El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) identificó un “esquema oscuro” de financiamiento en la pasada campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) el cual habría utilizado dos estructuras paralelas de financiamiento, según el informe preliminar que entregó al Ministerio Público donde hay dos causas abiertas por este caso.
La primer estructura paralela se relaciona con el uso del fideicomiso privado Costa Rica Próspera y el encubrimiento de fondos provenientes de personas físicas, jurídicas y extranjeras para gastos electorales, como el pago de la casa de campaña.
El Código Electoral prohíbe la creación de estructuras de financiamiento paralelas para financiar actividades políticas del partido sin la supervisión de la estructura partidaria reconocida por el Tribunal y fuera de las cuentas oficiales.
Esta estructura involucra a 20 personas que estarían expuestas a entre dos y seis años de prisión por delitos electorales, entre ellas a seis que ocupan cargos públicos:
- Rodrigo Chaves, presidente de la República
- Stephan Brunner, vicepresidente de la República
- Arnoldo André Tinoco, canciller
- Luz Mary Alpízar, diputada por San José y presidenta del PPSD
- Paola Nájera, diputada por Cartago
- Waldo Agüero, diputado por San José
La segunda estructura aparentemente se habría utilizado para impulsar de forma focalizada la candidatura de Agüero e involucra a su hija Sofía Agüero y a su jefe durante campaña, Jack Loeb, empresario, banquero y donante de campaña del PPSD.
El Ministerio Público analizará si, como lo indicó el TSE, se cometieron delitos por el pago de facturas, recepción de contribuciones, donaciones o aportes por medio de estructuras paralelas y por medio de fuentes prohibidas, como sociedades anónimas o personas extranjeras como se estipulan en los artículo 273, 274 ,275 y 276 del Código Electoral.
Además, el Tribunal también indica al Ministerio Público que “a la luz de los hallazgos” la investigación de la Fiscalía deberá determinar si se cometieron otros delitos mencionados en denuncias ciudadanas interpuestas que recibieron y que son contemplados en los artículos 329, 330, 331, y 332 del Código Penal.
Estos artículos están relacionados con ocultar dinero o bienes que provienen de un delito y ayudar a desaparecer o alterar pruebas por favorecimiento personal establecen pena de hasta 4 años de cárcel. La investigación también deberá determinar si hubo legitimación de capitales.
La presidenta del PPSD y diputada electa, Luz Mary Alpízar, aseguró se ha apegado al derecho y la transparencia al dar la información requerida por el TSE “porque creemos en la institucionalidad y el debido proceso”, aseguró que dará más información cuando tenga acceso al expediente y dijo estar “muy clara” de la desacreditación “que quieren hacer” contra su partido.
Nota de la editora: esta nota fue modificada a las 17:50 para incluir las declaraciones de la diputada Luz Mary Alpizar.
