Tomó más de cuatro meses: los diputados que llevan el pulso del proyecto 20.861 acordaron una última metodología para el delito de la usura.
De acuerdo con este acuerdo, los máximos legales serán intereses del 39% para “todo tipo de crédito” y del 55% para microcréditos (el proyecto establece que “se excluyen de los microcréditos las tarjetas de crédito”). El ente rector de la tasa será el Banco Central (BCCR).
Antes de la votación, el diputado Jonathan Prendas —que ingresó a la discusión del proyecto en enero— adelantó en plenario que fue líder de una modificación del proyecto.
La modificación incluyó cambios en la “metodología” para calcular las tasas máximas. Según dijo Prendas, la discusión de la moción ocurrió durante la tarde y noche del miércoles.
“Es el punto medio para solventar el problema de la usura”, aseguró el diputado sobre la propuesta negociada.
En la Comisión de Hacendarios, nueve diputados aceptaron la propuesta que ahora explica tres tipos de cálculos que usan la misma tasa de referencia: la tasa activa de “Otras Sociedades de Depósito (OSD) calculada por el Banco Central”.
La referencia de la tasa será en dólares o colones “según se haya pactado en el contrato, negocio o transacción”.
La tasa activa de las OSD, según BCCR, incluye “bancos, cooperativas, mutuales y financieras” (o sea, las entidades reguladas del sistema financiero).
Las tasas del 39% y el 55% podrán usarse como referencia en denuncias penales por el delito de la usura que está tipificado en el artículo 243 del Código Penal.
El Código Penal establece “prisión de seis meses a dos años o con veinte a ochenta días multa” a quien haga valer un crédito “usurario”.
¿Qué se considerará usura?
El nuevo texto considera tres pisos máximos para los intereses crediticios.
Para “todo tipo de crédito”, se utiliza un promedio ponderado anual “de la tasa de interés activa, más 12,8 puntos porcentuales. Dicho resultado se multiplicará por 1,5”. De acuerdo con los legisladores, este tope será del 39%.
Para los microcréditos ese mismo cálculo será usado con un promedio anual de la tasa de interés activa, más 13,8 puntos porcentuales. Dicho resultado se multiplicará por 2,085”. Este tope del 39%.
Los microcréditos son aquellos que son menores a “1,5 veces el salario base del salario oficinista 1 del Poder Judicial”. Es decir: los microcréditos menores a ¢675.300.
El tercer y último tope es para los “contratos, negocios o transacciones pactados en otras monedas”.
En este último caso solamente se utilizará el promedio anual de la tasa de interés activa del grupo OSD.
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Abrir en una nueva pestaña ¿Es retroactiva la ley a mi crédito?
Según mencionó el diputado José María Villalta (Frente Amplio), la ley no es retroactiva.
“La ley no es retroactiva y no aplica para créditos vigentes. Si hay una readecuación, podría maximizar sus beneficios”, explicó el diputado.
Villalta dijo que cuando la ley sea aprobada en plenario, las personas con contratos de tarjetas de crédito “deberían renegociar su contrato”.
La legisladora Laura Guido (Partido Acción Ciudadana) incluyó en el proyecto un informe para que los diputados de Hacendarios conozcan el nivel de exclusión que está tomando la medida.
“Este proyecto lleva una norma de información que obliga al BCCR a tener información disponible en una página para que los costarricenses puedan ver las diferentes tasas y diferentes opciones”, explicó Ramos sobre otra de las propuestas del proyecto.
¿Se mantendrán los porcentajes en plenario?
En la votación del proyecto de ley, tres legisladores expresaron que modificarán los porcentajes establecidos por medio de mociones en el plenario.
Los legisladores que hablaron sobre este mecanismo fueron: Otto Roberto Vargas (Partido Republicano Social Cristiano); Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank (ambos de Restauración Nacional).
“No estoy del todo satisfecho pero, sin duda, veré la posibilidad de poder variarlo. (Voy a) modificar el proyecto en los puntos que no coincido mediante moción 137 pero, sin duda, debo reconocer los esfuerzos que todos han hecho”, aseguró Vargas quien, durante todo el trámite en Comisión, mantuvo una propuesta de topes más altos para evitar la exclusión financiera.
Avendaño dijo que “el tema judicial es un tema que no se entró de fondo en la discusión y tampoco está quedando plasmado”.
“Lo que estamos haciendo, mi persona y nosotros como Restauración Nacional es respetar un acuerdo mayoritario en el seno de esta comisión”, explicó el diputado.
Por su parte, el legislador Eduardo Cruickshank adelantó que “hubiera preferido un límite menor”.
“Yo entiendo la política no como el arte de lo deseable sino como el arte de lo posible. Llegará la oportunidad, cuando el proyecto llegue al plenario, para quienes tenemos una posición, intentemos a la baja y quienes tienen otra posición, intenten a la alta”, explicó.
Cruickshank advirtió que “no sería un bien que se abuse de la vía 137 para que se trunque” el proyecto de ley.
La legisladora socialcristiana María Vita Monge no votó el proyecto y, en su ausencia, publicó en Facebook contra la propuesta aceptada.
“No estaré nunca de acuerdo con que se fije una tasa del 55% para microcréditos ni del 39% para todo tipo de crédito. Si bien este último es más razonable, los usureros lo estarían recuperando con el otro porcentaje desproporcionado e injusto y no es congruente con la discusión inicial de un 30-35% y microcrédito 45%”, explicó en redes sociales.
