La medida emitida por el Gobierno central de que la población se mantenga en los hogares para evitar una propagación masiva del COVID-19 es vivida por las familias costarricenses de forma desigual, según un artículo publicado por el Programa Estado de la Nación.
El análisis desarrollado por los investigadores Pamela Jiménez Fontana, Natalia Morales Aguilar y Rafael Segura Carmona evidencia que las brechas sociodemográficas y económicas que existen en Costa Rica tienen un mayor impacto en las familias más vulnerables.
Cuando se trata de distanciamiento físico por largos períodos, no todos lo pueden enfrentar de la misma manera, pues de los 1,6 millones de hogares que hay en el país, 9% son viviendas en mal estado y 2% están en hacimiento (más de 3 personas por dormitorio).
“Aproximadamente un 15% de las casas mide menos de 40 metros cuadrados, mientras que un 27% supera los 100 metros cuadrados, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, además, se estima que 104.000 viviendas (7%) no tienen acceso a servicios básicos como agua, luz y manejo de residuos sólidos”, señaló Morales.
Sumado a esta situación, manifestó el investigador Segura, existen muchos efectos negativos relacionados con el distanciamiento físico, los cuales se pueden paliar mediante la conectividad remota, a través de herramientas digitales.
Esto es una realidad para el 79% de la población con mayores ingresos del país, que tiene una computadora en su hogar, pero solo es posible para el 25% de las personas con menores recursos. Y un 40% de las viviendas de Costa Rica no tienen acceso a Internet, ni por cable coaxial, fibra óptica o teléfono fijo.
Necesidades mínimas
Por otra parte, al tener que quedarse en casa durante las últimas semanas, no todas las familias cuentan con las mismas posibilidades de abastecerse de alimentos o hacer uso de los servicios de comida a domicilio, dado que unos 225.900 hogares (21% de la población) ya se encontraban en condiciones de pobreza, antes de la crisis sanitaria. De ellas, 93.500 ni siquiera contaban con los ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas alimentarias.
Aquí se plantea una situación que pone en desventaja a los integrantes de los hogares costarricenses, quienes probablemente han visto limitadas sus posibilidades para alimentarse.
“Está claro que las medidas sanitarias y de distanciamiento físico que ha implementado el Gobierno en las últimas semanas tiene el fin de evitar un colapso del sistema de salud y tener la menor cantidad de personas fallecidas, sin embargo, las brechas sociodemográficas hacen que la forma de enfrentarlo sea muy distinta para las familias”, detalló la investigadora Jiménez.
Precisamente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) emitió un informe especial, en el cual analiza los principales efectos económicos y sociales de la pandemia en América Latina y el Caribe.
Alicia Bárcena, directora de la Cepal, señaló que previo a esta situación, la región crecería a un máximo del 1,3% durante el 2020, pero con la crisis la previsión cambió y se espera una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos un 1,8% en un escenario muy positivo.
“El COVID-19 afectará a la región por la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales; por la caída de precios de productos primarios; la interrupción de las cadenas globales de valor; la menor demanda de servicios de turismo (uno de los sectores más afectados) y porque se intensificará la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales”, detalló Bárcena.
Todos estos elementos incidirán en mayor o menor medida a cada país, pero lo cierto es que las desigualdades latentes serán las que marquen el desarrollo de cada sector población.
El análisis de la Cepal coincide con el Estado de la Nación, en que, dadas las desigualdades económicas y sociales de la región, los efectos del desempleo afectarán de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios.
“Es probable que la crisis aumente el empleo informal como estrategia de supervivencia. En 2016 el 53,1% de los trabajadores de América Latina y el Caribe trabajaba en el sector informal; es probable que las familias más pobres envíen a sus hijos al mercado de trabajo, lo que aumentará las tasas de trabajo infantil”, detalla el informe de la Cepal.
