“No nos habían dado pelota, pero ahora sí nos dan pelota, ahora que las cámaras empresariales presionaron bastante”, dijo el empresario José Pablo Chaves Zamora, accionista de la empresa concesionaria de puerto Caldera sobre la decisión del presidente Rodrigo Chaves de negociar de manera directa la ampliación del contrato hasta el 2031, a cambio de posibles inversiones que mitiguen la actual saturación de esa terminal.
Chaves Zamora, financista de la campaña electoral de Rodrigo Chaves y de otros partidos, es hijo del conocido empresario Calixto Chaves, quien ahora funge como consejero o asesor ad honorem del mandatario actual, de quien fue su director de campaña en la contienda previa a la segunda ronda del 2 de abril.
Años después de un pulso sobre abrir a licitación internacional la administración del puerto en el Pacífico a partir del 2026 o renovar el contrato con la actual empresa (formada por la empresa de la familia Chaves Zamora más contrapartes mayoritarios extranjeros), Rodrigo Chaves anunció en el día 42 de su gobierno que irá por mantener en manos de esa empresa la operación portuaria cinco años más, hasta el 2031.
“No tengo participación en ese tema del puerto. Ese es un asunto de las cámaras que han presionado para que les resuelvan la emergencia. Yo no estoy en la empresa (parte del consorcio), ahí los que están son mis hijos. Yo con el gobierno de don Rodrigo estoy como consejero y cosas de amigos, pero no en un puesto. No he tenido interés porque ya cumplí mi función. Fue suficiente el trabajo de la campaña. Uno ayuda en algo cuando le piden consejo en razón de la experiencia, porque yo ya viví en el gobierno de Luis Alberto Monge la crisis del 82 (…)”. Calixto Chaves, consejero de Rodrigo Chaves
Esto lo dijo el mandatario tras una reunión con dirigentes de cámaras empresariales que aseguran estar pagando altos costos por la saturación del Puerto Caldera, aunque Calixto Chaves dijo a este Semanario que no tuvo nada que ver con esas gestiones y ahora tampoco con la firma Logística de Granos Sociedad Anónima (19% del consorcio Sociedad Portuaria Caldera), integrada por sus hijos José Pablo y Mónica, además de su esposa Rosa Lidia Zamora. Así consta en una constancia notarial fechada este 15 de junio y aportada a este Semanario por José Pablo Chaves, quien aseguró que su padre abandonó la participación accionaria “este año”.
La SPC está formada en 51% por capital de la empresa chilena SAAM, 21% por la firma costarricense RyS, 9% por la colombiana Amparo Pinzón e Hijos y 19% por la empresa de la familia Chaves Zamora, esta con un un capital social de $1.520.000.
“No hablo en nombre de la empresa concesionaria, pero sí de parte de los accionistas y le puedo decir que (la ampliación del contrato del puerto de Caldera) es algo que se venía tratando de trabajar, pero ahora fue por una reunión con las cámaras y usuarios del puerto, que ya están frustrados y quieren soluciones rápidas. Nosotros como accionistas queremos ver qué pedirá el Gobierno, ver qué inversiones se pueden hacer”, dijo José Pablo Chaves a UNIVERSIDAD.
Rodrigo Chaves dijo que instruirá al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) para que inicie cuanto antes la negociación. Aunque el objetivo es también impulsar una licitación internacional para el futuro, la SPC obtendría el beneficio de extender la explotación de la concesión 5 años adicionales a los 20 del contrato original y mantenerse durante toda esta década.
A cambio la concesionaria debería desarrollar obras “de mitigación” para desahogar el puerto, las cuales no están claras aún y alcanzarían un costo cercano a los $40 millones, según José Pablo Chaves.
El empresario descartó que entre esas obras está aumentar el calado para poder recibir barcos más grandes, una de las tareas que señaló como prioritaria la empresaria de logística Mónica Segnini, quien como presidenta del Consejo de Competitividad y directora de la Cámara de Comercio participó el lunes en la reunión con Rodrigo Chaves e intervino en la conferencia de prensa.
“La empresa concesionaria deberá hacer inversiones que mitiguen la crisis que tenemos, como mayor calado para poder recibir de manera directa más mercancías”, opinó Segnini, quien señaló que la situación actual hace imperativa la extensión del contrato. “Llevamos preocupados por esto durante varios años, pero la situación se hace más difícil por la crisis de contenedores más los efectos de los ataques informáticos y de la guerra en Ucrania”, dijo la empresaria.
Otro filtro que debe superar la medida anunciada por Rodrigo Chaves será la Contraloría General de la República, que en años recientes se ha opuesto a los intentos de negociación directa para firmar un nuevo contrato con SPC, debido a que considera improcedente el formato legal que proponía INCOP en la administración anterior.
“Nosotros como accionistas queremos ver en qué pedirá el Gobierno que invirtamos, para eso hay un plan maestro. Ya sabemos que el tema de la licitación no es tan fácil. Se necesitan aprobaciones de tarifas, planos, muchas aprobaciones que no se pueden hacer tan rápido. Y si se pudiera, igual en este tiempo no se invertiría ni un colón al puerto. Por eso ahora hablamos de inversiones mitigantes, que podrían llegar a $40 millones o quizás más”. José Pablo Chaves Zamora, accionista en concesionaria SPC
En julio de 2020 se habían lanzado negociaciones de Incop con la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera de Puerto Caldera (SPGC), empresas distintas de un mismo capital de origen que tienen ahora la concesión de servicio y de desarrollo de infraestructura portuaria.
Los abogados de la concesionaria y de INCOP se habían puesto de acuerdo para avanzar en la renovación contractual, pero el intento se frenó por trabas legales y administrativas, además de la pretensión del gobierno anterior de acudir a una licitación abierta, pues empresas asiáticas habían manifestado interés también.
Mientras crecía la inquietud de empresarios por el colapso de los servicios en el puerto pacífico, llegó el cambio de gobierno y con él la decisión de mantener a SPC hasta el 2031, aunque eso aún depende de la negociación sobre posibles inversiones. Para eso Chaves encomendó la tarea a Widman Cruz, su presidente ejecutivo designado para el INCOP, dijo el mandatario en la conferencia de prensa posterior a la reunión en la que no estuvo el consejero Calixto Chaves ni familiares suyos, confirmaron los presentes.
