Hacienda confirma que amnistías tributarias se aplicaron de forma automática para ‘simplificar trámites’

La entidad confirmó así la versión del presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides, quien recientemente fue denunciado penalmente por acogerse a la norma que borraba intereses y disminuía las penas para deudores que cancelaran sus responsabilidades con el Estado.

La Dirección General de Tributación (DGT) realizó «ajustes en sus sistemas informáticos y de conectividad» para aplicar las amnistías tributarias de forma automática, confirmó el Ministerio de Hacienda a este semanario.

La aclaración llegó luego de que varios sindicatos del Poder Judicial denunciaran penalmente al presidente de la Asamblea Legislativa, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, por el presunto delito de «legislar en beneficio propio», después de que el diputado se acogiera a la norma incluida y aprobada en la reforma fiscal, a finales del año pasado.

Hacienda señaló que los ajustes se realizaron durante los tres meses establecidos por la ley para la aplicación de las amnistías, «con el objetivo de simplificar el trámite y facilitar a todo el universo de contribuyentes el pago de las deudas tributarias sin el respectivo cargo de intereses».

Además, la entidad agregó que realizó el movimiento «en aras de ahorrar a los interesados la realización de solicitudes expresas en ese sentido (…) considerando que (los administrados) acudirían en forma masiva para acogerse a dicho beneficio».

Todas estas indicaciones, dijeron, luego se reflejaron en la resolución DGT-DGH-R-064-2018, creada como marco normativo para la aplicación de las amnistías. Este documento no solo pedía impulsar los procesos sino que además se llamaba a todas las administraciones a «promover en forma exhaustiva, el pago de las obligaciones tributarias y multas por sanciones, objeto de la amnistía».

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Las amnistías tributarias se habían adherido a la redacción del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas desde agosto del año pasado y proponían una medida extraordinaria para que Hacienda consiguiera recursos, a través de incentivos para que personas físicas y jurídicas normalizaran el pago de sus deudas con el Estado (anteriores a octubre de 2017).

Los tratos preferenciales eran la condonación total del pago de sus intereses y una rebaja de entre el 60% y 80% de sus penalizaciones para todas las personas que así lo solicitaran, siempre y cuando realizaran sus gestiones en los tres meses inmediatamente posteriores a la aprobación de la ley (entre el 5 de diciembre de 2018 y el 5 de marzo de 2019).

No obstante, ahora Hacienda señala que promovió los rebajos de forma automática para todas las personas que se acercaron a pagar sus montos adeudados, tal  como justificó el presidente del Congreso Benavides su pago.

Benavides pagó ¢1,7 millones en diciembre y apareció en la lista de beneficiarios de las amnistías solicitada por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, al Ministerio de Hacienda; un grupo de casi 20.000 personas entre las que también se reseñó un pago por ¢17.000 del también legislador Otto Roberto Vargas (del PRSC), ambos denunciados penalmente.

Al respecto, Benavides subrayó —como ya lo había hecho en varias ocasiones pasadas— que él nunca había solicitado el tratamiento diferenciado y reiteró que más bien pediría las respectivas explicaciones al Ministerio de Hacienda. «De conformidad con la ley, las personas tenían que acogerse, cosa que yo nunca hice ni que fue mi propósito cuando aprobamos el plan fiscal, en el que incluso aprobamos un congelamiento de nuestros salarios por dos años», describió.

Benavides aseguró que nunca fue su intención que se le aplicase ningún tipo de rebajo producto de las amnistías; sin embargo, fue denunciado penalmente por grupos sindicales. (Foto: Katya Alvarado)

Los números de la amnistía

En total, la DGT recibió ¢176.000 millones (entre el 0,5% y el 0,6 del PIB) como parte de los montos cancelados por personas que sostenían deudas con el Gobierno y se acogieron al tratamiento extraordinario de las amnistías.

Esas cifras las reportó el Ministerio de Hacienda, junto con otros ¢22.000 millones provenientes de la Dirección General de Aduanas (DGA). Además, a estos pagos se incluyeron otras cifras residuales, todas provenientes de amnistías que también se aplicaron para deudas con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

En su momento, estos resultados fueron celebrados por el Ejecutivo, que había fijado su meta de recaudación  en un 0,5% del PIB.

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A pesar de estos resultados, algunos sectores opuestos a las amnistías (incluidos algunos pocos diputados y del sector civil en general) reclamaron que los arreglos pudieron haber beneficiado a empresas más que al Estado, pues la acumulación de intereses y de penas condenadas incluso podría superar al monto bruto de lo recibido por el Goobierno.

Ahora, además, estos sectores cuestionan que la aplicación automática de las amnistías no estaba contemplada por la ley, que más bien se refería a que el deudor se «acogiera» a los procedimientos establecidos. No obstante, esto finalmente no ocurrió, por lo que podrían haberse condonado intereses y sanciones que, en una buena parte de los casos, pudieron pagarse sin mayores problemas.

Eso sí, la mayor parte de los ingresos de las amnistías los pagaron los propios bancos estatales, los cuales aportaron ¢142.000 millones en conjunto, sobre disputas en la interpretación de algunos pagos que habían sostenido por años. Sólo el Banco Nacional canceló ¢70.000 millones (un 0,2% del PIB).

No obstante, Hacienda había defendido la aplicación de las amnistías para lograr un cierre e inicio de año ordenado, después de fuertes presiones para conseguir los recursos necesarios para el pago de transferencias, salarios y otras obligaciones estatales a finales del año 2018. Este motivo era suficiente para preferir «un mal negocio que un buen pleito», palabras que utilizó en su momento el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, cuando recién se introducía la norma al proyecto de reforma fiscal.


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