El Ministerio de Hacienda intentará continuar con su política de diversificación de la deuda, a través de eurobonos y créditos con organismos multilaterales, en 2020.
Para ello, la cartera estimó en su proyecto de Presupuesto de la República la posibilidad de que se concreten una nueva emisión de eurobonos por $1.500 millones; así como al menos dos nuevos créditos con organismos internacionales por $390 millones.
El primero de esos créditos sería por $250 millones con el Banco Mundial o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mientras que el segundo correspondería a un ingreso por $140 millones proveniente de la Alianza Francesa de Desarrollo (AFD).
Con estas medidas, Hacienda apunta a diversificar sus fuentes de financiamiento, con el objetivo de encontrar mejores tasas de interés y aumentar también la competencia por su deuda (en lugar de buscar los mismos recursos en los bancos y fondos locales).
Al respecto, la ministra Rocío Aguilar indicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios —donde se analiza el proyecto de presupuesto— que salir a los mercados internacionales permitiría seguir ampliando las posibilidades de endeudamiento, algo que a su vez repercutiría en mejores plazos y tasas de interés.
Además, Hacienda espera que ese mismo efecto se traslade al mercado comercial, donde los sectores privados encontrarían mejores condiciones, ante un Estado menos invasivo con sus captaciones.
En esa línea, el Presupuesto de la República puntualizó que la intención es “desahogar el mercado financiero doméstico, con el fin de contener la presión en las tasas de interés fomentando la inversión privada, el crecimiento económico y controlando el costo de los recursos con los que se financia el Ministerio de Hacienda”.
Ya para este 2019, Hacienda logró la aprobación legislativa de una emisión por $1.500 millones en eurobonos, un proceso que apenas inició su proceso de colocación.
Asimismo, siguen pendientes dos créditos internacionales por $850 millones: uno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $350 millones, y otro con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $500 millones (de los que $110 millones deben pagarse a esa entidad, a modo de capitalización).
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Para poder continuar con todas estas aprobaciones (las de los créditos internacionales pendientes y las de los nuevos eurobonos), el Ejecutivo necesitaría del apoyo de la mayoría calificada del Congreso. Por mandato constitucional, el endeudamiento externo necesita ser avalado por al menos 38 legisladores.
Sobre este paquete de aprobaciones, el Gobierno ha sostenido que deberían ser sencillas para los diputados, pues, de no concretarse, habría que acudir al mercado local, en peores condiciones (por la falta de competencia y los riesgos de refinanciamiento del Estado para el pago), que impactarían negativamente también al mercado privado.
En esa línea, Hacienda reiteró en su proyecto de presupuesto que “la falta de financiamiento externo implica incrementos importantes en las tasas de interés en el mercado financiero nacional, al tener que recurrir a emisiones domésticas, que conllevarían, como se ha mencionado, a un incremento en el servicio de la deuda, del déficit fiscal y a una reducción de la inversión pública y privada”.
Al respecto, la cartera agregó que “si el Gobierno no puede implementar la estrategia de financiamiento prevista tendría que tomar medidas drásticas de contención del gasto, atentando contra programas sociales que afectarían a la población más vulnerable”.
