Hacienda expondrá plan fiscal a diputados y Gobierno electos

El proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas deberá ser atendido por los próximos legisladores, de los cuales un grupo importante se mantiene indeciso.

El Ministerio de Hacienda expondrá el lunes el plan fiscal a los diputados electos y la coordinadora económica del Gobierno de Carlos Alvarado, Edna Camacho; quienes asumirán el proceso de su aprobación —con la posibilidad de realizar algunas modificaciones— a partir de mayo próximo.

Según detalló el ministerio, la actividad buscará “brindar a los nuevos legisladores las herramientas técnicas para la toma de decisiones” sobre el proyecto, “necesario para enviar una señal positiva a los organismos internacionales, inversionistas y a las calificadoras de riesgo”.

El Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Expediente 20.580) se discute actualmente en la Asamblea Legislativa; sin embargo, el primer debate parece una meta muy lejana a falta de seis días hábiles para el final de legislatura y ante el bloqueo de las bancadas del Movimiento Libertario y el Frente Amplio (FA).

La idea de Hacienda es dejar la mesa puesta para los nuevos congresistas e integrantes del Ejecutivo, al que sólo plantean una abierta oposición los diputados electos José María Villalta, único del FA, y Walter Muñoz, como representante del Partido Integración Nacional (PIN), cuya bancada está compuesta también por otros dos diputados.

Por su parte, las mayor parte de los grupos de legisladores han manifestado su deseo de realizar algunas modificaciones, como es el caso de Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Republicano Social Cristiano (PRSC).

“Una vez que tengamos clara la herencia que vamos a recibir tomaremos decisiones al respecto, si consideramos necesario aprobar lo que está o si tenemos la osadía de aportar los votos para abrir el proceso y sanear cosas que no estén a la altura”, apuntó el jefe del PUSC, Erwen Masís, quien comanda a otros ocho congresistas.

Un poco más estricta es la posición expuesta por los jefes de las dos bancadas más grandes, Liberación (17) y Restauración (14), quienes expresaron a este Semanario su intención de esperar un poco más, analizar los contenidos del proyecto y medir la intención del Gobierno entrante de contener mejor el gasto.

“Esperamos solucionarlo con el nuevo Gobierno, con una nueva actitud que considere no sólo ingresos sino también un control efectivo del gasto y de sacrificio”, apuntó Carlos Ricardo Benavides (PLN). “Hay que revisarlo y ver las señales del Ejecutivo”, añadió Carlos Avendaño (PRN).

Desde el oficialismo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) se muestra como el grupo más interesado en la aprobación del texto, definido por la actual administración como una propuesta paliativa para las finanzas públicas, que requieren cerrar su déficit fiscal en al menos 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

Otra que ha mostrado interés en la aprobación del documento ha sido la coordinadora económica del Carlos Alvarado, Edna Camacho, quien ha mencionado la aprobación de la iniciativa como una de las claves para superar el desequilibrio de las arcas nacionales.

Camacho se sumó a Alvarado tras la adhesión que le dio el excandidato socialcristiano Rodolfo Piza, alianza que firmó un acuerdo con medidas para reducir el desequilibrio financiero en los tres puntos necesarios. El proyecto analizado permitiría cerrar la brecha entre 1,5 y 2 puntos, según las estimaciones disponibles.

Por parte del Gobierno, participarán del encuentro el primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, junto con los viceministros Martha Cubillo y Leonardo Salas; así como el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, y los equipos técnicos de ambas carteras.

Apenas el 1 de marzo pasado, tras la aprobación de la vía rápida, Luis Paulino Mora había manifestado su total disposición de colaborar con la “articulación” de la propuesta fiscal en la nueva administración, a la que recomendó “poner el bienestar nacional por encima del electoral”.

Según Mora, si bien es cierto que “el tema fiscal es un tema muy particular y electoralmente odioso”, es parte de “los escollos que tiene que superar una negociación de este estilo y los escrúpulos de los partidos políticos”.

Plan paliativo

Según los números de Hacienda, el proyecto que dejarán a los diputados serviría para cerrar el déficit en alrededor de un 1,9% del PIB, cifra que contribuiría a cerrar el déficit primario, que ya alcanza los 3,1 puntos.

Cerrar esa diferencia es esencial para evitar el crecimiento acelerado del déficit total, que en 2017 llegó al 6,2% de la producción, cifra que se alimenta por los intereses de la deuda, que se encarecen conforme se limita la capacidad de pago.

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Sin reformas, el Banco Central estima un déficit del 7,1% del PIB este año y de 7,9% para 2019; números que presionan la deuda pública, proyectada a un 53,6% y un 59% en los mismos periodos. No atender esos inconvenientes generaría problemas de liquidez y financiamiento más importantes que los experimentados el año pasado.

Entre otras reformas, el plan propuesto por el gobierno contiene la transformación del Impuesto General sobre Ventas (IGV) a uno de Valor Agregado (IVA), siempre con una tasa del 13%; así como una reforma parcial al Impuesto de Renta para gravar los salarios superiores a los 2,1 y 4,2 millones de colones, y las rentas de capital.

La idea con el IVA es aumentar la base imponible a sectores como el de los servicios, uno de los más dinámicos en la economía actual y hasta ahora exentos.

También incluye reformas en el sector público como el salario único para jerarcas, y regulaciones para los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva; así como un tope a las anualidades (1,94%) y su transformación en un mecanismo de evaluación.

A ello se adhiere una regla fiscal que limita el crecimiento del presupuesto en cuatro intervalos relacionados con la producción y la deuda pública; junto con una prohibición para la generación de obligaciones y gastosa sin el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR).


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