La huelga del pasado martes 26 y miércoles 27 de abril, convocada por el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), fue un verdadero pulso entre trabajadores y el Gobierno, que dejó al descubierto una fuerte molestia del sector laboral, con la paralización del 80% de los servicios de salud públicos y una afectación del 90% de las lecciones en escuelas del país, según cifras estimadas por los representantes sindicales.
A pesar de que el gobierno aseguraba mantener las puertas abiertas para el diálogo y la discusión de temáticas que afectan a cada uno de los sectores, lo cierto es que dirigentes sindicales venían denunciando hace meses que todas las mesas de negociación estaban paralizadas y que no existía voluntad de llegar a acuerdos.
El primer día de huelga los trabajadores marcharon por la capital josefina, llenando de gente alrededor de diez cuadras, quienes se dirigieron a la Asamblea Legislativa con consignas muy claras: “No más impuestos”, “No al plan fiscal”, “No al salario único”, “No a la educación dual”, “No a la eliminación de derechos laborales”.
El miércoles la dinámica fue distinta, pero el impacto similar.
Los trabajadores se concentraron en di- versos puntos del país, realizando caminatas, cierre de calles, manifestaciones y concentraciones, siempre con una alta participación por parte de los trabajadores. Por ejemplo, un grupo de protestantes se reunió en la rotonda de la Hispanidad, bloqueando el paso a los automóviles, para luego realizar una marcha hacia Casa Presidencial, donde hizo una serie de demandas al Gobierno.
Los datos oficiales de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del Ministerio de Educación Pública aseguraron que para el martes y miércoles la participación en el sector educación fue en promedio del 70% de los docentes a nivel nacional, pero en la Gran Área Metropolitana alcanzó el 90%, para un total de 65.000 educadores que se sumaron a la huelga. Los sindicatos confirmaron que la participación fue del 90% en promedio en todo el país.
Por su parte, el sector salud también tuvo una fuerte repercusión, así lo aceptaron las autoridades institucionales, quienes de forma modesta estimaron que se habían afectado los servicios en un 50%, durante los dos días.
Para María Eugenia Villalta, Gerente Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, sí se dio afectación en la prestación de los servicios de salud, no solo en la Gran Área Metropolitana sino en las periferias.
“Se suspendieron cirugías, solamente se realizaron las de emergencia y los servicios de consulta externa funcionaron de forma parcial, cerca de un 50% de los pacientes que tenían consultas se vieron afectados.
El área de laboratorios y servicios de farmacia también se afectaron”, explicó la gerente.
Durante el martes, la huelga provocó la suspensión de 1.600 citas, 620 cirugías y una afectación económica para la Caja estimada en ₡¢28.000 millones y para el miércoles dejaron de realizarse 8.206 consultas médicas, y un total de 111 cirugías no fueron hechas, aseguró la oficina de Prensa de la Caja.
Ante esta afectación, Villalta pidió a los pacientes que, si no se han comunicado con ellos para reprogramar citas, se acerquen a su centro de salud, pues es obligación de las direcciones de los centros médicos otorgar las citas lo antes posible.
“Estamos muy satisfechos por la respuesta que han dado los trabaja- dores de la Caja, pues esto demuestra que lo que hemos dicho en las mesas de negociación es cierto, hay demandas de la clase trabajadora que no están siendo respondidas.
Demandamos el archivo inmediato de todos los proyectos que pretenden desmejorar las condiciones de la clase trabajadora y reducir los derechos de los trabajadores del país”, manifestó Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
Otro tema que preocupa al sector sindical es el proyecto de ley de educación dual, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, y se arregle el problema de presupuesto e infraestructura educativa, pues aunque las autoridades aseguran que todo está bien, lo cierto es que, según Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), se están cayendo los centros educativos.
Además hay una serie de problemáticas que se han venido denunciando y que al parecer aún no encuentran la resolución adecuada, tal es el caso de las largas listas de espera en servicios de salud de la Caja y el pago de la deuda que tiene el gobierno con la Seguridad Social.
