Mientras que el Ministerio de Hacienda considera que puede cobrar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero no el Impuesto sobre la Renta (IR) a los servicios transfronterizos, el economista Bernal Jiménez Chavarría asegura que “la ley de renta en la sección de impuestos sobre las remesas al exterior podría ser la base para el cobro de impuestos sobre los dineros que los costarricenses mandan a estas empresas en el exterior”.
“Pienso que tanto el hecho generador —el envío del dinero al exterior— como la base —el monto enviado— están claramente tipificadas en la Ley de Renta y en la misma se establece también la tasa correspondiente. Por tanto, me parece que existe ya en nuestra legislación una base para cobrar ese impuesto de renta que la Tributación piensa que no hay que cobrar”, agregó (ver el recuadro).
Jiménez reaccionó así luego de saber que, ante la consulta de este Semanario sobre los montos recaudados por el Ministerio de Hacienda correspondientes al cobro del IVA y del IR a los servicios transfronterizos, la Dirección General de Hacienda respondió que “con respecto a renta, no hay una estimación, porque aún no existe una disposición legal que establezca la obligación, la base imponible y la tarifa”.
“El abordar los retos de la economía digital para la imposición a las utilidades empresariales es un tema que está en discusión a nivel mundial, con el fin de buscar un consenso que beneficie tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. La dirección de este proceso está a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que realiza estudios para definir los alcances y métodos para una distribución equitativa de beneficios empresariales generados por los negocios digitales”, argumentó esa Dirección.
La entidad también respondió a UNIVERSIDAD que el monto de recaudación que estima recaudar por el IVA a los servicios transfronterizos en el 2021 es de ¢20.000 millones.
Como informamos en una pasada edición, Jiménez Chavarría calculó, el año pasado, que si el fisco hubiera cobrado también el IR a 51 empresas que ofrecen servicios transfronterizos, del tipo de Uber, Netflix, Spotify, Amazon, etcétera, debió recaudar, por concepto de IVA e IR, aproximadamente $111 millones.
El economista también consideró que, además de cobrar el IR por estos servicios, el Ministerio de Hacienda debe revisar la forma como se realiza el cobro de estos impuestos.
“El sistema implementado es rebajando de las tarjetas de la gente. Esto mina el sistema de cobro vía la factura electrónica, que debe ser la columna vertebral del sistema de cobro de impuestos. Todas las excepciones que se establezcan sobre ese sistema destruyen la capacidad del mismo de generar declaraciones de impuestos y controles automatizados”, enfatizó.
Este desencuentro de opiniones tiene lugar cuando, en el plano internacional, se espera que, en julio próximo, el Grupo Intergubernamental de los 24 (G24), organismo que representa a los países en desarrollo ante el Fondo Monetario y el Banco Mundial, plantee una propuesta concreta para crear un Impuesto Mínimo Global (IMG) a las empresas multinacionales, de modo que especialmente los países menos desarrollados puedan recuperar ingresos fiscales que son desviados a otras geografías, mediante esquemas legales de “planificación fiscal”.
Esta discusión se ha fortalecido tras la elección del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, quien propuso recientemente que el IMG debe ser del 21%, una cifra mayor a la que promueven la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la propia Reserva Federal (FED) estadounidense, las cuales coinciden en que debe tratarse de un impuesto de no más de un 12% a 15% para las transnacionales con ingresos superiores a los $898 millones.
En un artículo titulado “La iniciativa de EE.UU. para que las multinacionales paguen más impuestos”, publicado por La Nación, el economista José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia, celebró que actualmente Washington esté anuente a recuperar $1,9 billones, que se encuentran en el exterior, debido a la Planificación fiscal” que realizan las filiales de las transnacionales estadounidenses.
Puso como ejemplo que, si aquellas establecidas en Irlanda, donde la tasa de tributación es del 12,5%, pagaran el IMG planteado por Biden, “pagarían inmediatamente un tramo adicional del impuesto del 8,5% a las autoridades fiscales de su país”.
