Primer caso producto de investigación “Papeles de Panamá”

Hacienda cobra a gran contribuyente ¢1.400 millones más intereses y multas

Además, investiga otros 22 casos que involucran a 56 personas físicas y jurídicas.

La Dirección de Fiscalización del Ministerio de Hacienda confirmó que sigue un proceso administrativo en contra de una empresa catalogada como “gran contribuyente”, la cual está incluida en los casos derivados de los “Papeles de Panamá”, que investigó UNIVERSIDAD en 2016.

El cobro que realiza Hacienda a este “gran contribuyente” es por los ¢1.400 millones en impuestos que no incluyó en sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, la cifra asciende a ¢3.000 millones con los intereses y las multas que deberá pagar.

Karla Salas, directora de Fiscalización del Ministerio de Hacienda, afirmó que la ley impide divulgar el nombre de la empresa o de sus representantes. Sin embargo, aseguró que, una vez concluidas las apelaciones que la compañía imputada tiene derecho de presentar, deberá pagar al fisco lo que corresponde.

“Actualmente, la empresa ha presentado una apelación en el nivel administrativo, puede ir al Tribunal Fiscal Aduanero e ir hasta el Tribunal Contencioso Administrativo, pero finalmente deberá pagar, pues esta deuda no prescribe en el tiempo”, agregó.

Cuando el Semanario sacó los anexos de los correos del bufete Mossack Fonseca, para nosotros, eso se llama “noticia crimen”. Nada más porque sale en un periódico no puede ser prueba que ya se pueda adjuntar a una denuncia o incluso adjuntar a un expediente administrativo, porque es una foto de un documento. Nosotros tenemos que ir a lograr obtener el original de ese documento, para poner una denuncia penal. Entonces, algunas de esas cosas nos han limitado, pero eso no significa que no se hayan hecho las investigaciones”.

Karla Salas, directora de Fiscalización del Ministerio de Hacienda

La única opción posible para la compañía imputada es solicitar a Hacienda pagar la totalidad de modo fraccionado, es decir, buscar un arreglo de pago.

La funcionaria explicó que el grupo especial de investigación dentro del Ministerio de Hacienda, que se formó con el apoyo de la Asamblea Legislativa “analizó los 120 casos publicados en la lista del Semanario UNIVERSIDAD, de los cuales dieron seguimiento a 25 casos y el resto no se logró identificar, es decir, que tal vez solo aparecía el nombre comercial y no estaba específicamente el nombre jurídico”.

De los 25 casos identificados, luego se desestimaron tres y, finalmente, se remitieron a la Dirección de Fiscalización un total de 22 expedientes.

“Con la determinación de los vinculados a esos casos, los 22 expedientes involucran a 56 personas físicas y jurídicas a las que estamos investigando, a los que les hemos abierto actuaciones fiscalizadoras”, agregó.

Salas dijo que en todos “se va a hacer una investigación intensiva: la cual consiste en “notificarle al contribuyente que se va a iniciar una actuación fiscalizadora y que se le va a pedir documentación para entrar a un proceso de veracidad”.

“De los que ya se han abierto, en ninguno se ha llegado a identificar maniobras que puedan ser calificadas para una posible denuncia penal. Sin embargo, con eso tampoco estamos diciendo que todo lo que hacían era correcto. Sencillamente que para presentar una denuncia penal tiene que cumplirse con ciertas características”, dijo.

“Cuando el Semanario sacó los anexos de los correos del bufete Mossack Fonseca, para nosotros, eso se llama “noticia crimen”. Nada más porque sale en un periódico no puede ser prueba que ya se pueda adjuntar a una denuncia o incluso adjuntar a un expediente administrativo, porque es una foto de un documento. Nosotros tenemos que ir a lograr obtener el original de ese documento, para poner una denuncia penal. Entonces, algunas de esas cosas nos han limitado, pero eso no significa que no se hayan hecho las investigaciones”, dijo.

La funcionaria afirmó que algunos de los casos de los “Papeles de Panamá” correspondían a períodos ya prescritos por ley, pues databan desde el 2010 al 2015.

“Sin embargo, esto no nos ha frenado de continuar con el estudio de los involucrados en ellos. El origen fue ese, pero nosotros podemos investigar si esa misma maniobra es reiterativa en los periodos siguientes. Entonces, allí sí tenemos que abrir el caso, identificar terceros”, agregó.

Por otro lado, dijo que no podían estimar los montos que eventualmente recuperará el fisco mediante las 22 actuaciones fiscalizadoras en curso “hasta que no se concluya la fiscalización que está en proceso” (ver también “Los Papeles de Panamá han sido una gran retroalimentación”).