Otro tema que alzó los ánimos de los trabajadores fue la reciente denuncia de casos del uso de mecanismos para la evasión fiscal por parte de empresarios nacionales e internacionales, con los Papeles de Panamá y que fue dado a conocer por UNIVERSIDAD.
Esto generó una gran indignación entre la clase trabajadora, a la cual se le rebaja religiosamente de su salario los impuestos de ley.
La fortaleza que mostró la huelga obligó al Gobierno a ceder y establecer una mesa de diálogo con los dirigentes gremiales para discutir las temáticas que más pre- ocupan a los diversos sectores y que durante estos días se estará reuniendo, para ver si las partes logran acuerdos.
PROYECTOS QUE DESVELAN
Los trabajadores se oponen a varios proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa, como el 19.431 sobre empleo público, el proyecto de Ley 19.156 relacionado con límites a las remuneraciones totales, el 19.506 sobre ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base, la 19.787 que pretende regular la promoción del buen desempeño para definir quiénes merecen o no el ascenso.
También está el proyecto 19.883 que habla de eficiencia salarial en las remuneraciones y finalmente el proyecto de Ley 19.923 para racionalizar el gasto público.
Según los dirigentes sindicales, estas propuestas atentan claramente contra el salario digno y contra instituciones que ayudan a las poblaciones en mayor riesgo, además sostienen que son impulsadas por cuestionados personajes de la política nacional y empresarios evasores, que buscan cercenar los derechos sociales, económicos y laborales de la clase trabajadora costarricense y de todo el pueblo en general.
“Con el movimiento del Bussco logramos hacer una agenda nacional, que incluye sindicatos, organizaciones sociales, federaciones de estudiantes y otros, orientados a diversos temas relacionados con la lucha de los campesinos, indígenas, ambientalistas, así como la lucha contra estos proyectos que buscan reducir a su mínima expresión los derechos laborales”, comentó Rosemary Gómez, secretaria general del Sindeu.
El proyecto de Ley 19.431 sobre empleo público fue impulsado por el actual diputado del Movimiento Libertario Otto Guevara; según un estudio legal realizado por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la propuesta plantea la pérdida de derechos adquiridos, flexibiliza la contratación temporal y establece un límite de tiempo de seis meses para los nombramientos de interinos, aumenta el período de prueba de los trabajadores, asimismo plantea un salario único que comprendería todos los pluses y no permitirá crear ninguno adicional.
El proyecto de Ley 19.156 relacionado con límites a las remuneraciones totales, plantea la definición de aumentos salariales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, así como frenar las remuneraciones salariales de los empleados públicos, entre ellos pluses y dietas.
Por su parte, el proyecto de Ley 19.506 sobre ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base, que fue impulsado por Sandra Piszk, limita el auxilio de cesantía a ocho años, establece el pago de salario mensual, lo que significaría para algunos sectores la pérdida del pago bisemanal, un derecho adquirido hace años en luchas sindicales.
Otros dos proyectos que mantienen en vilo a los trabajadores son el 19.787, amparado por el Partido Acción Ciudadana, que pretende regular la promoción del buen desempeño para dejar en manos de las jefaturas la decisión de quiénes merecen o no un as- censo y el 19.883 que propone la eficiencia salarial en las remuneraciones.
Finalmente, está en la corriente legislativa el proyecto de Ley 19.923 para racionalizar el gasto público, una propuesta de partidos como el Movimiento Libertario, el Partido Unidad Socialcristiana y el Partido Accesibilidad sin Exclusión.
Según afirman los dirigentes gremiales, en general todas las pro- puestas establecen la limitación de los pluses salariales, derechos sindicales y adquiridos en convenciones y luchas por los trabajadores del sector público.
Para los miembros de Bussco, lo único que se pretende con estos proyectos de ley es establecer una precarización del trabajo en el sector público y la reducción a su mínima expresión de los derechos de la clase trabajadora.
Hasta el momento, la mesa de negociación entre el gobierno y los sindicatos solamente ha permitido acordar que no se rebajarán los días de huelga a los trabajadores, y que el tiempo será repuesto por ellos.
Sobre el resto de temáticas, se estarán reuniendo los próximos días para definir una agenda y ver las posibles soluciones.
