La propuesta del Gobierno es que un 31,7% de recursos destinados a reforzar seguridad ciudadana provengan de los servicios de transporte estudiantil del Ministerio de Educación Pública (MEP), lo cual impediría dar este subsidio a 6.566 estudiantes, advirtió hoy la Contralora General Martha Acosta.
Acosta compareció hoy ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que analiza la segunda modificación legislativa al Presupuesto de la República para el ejercicio 2023.
Antes de la exposición de Acosta, se realizó la comparecencia de Priscilla Zamora, ministra a.i. de Hacienda, quien explicó la modificación propuesta a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para financiar seguridad ciudadana.
Zamora señaló que Hacienda propone trasladar ¢5.964 millones adicionales al Ministerio de Seguridad Pública, principalmente para la Operación Costa Rica Segura; y ¢36 millones al Ministerio de Justicia y Paz, para la compra de pólizas de responsabilidad civil para los policías penitenciarios.
Los recursos provendrían de dos rebajas, una de ¢2.800 millones al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), provenientes de programas que ya muestran avance pero no lo suficiente para ser ejecutados; y ¢3.200 millones del MEP.
La polémica surgió porque ¢1.900 millones de los recursos que se le rebajarían al MEP provienen de la subpartida de transporte estudiantil.
Contralora refuta a ministra a.i. de Hacienda
Zamora, sin embargo, afirmó que “es un tema de hacer un sacrificio ante una situación que lo amerita”; insistió en que son recursos que se sabe que no se van a poder ejecutar; y aseguró que el servicio de transporte de estudiantes se mantendrá porque los recursos están asignados en la subpartida de las Juntas de Educación.
La funcionaria dijo que los recursos no le harán falta a las Juntas de Educación a final de año.
Por su parte, el Director General de Presupuesto Nacional, del Ministerio de Hacienda, José Luis Araya, indicó que no se suspenderá el subsidio de transporte estudiantil a los estudiantes, sino que se cubrirá a través de las Juntas de Educación. “No le va a provocar ningún faltante” en este sentido, dijo Araya.
No obstante, la Contralora Marta Acosta refutó lo anterior y señaló que no es verdad que los recursos para transporte estudiantil estén completamente asegurados.
“Un 31,7% de recursos destinados a reforzar la seguridad provienen del proceso de contratación de servicios de transporte de estudiantes del MEP, lo que impediría dar subsidio a 6.566 estudiantes”, detalló Acosta.
La jerarca explicó que el MEP les informó en una carta que el presupuesto para transporte estudiantil cubría únicamente el primer semestre de 2023.
Diputados preocupados por recortes
Varios diputados se mostraron preocupados por los recortes en transporte estudiantil y mencionaron casos de comunidades donde ya se enfrenta esta problemática de falta de transporte estudiantil y de recepción de subsidios, como La Carpio, Sarapiquí y Santa Marta de Río Nuevo de Pérez Zeledón.
La diputada liberacionista Sonia Rojas destacó la necesidad de los recursos para transporte y acceso a tecnologías, para que los niños y jóvenes puedan continuar su educación y no sean presas del narcotráfico y de la desigualdad. “No es desfinanciando la educación que se pretende curar el problema de inseguridad. ¿No han analizado quitarle el presupuesto al Sinart y no al MEP?”, cuestionó Rojas.
Los diputados Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Jonathan Acuña (Frente Amplio), criticaron los recortes al sector educación, que ya tiene uno de los presupuestos más bajos de su historia y que incluso ha sido señalado como “inconstitucional”.
Para el 2023, el presupuesto de educación es de un 6,0% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que no cumple con el requisito constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a este rubro. Así lo señaló la Procuraduría General de la República (PGR) ante consulta de la Sala IV.
“Acá tenemos una propuesta del Gobierno que propone ahondar aún más esa inconstitucionalidad”, dijo Acuña, quien apuntó que la propuesta de Hacienda es pretender arreglar el problema jalando la cobija para tapar la cabeza, mientras se destapan los pies. “No invertir en educación es invertir en inseguridad futura”, resaltó.
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