La voracidad del monocultivo de la piña amenaza ahora la biodiversidad y el patrimonio arqueológico en Palmar Sur, en el Cantón de Osa, donde la Corporación Agrícola del Monte S.A-Pindeco sembrará 494,4 hectáreas con ese producto de exportación.
El polémico proyecto recibió de la Setena la viabilidad ambiental, mediante la resolución 2331-2016-Setena.
Muy cerca de esta finca donde Del Monte pretende cubrir el campo de piña se encuentran los cuatro sitios arqueológicos: Finca 6, Batambal, Grijalba y El Silencio, a los que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 2014, por las muy conocidas esferas de piedra.
La finca piñera también se ubicaría a pocos kilómetros del Humedal Nacional Térraba Sierpe, que podría verse seriamente afectado por el uso de agroquímicos.
Expansión sin límites
El rápido crecimiento del cultivo de piña ha venido preocupando a varios sectores y frentes ecológicos.
Distintos grupos ecologistas como la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon) y Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (Frenasaap), vecinos de fincas piñeras y defensores del ambiente salieron este lunes 15 de mayo a pedir que se ponga freno a este cultivo.
La marcha salió frente al Museo Nacional, se dirigió al Ministerio de Ambiente donde solicitaron la nulidad del permiso otorgado por Setena, para luego concluir en la Casa Presidencial.
“De manera preocupante estamos siendo testigos de una nueva expansión del monocultivo de la piña, uno de los más nocivos e insostenibles de la historia”, comentó Mauricio Álvarez, presidente de Fecon.
Álvarez señaló que a las empresas piñeras poco les importa la salud, la alimentación, el trabajo, el agua potable, las condiciones de las comunidades aledañas a las plantaciones y ahora ni la afectación de los sitios arqueológicos que fueron decretados patrimonio de la humanidad.
“La única garantía para detener la expansión es que la gente salga a la calle, así como lo estamos haciendo, que la gente se organice y haga movilizaciones, que seamos nosotros los que recurramos a defender”, manifestó Henry Picado, miembro de Frenassap.
Disputa ambiental
Los grupos denunciantes señalan que en la Setena no se realizó una visita de campo al lugar donde Del Monte pretende desarrollar este nuevo cultivo de la fruta, antes de darle el visto bueno ambiental.
Setena indicó que la visita no se realizó porque en su momento no se consideró necesario por la información y fotografías con las que contaba. Sin embargo, semanas después, la secretaria realizó una revaloración de la información y concluyó que sí era necesaria.
A esto se le suma haber pasado por alto la importancia de un sitio de interés cultural, la afectación ambiental y la salud de las comunidades cercanas.
“La gente está recibiendo agroquímicos altamente tóxicos como el bromacil en el agua, un herbicida que usan las industrias piñeras. El país está retrocediendo en legislación ambiental para que a los dueños les quede fácil vender y exportar”, indicó Mauricio Álvarez.
Marco Arroyo, secretario general de Setena, señaló que en estos momentos se encuentran haciendo una revaloración del estudio, ya que sus deberes no acaban con el haberles otorgado la viabilidad ambiental.
Arroyo agregó que la licencia ambiental no lo excluye de tramitar otro tipo de estudio más a profundidad, como un estudio de la parte arqueológica. Antes de que el proyecto inicie hay obligaciones que el desarrollador debe seguir y eso lo debe de verificar Setena.
Amenaza tóxica
El avance de la piña viene en un rápido aumento los últimos años, según los resultados del Informe “Monitoreo de cambio de uso en paisajes productivos” (Mocupp) del 2011 al 2015, las hectáreas del cultivo de piña en el país se quintuplicaron, pasando de 11.000 a 58.000 hectáreas de explotación.
El deterioro de los suelos y afectación de la salud se da producto de la utilización intensiva de herbicidas y fungicidas como el bromacil, un alto contaminante de las aguas subterráneas y utilizado para combatir las plagas a las que es susceptible el cultivo.
Los grupos advierten que ya se ha detectado en el Humedal presencia de residuos de este agroquímico provenientes de otras plantaciones en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, según consta en el estudio que realizó el Programa Institucional Osa-Golfo Dulce en conjunto a otras instancias de la Universidad de Costa Rica.
El lunes 15 de mayo, el Ministerio de Ambiente y Energía dio a conocer un comunicado conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde se dice que el gobierno prohibirá el uso del herbicida bromacil en el territorio nacional.
“En los próximos días, el Ministerio de Agricultura y Ganadería emitirá un decreto prohibiendo la importación de bromacil, y dando un período de seis meses para que deje de aplicarse en el campo, mientras los productores de piña hacen la transición hacia otras medidas para el combate de las malas hierbas en dicho cultivo”, se señala en el comunicado.
¿Arqueología de quién?
Uno de los tantos problemas que deja en evidencia la situación es la valoración arqueológica que se realiza, ya que según expertos la importancia que se le otorgue en estos sitios queda definida por el arqueólogo privado que contrate el desarrollador del proyecto.
“Para la valoración arqueológica, cuando Setena realiza los estudios de impacto ambiental se basan en lo que el equipo consultor les diga. No hay un arqueólogo que les ayude con las decisiones, que les encienda las luces de emergencia y dan por bueno lo que se dice”, declaró Myrna Rojas, jefa del departamento de Investigación y Antropología del Museo Nacional.
La recomendación que da el Museo en este caso es que se realice una revisión de la valoración arqueológica. Además que tengan personal capacitado para hacer la valoración del proyecto en el aspecto arqueológico de cualquier obra a la que le tengan que dar la viabilidad ambiental.
“El gran problema es que para definir qué es importante en términos arqueológicos no los está controlando nadie, ni el Museo Nacional, ni la Comisión Arqueológica, queda a puro criterio del profesional que contrate la empresa”, agregó Efigenia Quintanilla, arqueóloga y experta en escultura precolombina.
Por parte del Museo Nacional se señala que solo puede intervenir una vez que se inicie con el movimiento de tierra. Por el momento solo pueden hacer una recomendación de lo que se debe hacer.
UNIVERSIDAD solicitó el criterio a la Corporación Del Monte sobre este caso, pero pese a reiteradas llamadas y la solicitud de la empresa de que las preguntas fuesen enviadas por correo electrónico, las consultas no fueron respondidas.
