Las autoridades del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), advirtieron que si la Asamblea Legislativa no aprueba los ¢1.308,4 millones solicitados por la institución como parte del cuarto presupuesto extraordinario 2021 podrían tener que cerrar más centros de atención a personas adictas a sustancias psicoactivas.
Los recortes al IAFA empezaron el año pasado, en un contexto en que la pandemia ha traído un aumento considerable en el consumo de sustancias psicoactivas porque ha generado un intenso estrés mental, confinamiento, medidas de contención del virus, la limitación del contacto físico, mayor desempleo y la muerte de seres cercanos/familiares, explicaron las autoridades de la institución.
El pasado 21 de mayo la Junta directiva de IAFA aprobó el presupuesto para el 2022, por ¢9.337 millones; pero afirman que “no es suficiente para cubrir las necesidades mínimas para continuar brindando los servicios que la misma ley de creación le exige a la institución en el próximo año”, según un comunicado de prensa.
De no aprobarse los recursos, el IAFA tendría que cerrar el Centro para atención de personas menores de edad Casa Jaguar, ubicado en Barrio La Granja, en San Pedro, informó. Este atiende a personas menores de edad, que son las más vulnerables.
Hace dos meses el IAFA suspendió los servicios de los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) de Alajuela, Guápiles, Heredia, Liberia, Pavas, Pérez Zeledón, lo cual afectó a más de 5.283 personas con problemática de consumo de sustancias psicoactivas.
Estos centros brindaban servicios gratuitos y no pedían seguro médico. Más del 40% de las personas que asisten al IAFA no están aseguradas ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y no tienen otro tipo de seguro médico.
La coordinadora del área técnica del IAFA, Wendy Castro explicó que estos CAID favorecen el acceso de los servicios de salud a las personas en condición vulnerable, que no pueden recibir tratamiento por temas de traslado y/o distancias. Por ejemplo, ahora las personas que recibían tratamiento en el CAID del centro de Liberia tienen que ir a Santa Cruz; y las personas usuarias de Pérez Zeledón tienen que ir a San Vito o la Sede Central en San Pedro de Montes de Oca, en San José.
Otro servicio que se suspendió fue el de la Unidad Móvil Choza Esperanza, que empezó a operar el 6 de enero de este año y hasta abril había visitado 33 comunidades del Gran Área Metropolitana, atendiendo a más de 2.800 personas, muchas de ellas en situación de calle.
También se cerró el servicio que brindaba el Centro de Acogida en Cristo Rey, que empezó a funcionar el 1 de marzo de este año y durante un mes dio tratamiento a 26 usuarios (22 hombres y cuatro mujeres), provenientes de diferentes áreas de San José, San Vito de Coto Brus, Quepos, San Carlos y Puntarenas.
“El cierre de este servicio implica una violación a los derechos humanos de las personas en situaciones más vulnerables, ya que no cuentan con los recursos económicos para poder costear un tratamiento de esta calidad, el cual, es sumamente necesario para su proceso de recuperación”, sentenció el director del IAFA, Oswaldo Aguirre.
