Hacienda solicitará permiso para emitir bonos por $6.000 millones en el extranjero

La propuesta cubre los próximos seis años y llegará al Congreso en los próximos días. Allí, los diputados advierten que no darán el permiso si no está ligado a metas claras de contención para cada desembolso.

El Ministerio de Hacienda informó la tarde de este miércoles que solicitará una autorización de financiamiento externo por $6.000 millones a la Asamblea Legislativa para apoyar la gestión de Hacienda —presionada por el déficit financiero y los vencimientos de deuda—  para los próximos seis años.

Según la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, uno de los objetivos principales es “mejorar el perfil de vencimientos” de la deuda, al tiempo que se beneficia “una participación más ordenada de Hacienda en el mercado”.

En esa línea, la jerarca señaló que otro factor será quitar presión sobre las tasas de interés internas, las cuales ya se ven alteradas por las condiciones de desequilibrio en las finanzas públicas y podrían continuar creciendo de forma descontrolada si no se asegura la captación de recursos en el extranjero para el refinanciar las obligaciones estatales.

Al respecto, la ministra explicó que “las necesidades de Hacienda para 2019 y 2020 son tan altas que financiarlas solo en el mercado local generaría es un aumento muy importante en las tasas internas, no sólo para Hacienda sino para todo el mercado, con el impacto que eso tendría para los préstamos de las empresas y de las personas”.

Según el Ministerio, la solicitud tendría un tope de hasta $1.500 millones para las emisiones en los primeros dos años; mientras que para los siguientes cuatro el límite se quedaría fijado en $1.000 millones.

Los montos podrían ser negociados por Hacienda en dólares, aunque también se abriría la puerta para que lo hagan en monedas por montos equivalentes.

La solicitud, indicó la cartera de Hacienda, llegaría al Congreso como un texto sustitutivo del proyecto 20.535, el expediente que presentó la administración anterior sin mayor éxito en octubre pasado.

Entre otras acciones, el texto abrirá las puertas para contratar líneas de crédito internacionales, realizar canjes de deuda y aplicar garantías para “reducir el costo de las emisiones”, así como “canjear, consolidar, convertir, renegociar y reestructurar” las obligaciones financieras para optimizar sus condiciones.

El anuncio oficial de esta medida lo realizó Hacienda hasta este miércoles; sin embargo, la ministra Aguilar ya había hablado sobre esta autorización en varias ocasiones anteriormente.

La medida siempre la relacionó con la posible aprobación de la reforma fiscal, hecho que —ha dicho— abriría una opción para concretar opciones crediticias por al menos $1.000 millones en los mercados internacionales.

Con frenos

Ante el anuncio de Hacienda, los diputados de las fracciones mayoritarias de oposición indicaron que aguardarán para conocer con detenimiento el proyecto; sin embargo, ya pusieron sobre la mesa algunas condiciones que podrían disponer para su aprobación.

Por el lado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el diputado Pedro Muñoz indicó que no darán una autorización “sombrilla” de todo el financiamiento sin que existan condiciones para cada desembolso, las cuales —de no estar contempladas en el proyecto de Hacienda—  incluso buscarían agregar por su cuenta.

“No me parece que no hayan condiciones ni requisitos, es como dar un cheque en blanco y eso es lo que tenemos que ver, si ella no presenta las condiciones habrá que mocionar para ponerle reglas a esto y que no sea por la libre”, indicó.

Similar opinó la liberacionista y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández, quien señaló que desde el PLN se inclinarían por que cada desembolso “esté amarrado a medidas de contención del gasto”, estén o no directamente en el texto.

No obstante, Hernández —a diferencia de Muñoz— cerró la puerta a la posibilidad de que se aprueben tractos por separado, pues consideró que cada desembolso debería evaluarse de una forma “técnica y objetiva” predispuesta para evitar que cada aprobación pueda ligarse a apreciaciones de corte puramente “político”.

También señaló, a diferencia de la postura del PUSC, que no vería conveniente que la bancada del PLN propusiera las condiciones del juego, pues si bien “la Asamblea Legislativa tiene una corresponsabilidad para lograr que los proyectos de ley que tiene el Ejecutivo para la contención del gasto se aprueben, no ve a una bancada de oposición —cualquiera que sea— armando un paquete de proyectos que el Ejecutivo ni siquiera iría a implementar” para ello.

Medidas ya contempladas

Ante la reacción de los diputados, la ministra Aguilar comentó ante la consulta de este medio que “la Asamblea Legislativa siempre tiene en sus manos el presupuesto de la República” y agregó que además, “de aprobarse ya el expediente 20.580, se abrirían herramientas para tener una mayor moderación en el gasto, especialmente en materia de destinos específicos y de regla fiscal”.

Según Aguilar, estas son garantías suficientes sobre la contención que debería aplicar el gobierno, más allá de cualquier meta que podría dibujarse.

Eso sí, indicó que el financiamiento sería necesario incluso si la reforma tarda más de lo esperado en aprobarse, por lo que el proyecto para colocar los bonos continuaría de cualquier forma.

Sobre ese punto, Aguilar indicó que el financiamiento, quiera o no, “va a ser una necesidad”, pues “las sumas que provienen de la reforma para el año 2019 entran en su mayoría hasta seis meses después” y existe una importante demanda de recursos.  

“Esto fundamentalmente tiene que ver con la cuantía y con la imperiosa necesidad de no afectar el mercado local demandando esa cantidad de recursos (en el mercado interno), que lo que haría es encarece todos los fondos, especialmente de las personas que tienen deudas en dólares o en colones”, subrayó.

Según la ministra, la idea es que —cualquiera que sea el escenario— no se agregue “un costo mayor” a los costarricenses por las gestiones financieras del Estado.

Al respecto, el diputado Muñoz señaló que si bien la idea de colocar en el extranjero le parece correcta, “lo que no se vale es  dejar todo aprobado en adelante”, pues su punto de vista sería que cada paso que dé Hacienda “quede sujeto a condiciones o que venga a pedir permiso cada que haya cumplido con ciertos avances”.


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