La introducción del IMG también es una de las principales recomendaciones del “Informe sobre la integridad financiera para el desarrollo sostenible”, presentado en febrero pasado por un grupo de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas.
Ocampo, por su parte, preside la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), la cual está integrada por la economista Jayati Ghosh y sus colegas Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Gabriel Zucman.
Esta comisión ha planteado que el IMG debería ser del 25%. “Sin embargo, conseguir el 21% sería un paso en la dirección correcta, ya que esto podría generar cuantiosos ingresos mundiales, por lo menos iguales a las pérdidas anuales de $240.000 millones estimadas por la OCDE e incluso podría llegar a los $640.000 millones, según un reciente estudio sobre los posibles efectos recaudatorios de la adopción generalizada de esta medida”, escribió Ocampo.
Además, argumentó que “no se puede ceder al chantaje de las grandes empresas, que repiten que este tipo del 21% sería excesivo y que perjudicaría a los países en desarrollo, pues los privaría de una valiosa herramienta para atraer inversiones”.
Según el economista, “este argumento, que muy extrañamente es retomado por el propio presidente del Banco Mundial, es totalmente erróneo. Los estudios demuestran que cuando una multinacional planea dónde ubicar una unidad de producción la ventaja fiscal aparece, en la lista de criterios por considerar, bastante por detrás de otras cuestiones como la calidad de la infraestructura, el nivel educativo de los trabajadores o la seguridad jurídica”.
Además, el G-24 solicitó que los países menos desarrollados tengan prioridad a la hora de gravar los beneficios que se desplacen a los paraísos fiscales.
En cuanto a la posición de las autoridades costarricenses sobre el IMG, la actitud cautelosa de la Dirección General de Hacienda se suma a la expresada por el ministro de Comercio Exterior, Adrián Valenciano, quien, ante una consulta anterior de UNIVERSIDAD sobre el IMG, respondió que “Costa Rica se mantiene vigilante de la evolución de esta discusión, defendiendo la importancia de que la inversión extranjera promovida por esquemas alineados a los estándares internacionales, como nuestras zonas francas, siga contribuyendo al logro de objetivos de desarrollo nacional, que en el caso costarricense persiguen una visión de sostenibilidad, inclusión, responsabilidad y resiliencia”.
En esa oportunidad, Valenciano añadió que el objetivo del IMG es garantizar un mínimo de tributación que no escape mediante los portillos legales que son aprovechados por la “planificación fiscal”, los cuales, afirma, no ocurren en lo que se refiere al Régimen de Zona Franca costarricense.
Mientras tanto “el gobierno mantiene su compromiso de mantener la estabilidad del régimen de zona franca y la certidumbre para la inversión”, dijo.
El cobro adecuado de impuestos a los servicios transfronterizos, así como la creación del IMG, son herramientas que podrían contribuir a equilibrar las finanzas públicas de países como Costa Rica, cuyas deudas siguen creciendo debido a que arrastran déficits históricos.
Esto quedó confirmado el lunes, cuando el Ministerio de Hacienda dio a conocer las cifras del desempeño fiscal hasta el cierre de abril del presente año.
Si bien se logró un superávit primario de ¢2.409 millones (0,01% del Producto Interno Bruto, PIB) por segundo mes consecutivo mediante la aplicación de la regla fiscal y de otras medidas que redujeron el gasto corriente, el pago de los intereses de la deuda pública continuó creciendo y ascendió a ¢697.495 millones (1,84% del PIB), la cifra más alta de los últimos 15 años.
En cuanto a los ingresos por impuestos, fueron de ¢2.194.139 millones (5,80% del PIB), un 31,16% mayores con respecto al mismo periodo del año pasado.
De ellos, ¢750.051 millones corresponden a la recaudación por el IR y ¢653.261 millones a la del IVA (ver el cuadro).
Economista Bernal Jiménez Chavarría
“Hay base legal para sostener que deben cobrarse esos impuestos ya”
También afirma que la ley exige a las empresas de servicios transfronterizos emitir facturas con el cobro del IVA.
