Los ingresos que el gobierno y la administración tributaria dejan de percibir por exoneraciones, que favorecen solamente a unos pocos sectores, alcanzan el 4,3% del producto interno bruto (PIB), es decir, estas exenciones que se otorgan a través de leyes específicas representan ₡2.024.039,8 millones, de éstas, sobresale lo que se deja de recaudar en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al valor agregado (IVA).
Las cifras más recientes —que datan del 2023— publicadas por el Ministerio de Hacienda en su informe “Estimación del gasto tributario para Costa Rica” son un claro reflejo del peso negativo que tienen estas exenciones en la economía costarricense, pues representan cerca del 30% del total de ingresos tributarios, que se ubicaron en ₡6.423.191,4 millones para ese año.
De la totalidad de exenciones —conocidas en términos técnicos como gasto tributario— el mayor porcentaje se lo llevan las exenciones en Renta con un 48,16% del total, seguido muy de cerca por el IVA que es del 46,63%, y otros tributos, aunque menos significativos abarcan un 5,21%.
El informe del Ministerio de Hacienda señala que esta distribución refleja un sistema de recaudación de impuestos en el que los beneficios fiscales están mayoritariamente concentrados en la Renta y el IVA, lo que evidencia en cuáles áreas claves se debe intervenir para futuras políticas fiscales.
Para el economista y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, en un país donde se recaudan pocos impuestos, estas exoneraciones son bastante elevadas.
“Se parte casi por igual entre Renta e IVA y eso es muy significativo, porque usualmente nos enfocamos más en la Renta, ya que hay empresas relacionadas, sobre todo de zonas francas y cooperativas, pero también dejamos de recaudar una buena parte por exoneraciones en IVA, y aquí la pregunta es quién está dejando de pagarlo, pues no necesariamente beneficia quienes tienen menores recursos”, analizó Rodríguez.
En lo que respecta al Impuesto sobre la Renta, las mayores exoneraciones se dan al impuesto sobre las utilidades de las personas jurídicas, es decir, a las empresas de zonas francas, cooperativas, asociaciones, fundaciones y otras sociedades sin fines de lucro; así como los diversos créditos fiscales que estipula la ley, las cuales tienen un 99,65% del beneficio, en contraste con un 0,35% de las utilidades de personas físicas con actividad lucrativa.
En este sentido, el economista Luis Carlos Olivares planteó que es evidente que hay un impacto a las finanzas públicas afectando la dinamización de la economía, mientras que las cargas públicas son soportadas en los hombros de los trabajadores asalariados, incluyendo a las personas de menores ingresos y las pequeñas empresas.
Además, cuando se desgrana el beneficio de exenciones del impuesto sobre las utilidades de las personas jurídicas, para el año 2023, las zonas francas representaron un gasto tributario de ₡660.874 millones; las cooperativas un total de ₡24.013,9 millones; las asociaciones ₡5.292 millones; mutuales ₡2.980,6; y otras creadas con ley especial ₡19.016,1.
Repensar las exenciones
El exviceministro de Hacienda advirtió que la discusión debería enfocarse en analizar si el país debiese seguir dando ese nivel de exenciones, y que ya es tiempo de pedir mayor aporte tributario a sectores que históricamente han estado exonerados.
“Por ejemplo, las empresas de zonas francas siguen exoneradas después de 30 años de entrar en funcionamiento el régimen, habría que revisarlas, sobre todo porque tiene una vinculación muy pobre con el resto de la economía nacional. Igual se debe hacer con las cooperativas, porque el país adolece de recursos frescos que podrían dirigirse a necesidades de sectores más vulnerables”, detalló Rodríguez.
Coincidente con este criterio, Olivares dijo que más allá del dato, las autoridades deben ser cuidadosas con la calidad de esas exenciones, porque existen enormes diferencias entre el régimen definitivo (empresas locales) y el de zona franca.
“Existe una pasmosa porosidad que permite que empresas o actores de la sociedad que disfrutan ampliamente de estas exenciones, puedan vender a nivel local en una franca competencia desleal contra los que sí pagan sus impuestos y que viene en detrimento de la economía”, argumentó el experto.
Sin embargo, en este sentido desde la oficina de Comunicación de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) fueron enfáticos en que las zonas francas brindan aportes a la economía costarricense más allá de las exoneraciones, promoviendo el empleo formal, la transferencia de conocimiento, el crecimiento de las exportaciones y el fortalecimiento del encadenamiento productivo nacional.
Recalcó que el régimen aportó $12.276 millones a la economía costarricense, lo que representa un 14% del PIB nacional y que, por cada dólar exonerado, el país recibe $1,8 en beneficio neto, generado a partir de diferencial de compras nacionales y salarios netos que son 1,8 veces mayores que los del resto de la economía costarricense.
“El asunto es que cuando se trata de la recaudación de impuestos a utilidades de las personas físicas, hay mecanismos de hacer el cobro más progresivo para quienes ejercen actividades lucrativas independientes; y allí hay menos incumplimiento fiscal. Pero hay una cifra oscura en el incumplimiento de las personas jurídicas, que viene en detrimento de quienes soportan la carga del Estado con mayor vehemencia; en definitiva el modelo recaudatorio se sostiene en las personas asalariadas y que están por cuenta propia”, añadió Olivares.
Exenciones: un gran desafío en América Latina
Recientemente se debatió en la 59° Asamblea del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) los mayores desafíos en materia fiscal que tiene la región latinoamericana son la evasión, informalidad y las exoneraciones; y Costa Rica no está exenta de esta situación, como evidencian las cifras del ministerio de Hacienda.
Adrián Falco, coordinador del área de Justicia Fiscal de la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (Latindadd) explicó que en el marco del encuentro se estableció que, en algunos países, las exenciones fiscales para grandes empresas o para sectores extractivos como minería o petróleo representan entre el 0,1% y 7,3% del PIB, lo que equivale hasta el 22,4% de los ingresos públicos totales en ciertos casos.
“En un contexto de creciente desigualdad, los países de la región enfrentan serias dificultades para movilizar recursos internos y atender demandas sociales vinculadas a la pobreza, la indigencia, el desempleo, la falta de infraestructura, y las deficiencias en educación y salud; mientras hay sistemas tributarios regresivos, donde gran parte de la recaudación proviene de impuestos al consumo, en lugar de gravar adecuadamente el patrimonio o las ganancias de las grandes corporaciones”, argumentó Falco.
Por ello, se deben aumentar las tasas impositivas a los grandes patrimonios, analizar las pérdidas por exoneraciones que rondan el 5% del PIB regional, equivalente a lo que se invierte en educación, y movilizar a los países bajo la consigna de menos incentivos y más inversión social.
