El Ministerio de Hacienda opinó favorablemente sobre el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para modernizar las regulaciones en materia de empleo público. Según detalló la cartera, aprobar el texto representaría mayores gastos iniciales, pero esta sería una inversión justificada y con efectos positivos a mediano y largo plazo.
La conclusión la detalló el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero, quien representó al Ministerio de Hacienda ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, donde se tramita la propuesta de ley.
Cordero se refirió especialmente a la aplicación de salarios globales para ocho subregímenes, una idea que busca aumentar las bases iniciales y hacerlas más competitivas, pero frenar el efecto ‘bola de nieve’ a través de los actuales incentivos monetarios.
Al respecto, el viceministro subrayó que esa subida en los salarios iniciales tendría algún costo de primera entrada para el Estado, algo que debería subsanar a través de nuevos ingresos o de deuda deuda pública. Sin embargo, dijo que el resultado de esta inversión sería beneficioso en el largo plazo, tomando en cuenta que existiría un “efecto estabilizador” con la existencia de menores pluses salariales.
“Esto claramente tiene un impacto inmediato en el corto plazo y habría que buscar los recursos, pero si se contiene el gasto en los salarios, el costo disminuiría en el mediano y largo plazo. Traído a valor presente, sería de esperar que el costo beneficio sea favorable”, concluyó.
Las palabras de Cordero respondieron a la preocupación de diputados como el socialcristiano Erwen Masís, quien cuestionó si el Gobierno estaría en capacidad de asumir los nuevos salarios sin tener que presionar aún más al sector privado.
Al respecto, el viceministro Cordero subrayó que la transición debería ser “progresiva”, pero siempre tomando en cuenta que a fin de cuentas el efecto va a ser más positivo que las condiciones actuales (con acumulaciones de anualidades y demás problemas).
A las palabras de Cordero se sumaron las de la directora de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de Hacienda, Ana Miriam Araya, quien indicó que el impacto dependería de cuántas personas se pasen al nuevo sistema. Además, detallo que en una buena parte de esos casos, más bien habría rebajos en los pagos, pues la mayoría de nuevos contratados llegan para suplir a personas con salarios más altos (de entre 35 y 42 anualidades).
También habló la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Silvia Quirós, quien recordó que solo los funcionarios actuales que así lo deseen tendrán que trasladarse al nuevo sistema de remuneraciones.
Actualmente, los salarios del sector público representan egresos por ¢5,7 billones (un 16,5% del PIB), según los datos de Hacienda; de los que un 37% se destina a las remuneraciones básicas, un 40% a los incentivos y el restante 23% a las contribuciones sociales.
Otras reformas
Además de estas observaciones, el viceministro Cordero aseguró que es necesario delimitar aún mejor el papel del Servicio Civil, pues por muchos años este ha sido el ente encargado del empleo público en el gobierno central y podría “fortalecer” al Ministerio de Planificación, definido como nuevo rector general en la materia.
Además, indicó que es necesario visualizar este proyecto como “una pieza más” junto con otras reformas estructurales, como el rediseño de instituciones; aunque evitó redundar en cuestiones técnicas que ya fueron abordadas por otros organismos en audiencias legislativas.
En términos generales, el viceministro dijo que “es necesario para seguir avanzando no solo en mejorar el tema de empleo público, sino en la modernización del Estado, pues ya el plan fiscal hizo algunas cosas, pero no toca todos los aspectos necesarios”.
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Cuestionado por el diputado liberacionista David Gourzong, Cordero afirmó que esta es una oportunidad importante para evitar que funcionarios deficientes se enquisten en sus puestos, de modo que no ocurran situaciones en las que mandos medios terminan asumiendo un mayor poder que el que ostentan sus jerarcas.
“Este proyecto debería tocar los temas que uno ha visto a través de los años en la función pública cuando un jerarca quiere, en pocas palabras, despedir a un funcionario que no rinde bien, que es conflictivo, que se presta para malas prácticas y, sin embargo, pareciera que tiene mucho blindaje a nivel normativo”, detalló.
El proyecto de reforma al empleo público se mantiene en su etapa inicial de audiencias con involucrados, a la que proseguirán los espacios para proponer y realizar modificaciones.
Después, podrá pasar a su revisión en el Plenario legislativo para su votación, de ser dictaminado favorablemente.