¿Está usted de acuerdo con que un Impuesto Global Mundial del 21%, planteado por la actual administración de los EE.UU., es un buen punto de partida, como sugiere el economista Ocampo?
—Definitivamente, sí. Considero que es un punto de partida razonable y que el profesor Ocampo lo enfoca correctamente.
En caso de que muchos países se pongan de acuerdo o al menos un grupo importante, las empresas que tengan operaciones en muchos países no tendrán más opción que pagar una tasa más razonable de impuesto sobre sus utilidades y no podrán seguir haciendo los movimientos de su base impositiva hacia las jurisdicciones con tasas más favorables.
¿Costa Rica debe involucrarse más en esta discusión en el marco de la OCDE y cuando se produzca la reunión del G-24 en julio próximo?
—Considero que, como política internacional general, Costa Rica debe participar y cooperar en todos aquellos foros en los cuales haya establecimiento de reglas internacionales. Esta sería particularmente importante para un país pequeño y abierto, que tendrá oportunidad de expresar sus opiniones y evaluar de manera temprana cómo establecer reglas justas a nivel internacional y a la vez cómo van a afectar dichas reglas a sus ciudadanos.
¿La prudencia manifestada por el Ministerio de Hacienda en cuanto a gravar también con el Impuesto de Renta los servicios transfronterizos debe mantenerse?
—Pienso que la ley de renta en la sección de impuestos sobre las remesas al exterior podría ser la base para el cobro de impuestos sobre los dineros que los costarricenses mandan a estas empresas en el exterior.
Pienso que tanto el hecho generador —el envío del dinero al exterior- como la base -el monto enviado— están claramente tipificadas en la Ley de Renta y en la misma se establece también la tasa correspondiente.
Por tanto, me parece que existe ya en nuestra legislación una base para cobrar ese impuesto de renta que la Tributación piensa que no hay que cobrar.
Con respecto al IVA, creo que la obligación de emitir una factura existe para todas las empresas que den servicios en el territorio del país.
Si hay empresas que están dando el servicio en el país, pero no están haciendo facturación, podría argumentarse que están incumpliendo la ley. Lo mejor sería que las mismas hicieran la factura y cobraran el IVA como lo hace todo el resto del país.
En sentido contrario, cualquier empresa, como por ejemplo, Lending Tree, que decidiera dar sus servicios en Costa Rica, podría argumentar que los mismos son electrónicos y por lo tanto son servicios transfronterizos digitales y hacer que la gestión de hipotecas, que es el servicio que ellos realizan y que hoy está generando impuestos deje de hacerlo en el futuro. Una parte que hoy está dentro de la economía del país y contribuye fiscalmente dejaría de hacerlo, siendo que la realidad económica de ambas situaciones es la misma.
El mismo argumento lo puede hacer una empresa de consultoría financiera que, al
colocar servidores en la nube fuera del país, pasaría de pagar a no pagar impuestos de IVA y Renta en el país. Así podría trasladar, al menos parcialmente, sus utilidades a otra localidad con menor tasa imponible y eludir la establecida en Costa Rica.
Siguiendo el argumento de la Tributación Directa, no existiría base legal para el cobro del Impuesto sobre la Renta. Este es un ejemplo de cómo se da la erosión de la base que el Gobierno de los Estados Unidos y la OCDE proponen eliminar.
Creo que en Costa Rica la ley ya prohíbe pagar remesas al exterior sin pagar impuestos de renta.
También exige la ley del IVA que los servicios que se realizan en el país se facturen y por tanto estén sujetos al IVA.
¿Qué observación puede hacer sobre las cifras de lo recaudado hasta el momento por la aplicación del IVA a los servicios transfronterizos?
—Me parece que las cifras son muy pequeñas con relación a la estimación hecha por nosotros. Sé que aún existen muchas empresas que no cobran impuestos y que continúan dando servicios dentro del territorio nacional. Creo que hay base legal para sostener que deben cobrarse esos impuestos ya.