HACE TRES AÑOS

La información conocida como los “Papeles de Panamá”, procedente del bufete panameño Mossack Fonseca, fue revelada de manera sincronizada el 4 de abril de 2016 a las 4 pm, hora local, por 111 medios de comunicación en 82 países, gracias al trabajo de 386 profesionales coordinados por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Esa información le costó el puesto al Primer Ministro de Islandia, David Gunnlaugson, y expuso los esquemas utilizados por familiares y personas de confianza de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Rusia, Vladimir Putin; y de Gran Bretaña, David Cameron, para mover dinero con fines que pueden incluir la elusión de impuestos, la evasión tributaria, el pago de sobornos o el lavado de dinero ilícito, mediante sociedades anónimas en paraísos fiscales.

La consecuencia más reciente de los 11,5 millones de documentos contenidos en la base de datos los “Papales de Panamá” es el escándalo por el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que ha puesto en la picota a expresidentes de varios países de América Latina.

En una presentación hallada en los “Papeles de Panamá”, el propio bufete Mossack Fonseca promocionaba sus servicios de “creación de estructuras protectoras de activos contra: cónyuges y excónyuges (sobre todo, comunidad de bienes); actuales y potenciales personas con derechos a recibir alimentos; herederos forzosos no deseados; potenciales demandantes (clientes, proveedores, responsabilidad civil extracontractual); actores de procesos de quiebra; secuestradores/raptores; regímenes políticos peligrosos (decomisos, confiscaciones, expropiaciones); reservas federales (devaluaciones, regímenes cambiarios), y administraciones tributarias (renta, herencia)”.

El Semanario UNIVERSIDAD dio a conocer que encontró en los Papeles de Panamá a funcionarios y exfuncionarios públicos, políticos y empresarios quienes recurrieron a los servicios del bufete panameño para solicitarle distintos servicios.

Para ello constituyeron sociedades anónimas en Panamá y en territorios conocidos como paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Curaçao, Bermudas, la Isla de Man, Seychelles, el Estado de Nevada, entre otros.

También dimos a conocer que el papel de intermediación entre la clientela costarricense y el bufete panameño fue realizado por importantes bufetes locales, como Facio & Cañas, Zurcher, Odio & Raven, Batalla y Asociados, Gonzalo Fajardo y Asociados y Arias & Muñoz, entre otros.

A raíz de lo anterior se constituyó una Comisión Investigadora en la Asamblea Legislativa, la cual presentó su informe en junio del 2017. Allí se corroboró la presencia de distintos esquemas para eludir el pago de impuestos en Costa Rica.

Se trata de la simulación de préstamos por los dueños y beneficiarios finales del dinero en paraísos fiscales, el uso de sociedades fantasma para eludir el pago del impuesto a las utilidades y para evadir el pago de impuestos, y la defraudación por marca mediante la venta y el alquiler de activos intangibles para reducir el monto a pagar por el impuesto sobre la renta.

Como resultado del proceso legislativo, se presentaron tres proyectos de ley cuyo objetivo es reducir los vacíos legales que permiten utilizar esos esquemas para eludir y evadir impuestos: uno contra la elusión fiscal, otro para reformar el tipo penal del delito de legitimación de capitales y otro para regular a las personas jurídicas no inscritas ante la Administración Tributaria.

Además, los partidos que integraron la comisión investigadora se comprometieron a presentar otros seis proyectos de ley para prohibir a altos cargos públicos realizar actividades comerciales en paraísos fiscales, retener el impuesto sobre las remesas, reformar el Código de Comercio para que se protocolicen los aportes extraordinarios de capital, bancarizar de manera obligatoria todas las transacciones de bienes inscritas ante el Registro Público, endurecer la sanción contra asesores tributarios que aconsejan mecanismos de defraudación fiscal, y para realizar reformas parciales a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.


Karla Salas, directora de Fiscalización del Ministerio de Hacienda

“Los Papeles de Panamá han sido una gran retroalimentación”

Karla Salas, la funcionaria responsable de dirigir las investigaciones de la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Hacienda, se refirió al impacto de los “Papeles de Panamá” en la administración tributaria costarricense.

 

En el balance ¿ha sido útil para Hacienda la revelación de los “Papeles de Panamá”? ¿La administración aprendió algo nuevo al conocer los mecanismos que se usaban en el bufete Mossack Fonseca?

-Las maniobras no eran totalmente desconocidas. Ya se habían identificado algunos grupos económicos que utilizaban maniobras recurriendo a proveedores internacionales.

