La pandemia por el COVID-19 puso en evidencia el retraso que varios países de la región centroamericana tienen en desarrollo social, inversión pública, salud y educación; así como la creciente corrupción.
El golpe del virus ha ido directo a las principales debilidades de las naciones del istmo, que durante años han sido una mezcla tóxica, y que han llevado a preocupantes índices de pobreza, desigualdad, violación de derechos humanos, desnutrición y otros tantos padecimientos que los convirtieron en cultivo para su expansión.
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Las denuncias en muchos países no se han hecho esperar. Hay equipos de protección beneficiando a ciertos sectores, compras de insumos médicos que al final no fueron utilizados, infraestructuras de salud pública en pésimas condiciones y colapsadas, subregistro de casos e incluso falta de testeo.
La corrupción que corroe
Por ejemplo, medios panameños han informado sobre la suspensión de un contrato para un sistema robotizado de almacenamiento, distribución y entrega de medicamentos por $168 millones, licitación que favoreció a la empresa Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V., la cual es investigada en México.
También se identificó en ventas callejeras mascarillas con el logotipo del hospital público Santo Tomás, un tema que está en investigación; así como la entrega de bonos por un valor de $20 cada uno y que fueron destinados en calidad de ayuda por el Gobierno a familias que no reciben salarios, ni otros recursos en la cuarentena; al parecer hubo personas que recibieron varios estipendios.
La Fiscalía de Panamá también abrió una investigación por una supuesta compra, a través del Viceministerio de la Presidencia, de ventiladores mecánicos para pacientes COVID-19 con precios inflados.
UNIVERSIDAD intentó conversar con varios expertos panameños sobre la situación; sin embargo, ninguno estuvo anuente por temor a represalias. Mientras tanto, el país canalero vive una escalada de casos que ha saturado los servicios de salud.
Por su parte, en Guatemala el Gobierno anunció la salida de dos viceministros de salud, uno de ellos investigado por el Ministerio Público, porque presuntamente era proveedor del Estado siendo funcionario de la cartera gubernamental. Además, valoraron que sus acciones habían sido incompetentes para contener el virus.
“El nuevo equipo empezó hace una semana, no sabemos qué pasará; pues hay poca información al público. No hay pruebas, el Laboratorio Nacional de Salud está cerrado, hay una venta libre de testeo en el sector privado, un colapso de los servicios de salud, muchos fallecidos y el personal de primera línea sin equipos de protección personal”, denunció Karin Slowin, salubrista y analista de política pública social.
Además, el Congreso guatemalteco aprobó en marzo una serie de incrementos presupuestales para la asistencia alimentaria a la población urbana y rural, así como trabajadores informales. Estos programas de asistencia social, dijo la experta, son de muy baja ejecución y apenas están comenzando a entregar alimentos.
Por otra parte, se supone que el Gobierno había negociado con las empresas telefónicas y de electricidad para que no cortaran los servicios, pero ninguna ha cumplido.
En Honduras, contó el periodista Arturo Nolasco, también hay un serio problema de presunta corrupción, pues se compraron siete hospitales móviles a una empresa de fabricación turca; Inversiones Estratégicas de Honduras era la encargada de gestionar esas compras.
“Al parecer se dio una estafa por $47 millones y no sabemos si vamos a poder contar con esos hospitales a tiempo para afrontar la pandemia, en medio de un crecimiento de casos siguen las denuncias de corrupción con los fondos que fueron aprobados para enfrentar la crisis”, manifestó.
En El Salvador las cosas también están difíciles, de acuerdo con Alfredo Carías, periodista medioambientalista, quien señaló que mientras la población sale con banderas blancas a pedir alimentos, el Gobierno gestionó la entrega de bolsas de comida valoradas en $50 cada una, pero cuando se entregaron los paquetes se pudo determinar que estaban sobrevaloradas y no superaban los $10.
“El Gobierno comenzó a repartir $300 por familia a quienes se quedaran en casa, se dio una aglomeración de personas y tuvieron que echar marcha atrás e idear otro sistema de entrega. Además, el ente fiscalizador detectó que había unas 100.000 personas a quienes les entregaron esos dineros y no había ningún comprobante. Las autoridades se han caracterizado por tomar decisiones improvisadas, sin logística y sin visión médica”, indicó Carías.
Pero no solo se ha tratado de casos de corrupción, sino de problemas a la hora de contar con datos confiables sobre la cantidad de personas que se han visto afectadas por el COVID-19.
Una muestra es Guatemala, donde a la fecha se estiman unos 17.409 positivos por la enfermedad; no obstante, es el país que menos pruebas hace. Con poco control de lo que se realiza en el sector privado, en los hospitales públicos recientemente se agotó la dotación de pruebas y el Laboratorio Nacional de Salud fue cerrado por brote.
En Nicaragua, pese a que el Gobierno insiste en que solamente han detectado 2.519 casos positivos y 83 muertes, el Observatorio Ciudadano estima que las cifras podrían rondar los 6.775 enfermos y 1.878 fallecidos.
Adicionalmente, la poca inversión en salud pública y el no establecer un sistema hospitalario eficiente ha provocado una saturación y colapso en la atención de enfermos por COVID-19.
Faltan equipos de protección
En todos los países de la centroamericanos la protección de los trabajadores que se encuentran en la primera línea de atención ha sido motivo de críticas, y en naciones como Honduras, El Salvador y Guatemala hay una gran cantidad de funcionarios que se han infectado.
La problemática radica no solo en que no se gestionaron a tiempos los insumos de protección, sino también en que al inicio se le restó importancia a la necesidad de dar al personal médico y de salud las condiciones idóneas para atender a los enfermos.
De esa forma, en lugares como El Salvador no se gestionó a tiempo la compra de equipos de protección, y no se han entregado con la prontitud requerida. Tampoco se instruyó a la población sobre la necesidad de incrementar las medidas de higiene, el lavado de manos y el distanciamiento social.
Otro elemento en el país centroamericano es la restricción del transporte público y se prometió que se establecerían buses para transportar al personal de salud. Sin embargo, muchos no han tenido acceso a este beneficio y se tienen que movilizar apuñados en las cajuelas de camiones.
En Costa Rica, al inicio de la pandemia muchos trabajadores del sector salud denunciaron que no recibían los equipos de protección, incluso recibieron órdenes de no usar las mascarillas que habían adquirido por sus propios medios para no generar temor en la población. Incluso, a la fecha, siguen las quejas en muchos centros de salud donde aseguran que no tienen todo el equipo necesario.
De esta forma, Centroamérica se enfrenta cara a cara al espejo de sus errores del pasado, y la presión de muchos sectores, por hambre o necesidad de reabrir las economías, puede convertirse en un bumerán.
Para la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, la reapertura requiere medidas de salud pública que faciliten el rastreo de nuevos casos y que los países desarrollen la capacidad suficiente para detectar y controlar los nuevos brotes.
“La transmisión en el área debería estar disminuyendo de manera sostenible, las muertes deberían disminuir y las tasas de ocupación de las camas hospitalarias deberían ser bajas antes de que se relajen las restricciones”, agregó.
