Allen Cordero:

“Honduras es una dictadura con fachada democrática”

Organismos internacionales señalaron irregularidades y abusos cometidos por las autoridades de ese país antes, durante y después de las elecciones.

Casi cuatro meses después de las elecciones hondureñas, se conocieron informes tanto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), los cuales puntualizan abusos cometidos contra la población civil opositora al régimen de Juan Orlando Hernández.

Las elecciones se realizaron el 26 de noviembre y el 27 de enero Hernández asumió su segundo mandato.

El informe de la MOE UE fue presentado el 5 de marzo y aporta una relación de hechos en la que, tras señalar que la jornada electoral “transcurrió de manera pacífica y estuvo bien organizada”, añade que en la madrugada del 27 de noviembre, el primer corte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que, con el 57% de las mesas procesadas, el candidato de la Alanza de Oposición Salvador Nasralla aventajaba en un 5% a Juan Orlando Hernández.

Se trató de resultados basados en actas transmitidas electrónicamente desde los centros de votación, pero un 29% del total de las mesas no logró transmitir las actas y, en cambio, fueron transportadas por el ejército hasta la bodega del TSE. A medida que fueron contadas, se produjo el cambio en la tendencia de los resultados hasta situar a Juan Orlando Hernández 1,5% por delante de Nasralla.

El análisis de la MOE UE muestra que ese segundo grupo de actas, “responsables del cambio de tendencia”, contenía más del 90% de mesas electorales rurales, que tienen un mayor peso electoral que las urbanas y mayor porcentaje de participación.

Por otra parte, el 12 de marzo el Acnudh dio a conocer un informe en el que se denuncian las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 26 de noviembre y la toma de posesión de Hernández el 27 de enero.

“Se llega a la conclusión de que por lo menos 22 civiles y un agente de policía murieron durante las protestas. Al menos 16 de estas víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad. El informe documenta también las muertes de 15 personas, entre los que figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas, en el periodo anterior a las elecciones”, apunta un comunicado de prensa.

“DICTADURA MODERNIZADA”

A propósito de la publicación de ambos informes, UNIVERSIDAD conversó con Allen Cordero, quien además de ser integrante del Comité de Solidaridad con el Pueblo Hondureño, es director de la Escuela de Sociología de la UCR y posee un doctorado en filosofía.

¿Cómo ha evolucionado la situación en Honduras desde las elecciones?

Definitivamente no funciona un orden democrático hace tiempo en Honduras, tanto por factores inmediatos y de tipo coyuntural, como por factores más mediatos, incluso históricos. La democracia en Honduras es prácticamente inexistente desde el golpe a (Manuel) Mel Zelaya el 28 de junio del 2009; estamos prácticamente en una situación de dictadura. Ya era una democracia muy limitada, pero a partir de ahí se inaugura un periodo dictatorial y más bien podemos hablar de una dictadura con fachada democrática.

El detonante para derrocar a Zelaya fue que pretendió hacer una consulta no vinculante sobre la eventual realización de un referendo sobre la reelección del Presidente. Luego la Sala Constitucional hondureña decidió que Juan Orlando Hernández se podía reelegir.

–Esa fue la justificación jurídica y política de los organismos que le dieron el golpe. Hay otras razones que tienen que ver con los cambios sociopolíticos, porque ya venía un descontento de parte de los sectores oligárquicos por algunas reformas que impulsó, de manera hasta cierto punto extraña, Zelaya, viniendo él de la oligarquía. Aumentó el salario mínimo de manera significativa, eso fue una medida progresiva que fue repudiada por los sectores conservadores de la oligarquía, que son los que me parece que acompañan la estructura de poder en Honduras.

Esa fue la justificación más inmediata de tipo jurídico política –el tema de la cuarta urna–, pero ya querían dar el golpe y a partir de ahí se instala un Gobierno más de corte militar; después van a las elecciones donde gana Profirio Lobo, pero ya con un régimen político muy controlado.

A esas alturas ya se hablaba de persecución de periodistas, quema de emisoras de radio en zonas rurales, una represión amplia.