Todo caso o toda maniobra también tiene sus particularidades y algunos las van afinando o van incorporando alguna variable que la hace diferente. Aunque sea una maniobra siempre utilizada con proveedores internacionales, alguna variable la hace ser diferenciada. Por esa razón es que la información de los “Papeles de Panamá” es útil.

Que nosotros conocíamos ese tipo de maniobras, sí. Y hay otros que, incluso, las hacen completamente diferentes con la misma intención. Pero la información ha sido de gran retroalimentación; además de que se disponía, en este caso, de algún precedente que nos servía de indicio, aun cuando nosotros, para poder utilizarla ya como prueba, sí teníamos que tener los documentos originales.

¿Cómo avanzan los proyectos presentados en la Asamblea Legislativa para cerrar los portillos a la elusión y la evasión fiscal a raíz de los “Papeles de Panamá”?

-Hay un proyecto de ley en la Asamblea en este momento que está dirigido a algunos objetivos que están relacionados con los antecedentes de Mossack Fonseca, aunque sabemos que no era el único bufete que hace estas cosas.

El propósito del proyecto es introducir algunas normas que establecen limitaciones a crear conexiones con empresas vinculadas.

Además, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas también incorporó una serie de normas antielusivas precisamente para poder delimitar en qué momento se puede crear operaciones comerciales con empresas internacionales con las cuales se tiene algún tipo de vinculación.

¿Sigue siendo alta la evasión del pago de impuestos por las personas y las empresas en Costa Rica?

-La materia es calificada como una “materia odiosa”, pues aun cuando todos sabemos que tenemos la obligación de contribuir con el Estado, no nos gusta y tratamos de que, si se puede tener un ahorro, pagar menos. Es cuando tratan de crear maniobras evasivas, para no pagar nada.

Por eso, hace poco, el país conoció cuántas empresas declaraban pérdidas reiteradas y otras que declaraban rentas “insuficientes”.


Hacienda persigue más de ¢6.654 millones en impuestos que no pagó Alcatel

Antes de la publicación de los “Papeles de Panamá”, la administración tributaria ya estaba tras la pista de los impuestos que la transnacional francesa Alcatel evadió pagar al país.

Tras conocerse la filtración del bufete panameño Mossack Fonseca, que incluyó información sobre los esquemas usados por esta transnacional, se sumó un conocimiento adicional sobre este caso.

Al 15 de julio de 2019, la deuda de Alcatel asciende a un total de ¢6.654.676.035.19. Esta cifra incluye el principal de ¢2.553.986.100.09 y los intereses de ¢4.100.689.935.10.

El conjunto de esta deuda corresponde a:

Impuesto sobre la Renta: un total de ¢4.515.686.253.19 (principal, ¢1.722.635.996.19 e intereses, ¢2.793.050.257.00) correspondientes al período 12/2006 y 12/2007.

Retenciones en la fuente: un total ¢1.241.455.589.00 (principal ¢285.334.585.90 e intereses, ¢956.121.003.10) del al período 2006 y 2007.

Sanciones: un total de ¢897.534.193.00 (principal ¢546.015.518.00 e intereses, ¢351.518.675.00) al período 12/2006 y 12/2007.

Así, actualmente, se encuentran en cobro judicial tres expedientes abiertos bajo las referencias 2013-012830, 2015-000342 y 2013-010111.

El expediente 2015-000342 contiene la demanda presentada contra Alcatel desde el 9 de setiembre del 2016, tramitada bajo el expediente 16-027211-1012-CJ.

“Al día de hoy no se ha logrado notificar al demandado de esta acción”, adujo esa Dirección.

El expediente 2013-012830 contiene la demanda presentada contra la misma empresa desde el 3 de octubre de 2014, tramitada bajo el expediente 14-028365-1012-CJ.

“El demandado fue notificado y no se opuso dentro del término del emplazamiento, por lo que la resolución intimatoria adquirió carácter de sentencia. El demandado interpuso incidente de nulidad; el Despacho no le ha dado trámite a la gestión”, dijo la entidad.

En cuanto al expediente 2013-010111, contiene la demanda presentada desde el 28 de febrero del 2012, tramitada bajo el expediente 12-005250-1012-CJ.

“El demandado interpuso excepción de prescripción, declarada con lugar por el juez de primera instancia. El fiscal de cobro apeló y actualmente el legajo se encuentra en el Tribunal de Apelación Primero Civil de San José”, explicó la Dirección.

A la fecha, “el deudor no ha realizado ninguna gestión para tramitar un arreglo de pago sobre alguna de las deudas”, dijo la entidad.

Además, explicó que, por estar concluido el caso y en proceso de cobro ordenado por los tribunales de justicia, sí es posible dar a conocer el nombre de la empresa y los detalles de estos expedientes.


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