Recortes oficialistas suman ¢150.000 millones pero también afectan programas sensibles de estas cuatro áreas públicas

La vía para que el presupuesto ordinario 2021 se apruebe en el plazo establecido es el recorte. Este domingo, el Ministerio de Hacienda presentó, vía diputadas oficialitas, una propuesta de reducción al plan original por ¢150.000 millones. El 70,5% de los recortes Hacienda respalda provienen de los ministerios de Educación (¢47.591 millones); Obras Públicas y Transporte (¢29.556 millones); Trabajo y Seguridad Social (¢16.199) y Salud (¢12.468), según afirma un informe presentado por las legisladoras Laura Guido y Nielsen Pérez.

Este domingo, Hacienda informó en un comunicado que las partidas recortadas “son las transferencias corrientes (más de ¢52 mil millones), remuneraciones (más de ¢34 mil millones), bienes duraderos (más de ¢28 mil millones) y pensiones con cargo al presupuesto (¢15 mil millones)”. En total, el presupuesto para el 2021 es ¢518 mil millones menor al del 2020.

Guido y Pérez votaron a favor del presupuesto tramitado en la Comisión de Hacendarios, la semana pasada. No obstante, nueve diputados de la Comisión respaldan un dictamen mayoritario que acusa sobre un “boicot” porque “la fracción legislativa del PAC consumió la gran mayoría de tiempo” destinado a estudiar mociones de recorte de la Comisión de Hacendarios.

La oposición parlamentaria pide que se abra el plenario como Comisión general y realizar los cambios planteados en las mociones que no se revisaron dentro de la Comisión de Hacendarios (en total son 74, el dictamen recomienda incorporar a varias de ellas).

En su informe, Guido y Pérez piden que se apruebe el presupuesto ordinario tal y como lo entregó Hacienda en septiembre, con la única moción de recorte por ¢150.000 millones.

No obstante, inclusive con los cambios, este trámite afectaría modificaciones que se realizaron en la Comisión, como coletillas de negociación y reducción de alquileres, o un incremento de ¢28.833 millones para el gasto del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi).

Este incremento a la construcción de vivienda pública fue planteado por el frenteamplista José María Villalta. Su asesor, Jonathan Acuña, confirmó que la fracción quiere mantener esa modificación en el presupuesto que se apruebe finalmente.

La aprobación del dictamen del PAC también revertería los ¢4.100 millones en recortes para el Ministerio de Cultura y Juventud (aunque la propuesta de Hacienda igual recorta ¢1.500 millones del mismo ministerio).

¿Qué toca el 70,5% de recortes planteados por PAC?

En el caso del MEP, la mayoría de partidas recortadas son remuneraciones, transportes y viáticos. Un total de ¢28.503 millones (60% del recorte) provienen de “otros incentivos salariales” que se pagan en los cinco programas de enseñanza pública. Este rubro incluye el pago de las anualidades, que precisamente fueron suspendidas por dos años con un proyecto de ley de reciente aprobación.

Para el MOPT, el recorte afecta ¢9.100 millones de transferencias hacia obras públicas (la mayoría son de aplicación municipal pero ¢1.601 millones son para que los ejecute el laboratorio Lanamme en fiscalización vial).

En el caso de Salud, ¢8.956 millones (71% de todos los recortes al ministerio) son transferencias de instituciones. La suma más onerosa son ¢7.584 millones de recorte a las transferencias que recibe la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

En materia de Trabajo y Seguridad Social, de los ¢16 mil millones para recortar, hay ¢2.047 millones que provienen de recursos “para el pago de auxilio temporal a trabajadores desocupados del programa PRONAE” y ¢14.136 que provienen de recortes a transferencias del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

En esta reforma, se manifiestan pérdidas para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por ¢3.718 millones; ¢4.033 para pensiones de personas adultas mayores en situación de pobreza; ¢1.835 para la atención de personas indigentes y ¢1.000 millones para el régimen no contributivo, estos tres programas son ejecutados por la CCSS.

Entre otras subpartidas, también se mencionan recortes en transferencias al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y dinero de Acueductos y Alcantarillados para sistemas de agua en zonas rurales.