A finales de mayo, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alexánder Solís, indicó que los hospitales privados Clínica Bíblica, Cima, Metropolitano y La Católica fueron los elegidos por las autoridades de salud para recibir a pacientes desde centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); sin embargo, a la fecha, ninguna persona ha sido enviada a estos nosocomios
De acuerdo con el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud Massimo Manzi, hasta este jueves en la mañana, no se había recibido ninguna solicitud de traslado de pacientes de la CCSS a hospitales privados. Los cuatro centros médicos disponen de un total de 55 camas, un número que podría incrementarse si la condición epidemiológica empeorara.
Sobre las patologías que eventualmente podrían atender estos hospitales con el objetivo de disminuir la saturación de camas en la seguridad social, la CNE destacó a UNIVERSIDAD que deben ser pacientes COVID negativos (con prueba realizada en las últimas 48 horas), con una expectativa de estancia corta en el servicio privado (entre 3 a 5 días) y con un diagnóstico definido que no requiere de estudios diagnósticos simples ni complejos.
Los hospitales privados podrían atender a pacientes con diagnósticos de enfermedades infecciosas (microbiológicas o parasitarias); endocrinas, nutricionales y metabólicas; del sistema nervioso; del sistema circulatorio; del sistema respiratorio; del sistema digestivo; de la piel y tejido subcutáneo; del sistema genitourinario; o con traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas.
A ellos se suman pacientes hemodinámicamente estables y de quienes no se esperaría una descompensación; con necesidad mínima de pruebas complementarias de laboratorio e imágenes; con condición de salud tratable y con expectativa de recuperación; sin condiciones terminales o necesidades de cuidado paliativos; sin diagnóstico de enfermedades oncológicas; sin problemas sociales que ameriten otro tipo de intervención que no sea médica, que no requieran aislamiento; que no requieran de procedimientos invasivos o quirúrgicos, o de tratamientos farmacológicos avanzados o que no son ofrecidos por la CCSS.
De acuerdo con el plan de inversión de la CNE, los cuatro hospitales privados se repartirían hasta ₡2.400 millones. El desembolso por cada hospital dependerá de la atención brindada a cada paciente.
“Cada centro privado deberá presentar al Ministerio de Salud -que funge como Unidad Ejecutora- una gestión de cobro al egreso de cada paciente que les haya remitido la CCSS de acuerdo con el proceso establecido. Esta tendrá el detalle de los servicios brindados en atención a los criterios establecidos; posterior a la revisión, el Ministerio lo eleva a la CNE para proceder con el pago respetando los costos previamente identificados. El plazo del pago dependerá de la correcta presentación de los requisitos y las revisiones correspondientes”, indicó la CNE ante consultas de UNIVERSIDAD.
Consultado sobre este tema, Manzi destacó que “al no haberse dado ninguna derivación, no se ha desembolsado ningún monto” a los hospitales privados.
La decisión de trasladar a estos pacientes la tomaron las autoridades de Salud basadas en el artículo 368 de la Ley General de Salud, que establece que «en caso de peligro, amenaza o de invasión de epidemia y de desastre y en casos de emergencia nacional, el Ministerio (…) podrá asimismo disponer de edificios u hospitales públicos o privados, por el tiempo que el Poder Ejecutivo decrete».
48 horas de plazo
Desde el 31 de mayo, los hospitales privados tienen la disponibilidad de recibir a pacientes de centros médicos de la CCSS, no obstante, aún no se ha realizado ningún traslado. Por esta razón, el miércoles 9 de junio, el ministro de Salud envió un oficio al gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz, en la que solicitó indicarle “en un plazo de 48 horas, si harán uso de dichas camas privadas o asumirán la atención únicamente con el recurso disponible dentro de la CCSS, en el marco de la saturación de los servicios que se enfrenta la institución actualmente”.
Salas le indicó a Ruiz que en caso de no respuesta en el plazo indicado, se asumirá que el servicio no es requerido y se procederá a
retrotraer las resoluciones que fueron notificadas a los representantes legales de los centros privados en las que se les indicaba que se haría uso de sus recursos hospitalarios según lo establecido en el artículo 368 de la Ley General de Salud.
Manzi señaló que de anularse la resolución, igual seguirán dispuestos a colaborar con el sistema nacional de salud.
“Como sector privado desde el primer día nos hemos puesto a disposición de las autoridades, así que más allá y en la eventualidad de que se anule esa resolución seguiríamos en total disposición de colaborar con el sistema nacional de salud para hacer frente a esta situación de saturación de centros hospitalarios y colaborar en cualquier otra área donde las autoridades definan o identifiquen alguna necesidad de apoyo”, indicó.