–Absolutamente. Tanto a nivel informativo como a nivel de los movimientos sociales, el campesinado ha seguido dando luchas importantes y ha sido completamente perseguido con decenas de asesinatos y persecuciones. El caso más sonado es el de Berta Cáceres, pero es una situación dictatorial abierta.

Entonces, esta situación que se dio con las elecciones es una continuación de una democracia muy limitada, que funciona solo mientras se establezca en los canales que a la oligarquía le interesa, pero cualquier pequeño desborde es reprimido, como sucedió con esta situación de un fraude escandaloso que provocó que hasta organismos muy conservadores, como la Organización de Estados Americanos (OEA), hablara de fraude y de varias situaciones anómalas; su propio secretario general (Luis) Almagro –que se caracteriza por su posición ultra reaccionaria ante Venezuela– tuvo que reconocer situaciones anómalas.

No podemos hablar de democracia en Honduras, podemos hablar de dictadura con algunas medidas democráticas o de transparencia, porque tiene que revestirse de alguna legitimidad.

El tema muy sensible ahorita es el de la corrupción, es una bandera de mucha actualidad planteada por los organismos internacionales y por Estados Unidos. Hace poco se capturó a Rosa Elena Bonilla, la esposa del expresidente Lobo, por asuntos de corrupción. Son medidas de gobernabilidad que la dictadura ejerce para recubrirse de cierta legitimidad, es decir, asume una bandera democrática y social que es la de la transparencia, probidad, la lucha contra la corrupción, y se ejecuta esta captura que es de consumo popular amplio y tiene una función legitimadora.

Es una dictadura modernizada, con técnicas de gestión relativamente modernas.

¿Hasta dónde llegan esas técnicas de gestión modernas para encubrir los sucesos tan graves que se dieron en el escenario postelectoral y que se mantienen?

En una gestión dictatorial se pierde la compostura, predomina la dictadura que hace fraude y el hueco del conteo electoral no se puede remediar; hasta donde sé no se ha justificado técnicamente de manera coherente. Por eso la tesis del fraude es muy fuerte: va ganando el candidato opositor, de pronto se va la luz, regresa, se abre de nuevo el telón y va ganando el otro. Eso no se ha podido explicar. Así funcionan las dictaduras, con cosas que hay que creer, y si no las creemos ahí está el ejército.

Sigue funcionando un régimen dictatorial pero tiene que revestirse un poquito para ser más potable. No solamente está el asunto de Elena Bonilla, sino que una de las medidas, entre comillas más democráticas, fue el llamado al diálogo nacional con la oposición. Hernández busca legitimarse, busca justificaciones democráticas y una de esas políticas es querer dialogar. Creo que ahí la oposición cometió errores, porque si estaba denunciando fraude, e incluso llamó a la insurrección popular, no era muy conveniente meterse en el diálogo, porque legitimó la dictadura.

¿Qué opinión le merece el papel que ha jugado Costa Rica desde que se dio el golpe de Estado a Zelaya y ahora al darse esta elección rodeada de todos estos sucesos?

Muy débil, poco costarricense, poco Acción Ciudadana (PAC), poco Luis Guillermo Solís, que conoce tan bien la situación de Centroamérica y que él mismo se ha reconocido como un defensor de los derechos democráticos a nivel no solamente nacional, sino centroamericano con su gran conocimiento de la historia y la política actual.

Muy pusilánime, porque debió jugar una posición más contundente, si Costa Rica quiere mostrar cierta dignidad democrática en el contexto centroamericano, tenía que tener una posición más fuerte, de denuncia. En muy poco tiempo la dictadura se ha venido consolidando.

Juan Orlando Hernández toma el poder el 27 de enero y nuestro embajador Eugenio Trejos asiste a la toma de posesión, él tiene una trayectoria no solamente democrática, sino de lucha social en Costa Rica. No es muy elegante en tan poco tiempo darle créditos democráticos a esta dictadura, y créditos importantes, porque Costa Rica, mal que bien, conserva una imagen de país civilista y democrático, y si el Embajador va a la toma de posesión y no decimos nada, no solamente vamos, sino que saludamos; con eso ayudamos a legitimar una dictadura, ponemos el capital democrático de Costa Rica al servicio de una dictadura. Me parece fatal.

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