Las proyecciones realizadas por el Ministerio de Hacienda sobre el marco presupuestario de mediano plazo (2019-2023) presentan un panorama de restricciones del gasto público durante varios años (ver el gráfico).
La regla fiscal, introducida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, establece que si la deuda pública supera el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la administración podrá poner en efecto algunas de las siguientes restricciones: ajustar las pensiones solo por la inflación, contraer deuda solo para bajar su costo o para gastos de capital, no ajustar los salarios del sector público por la inflación y solo realizar rescates financieros cuando la Asamblea Legislativa lo autorice mediante una ley.
salarios”.(Foto: Katya Alvarado).
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, aseguró en entrevista con UNIVERSIDAD que el país todavía está a tiempo de evitar ese escenario.
Además, explicó que las proyecciones se realizaron midiendo únicamente los efectos esperados una vez que entre en vigor, en su totalidad, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y no los de otras reformas que están pendientes. Agregó que los escenarios pueden modificarse con la continuación de reformas institucionales y en caso de mejorar el crecimiento económico tanto interno como externo.
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“Tenemos plazo para alejarnos del peor de los escenarios”
Sin embargo, la funcionaria aseguró que el sector social seguirá siendo prioritario como destino del presupuesto nacional, pues, a pesar de la regla fiscal, así lo ordena esa misma ley. Además, dijo que tales medidas extraordinarias son alternativas que la ley habilita y no un mandato de aplicación.
“Aún con esas medidas extraordinarias, yo debería privilegiar, darle recursos al sector social, en vez de ajustar salarios, por ejemplo. Porque la ley le está dando una importancia jerárquica al sector social. Nos ubica para que el sector social sea estratégico”, afirmó. (Ver: “Tenemos plazo para alejarnos del peor de los escenarios”).
El exministro de Hacienda durante la segunda administración de Óscar Arias, Guillermo Zúñiga, expresó, mediante un blog, su preocupación por el efecto de tales proyecciones.
De darse los peores escenarios, “lo que se debe aplicar es muy restrictivo. Como ya el año entrante cerraremos con una deuda superior al 60 por ciento del PIB y esta condición la vamos a experimentar por largo tiempo, es que yo interpreto que el país está llegando a un punto de inflexión, no solo en su situación fiscal, sino en su proceso de desarrollo”, agregó.
Siendo Ministro de Hacienda, a pesar del creciente déficit fiscal y de la deuda pública, Zúñiga aumentó fuertemente el número de plazas en el Estado y elevó los salarios públicos. En el caso de los profesionales en ciencias médicas, esta alza exigió la aplicación del “enganche salarial”, el cual llevó a una fuerte alza del costo salarial para la Caja Costarricense del Seguro Social.
Consultado sobre si tomó las decisiones apropiadas en aquel momento, el exministro respondió que “el llamado ‘enganche’ salarial de los médicos no se creó en la Administración Arias. Tiene su origen en la ley 6836 de diciembre de 1982”. Además, envió un cuadro con las 13.514 plazas creadas con cargo al Presupuesto Nacional durante los cuatros años de su gestión.
A la pregunta de si entre las medidas adicionales que en su opinión debían tomarse estaba la venta de empresas públicas, respondió que “esta pregunta es irrelevante, pues hoy no tengo el poder para decidir en la política pública”.
Por su parte, la coordinadora del Observatorio Económico y Social de la UNA, Roxana Morales, dijo que “desde un principio se sabía que la reforma fiscal aprobada no era suficiente para darle sostenibilidad a las finanzas del Estado. La propuesta que nos trajo la ley fiscal resultó, como ya lo había señalado en su momento, insuficiente”.
A partir de los escenarios proyectados, añadió que “es difícil determinar con certeza el impacto que la regla fiscal tendrá sobre la inversión social, ya que mucho dependerá de las decisiones de reacomodo del presupuesto. Es decir, el Gobierno de turno podrá decidir si sacrifica otras partidas antes que la inversión social. No obstante, es claro que como el servicio de la deuda tomará cada vez mayor peso dentro el presupuesto (al menos hasta 2024), habrá menos margen para ajustar las demás partidas del gasto y, por ende, es altamente probable que el gasto social se reduzca”.
Además, agregó que, “en el corto plazo, es urgente que el Gobierno plantee medidas para reducir la evasión y la elusión fiscal, atacar el contrabando, aumentar la formalidad de las empresas y los trabajadores, entre otras, que redunden en una mayor recaudación de impuestos. Así mismo, se deben implementar diferentes medidas que permitan la reactivación económica, ya que, si la economía no crece, tampoco lo harán los ingresos fiscales”.
Afirmó que “el país debe tomar decisiones importantes sobre el tamaño del Estado y sobre su financiamiento; es decir, necesariamente debe aumentar la carga tributaria para poder sostener el gasto actual y parte de ello se lograría mediante un aumento en los impuestos de renta y/o ventas. La otra opción será necesariamente reducir el tamaño del Estado”.
