar registrado y controlado debidamente en una línea de control de alguna de las autoridades vinculantes, de manera que no se preste para realizar las acciones de manera reiterada.
Tampoco se mencionan las contramedidas que aplicaría Costa Rica con el país origen de la persona, para determinar y garantizar que las mercancías mismas proceden de una actividad real y legítima, no de un delito.
El proyecto no prohíbe el traslado de dinero en efectivo, “siendo éste un mecanismo por excelencia para el lavado de dinero y que no tendría la trazabilidad de su origen”, apunta el ICD.
Por último, destaca que “deben tomarse las medidas oportunas (legales o normativas) necesarias para prevenir que los delincuentes o criminales, así como sus cómplices asociados, tengan parte o sean beneficiarios de tales diligencias y que con ello vean una ventana de oportunidad en Costa Rica para extender sus actividades criminales”.
