La huelga declarada el miércoles por el Frente Gremial del Poder Judicial (compuesto por 25 organizaciones) afectó este jueves a los usuarios de servicios que brinda la institución.
Se reportaron suspensiones de juicios, de realización de autopsias y de entregas de cadáveres así como la emisión de hojas de delincuencia.
Pese a ello, la oficina de prensa de la institución comunicó que las cuatro Salas de la Corte Plena (Primera, Segunda, de Casación Penal y Constitucional) se encuentran laborando con “normalidad”.
La entidad informó de que el Consejo Superior tomó el acuerdo de que se deben brindar los siguientes servicios esenciales:
- Levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así como los servicios del Complejo Médico Forense que impliquen atención urgente.
- Atención de denuncias.
- Solicitudes de imposición de una medida cautelar.
- Cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas a vencer.
- Atención de solicitudes de medidas de protección.
- Juicios con persona detenida, continuaciones de juicio, y asuntos prontos a prescribir.
- Intervenciones de las comunicaciones.
- Mantenimientos de los sistemas informáticos y de la comunicación.
- Atención y resolución de solicitudes de apremio corporal y de impedimentos de salida del país.
- Mantenimiento, actualización y comunicaciones relativas al Sistema de Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP).
- Traslados de personas privadas de libertad y custodia en celdas.
- Protección a víctimas y testigos.
- La disponibilidad que deben tener PISAV y Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación.
- El libre acceso a los edificios judiciales.
- La custodia y seguridad necesaria para garantizar los servicios anteriormente indicados.
No obstante, no todas esas áreas están trabajando, según reportes de los usuarios.
La huelga de empleados judiciales tiene su origen en las diferencias con diputados sobre el rumbo que debe tomar la reforma al Régimen de Pensiones del Poder Judicial.
El miércoles, legisladores de la Comisión Especial de Pensiones rechazaron retomar el texto de reforma que había sido elaborado por los gremios y mantener en la corriente legislativa la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Los gremios rechazan ese proyecto porque aumenta la edad de retiro a 65 años, el tiempo de labor a 35 años y determina que la asignación sería del 72% del promedio salarial de los últimos 30 años.
Los diputados además añadieron a la discusión las conclusiones de un estudio actuarial del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual determinó que el Fondo es insolvente y recomendó aumentar la edad de retiro a 65 años y la cotización de los trabajadores del 11% al 15%.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, dijo este jueves que el llamado que se ha hecho a los gremios es que mantengan los servicios básicos que puedan afectar “la vida, la salud o la seguridad”.
El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Gerald Campos, comentó que en esa institución se está dialogando con la Medicatura Forense para que reciban cuerpos y “para ver si podemos lograr que se realicen algunas autopsias urgentes”.
“Todo el país se ha monitoreado y estamos prestando el servicio de recepción de denuncias, se están haciendo los levantamientos de cuerpos y estamos atendiendo los casos más relevantes, todo lo que implique atender el sitio y evitar que se pierda algún indicio”, indicó.
Indefinida
Los gremios convocaron a la huelga de forma indefinida y anunciaron que la suspenderán una vez que la comisión legislativa regrese a la discusión el proyecto elaborado por los gremios.
Así lo afirmaron los representantes Adriana Orocú, presidenta de la Asociación de Jueces; Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística; Jorge Luis Morales, secretario general del Sindicato de Jueces y Juezas; Hernán Campos, secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores; Juan Carlos Sebiani, la Asociación Nacional de Profesionales y Sebastián Mesén, del sindicato de la Defensa Pública.
Los gremios sostienen que el plan de ley que ellos habían planteado ya había sido discutido con las todas las fracciones legislativas hace un año. Su propuesta incluye una jubilación a los 60 años para las mujeres y 62 años para los hombres.
Este jueves, se encontraban manifestantes en las distintas sedes judiciales.
Alexander Fallas Villalobos, del área de Servicios Generales del Primer Circuito Judicial, en San José, dijo apoyar el movimiento porque el “Fondo no es insostenible. Decimos que cómo va a ser insostenible si hay más de ¢470.000 millones (de reserva) que lo sostienen”.
Gustavo Chen Quesada, funcionario de la Dirección de Planificación, criticó que “después de 30 años de pagar cuatro veces más de lo que cotizan en otros regímenes de pensiones ahora nos salen decidiendo- con estudios amañados-que vamos a tener dificultades para obtener nuestra pensión”.
Colaboró con esta información: Miriet Ábrego
