La empresa H. Solís habría dado dádivas y contratado familiares de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a cambio de beneficios indebidos; y habría coludido con la empresa MECO para que les adjudicaran licitaciones por $250 millones (aproximadamente ¢154.250 millones) en recursos públicos por año, que se dividieron entre ambas compañías casi en partes iguales, describe la causa penal.
“El grupo delictivo opera en función de alcanzar beneficios indebidos para la empresa constructora H. Solís, liderada por Mélida Solís Vargas, quien cumple, no solamente un rol gerencial desde la perspectiva empresarial, sino también a través de la organización criminal”, describe la causa penal No. 19-oooo25-r218-PE.
Justamente hoy la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) concluyó su exposición y fundamentación en la audiencia de medidas cautelares que se desarrolla en el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, y solicitó un año de prisión preventiva en contra de 14 de las personas imputadas, entre ellas Mélida Solís Vargas. En contra de las otras 16 se requirió otro tipo de medidas no privativas de libertad, entre estas, suspensión del cargo.
El documento judicial de la causa penal No. 19-oooo25-r218-PE (del cual UNIVERSIDAD tiene copia) enumera los hechos investigados que fundamentaron los allanamientos del pasado 14 de junio, por parte de la FAPTA y el Organismo de Investigación Judicial.
Dádivas en el Conavi
Allí se explica que entre los meses de diciembre de 2019 y enero 2020, el funcionario público e investigado Carlos Solís Murillo habría dado una aplicación distinta a los fondos públicos que administra como Gerente de Adquisiciones y Finanzas del Conavi. Habría destinado recursos para imprevistos de una partida para pagar unos trabajos de chapea en Palmares a favor de la empresa Hernán Solís. Estos trabajos no estaban contemplados en el contrato de licitación con la empresa.
“La investigada Mélida Solís Vargas (dueña de H. Solís), a sabiendas de la calidad especial de funcionario de Carlos Solís Murillo (…) accedió a que su constructora llevara a cabo estas labores, con lo cual resultó favorecida económicamente, con perjuicio para la Hacienda Pública (…)”, se lee en el documento.
“En diciembre de 2019, Mélida Solís en contubernio con Carlos Solís Murillo, quien recibe o acepta dádivas o promesas frecuentes de retribución dadas o prometidas por la primera, realizó actos contrarios a sus deberes”, dice el texto y explica que se refiere a trato preferencial y expedito de las facturas de la empresa H. Solís por la suma de ¢35 millones y la intervención para modificar los planes de trabajo a conveniencia de dicha constructora dentro de la licitación 2014-LN-0000018-OCV-oo.
Entre el 23 y el 27 de abril de 2020, faltando a su deber de probidad, Solís Murillo habría solicitado puestos laborales en su empresa para su sobrino Erick Rodríguez Solís y para Alejandro Cordero Ugalde (hijo de Dennis Cordero Centeno, jefe de servicios generales del Conavi). Le habría pedido esto a cambio de un trato preferencial y expedito de las facturas de H. Solís, que en ese momento estaban a cobro ante Conavi y favores con trámites, partidas, modificaciones y ejecución presupuestaria. Mélida Solís habría pactado una dádiva de $2.000 para Solís Murillo y la contratación de su sobrino.
De acuerdo con la causa, Mélida Solís tiene una persona de confianza llamada Priscilla María Naranjo Vargas que le informa de los procesos del Conavi “y que ejecuta actos materiales tendientes a corromper y propiciar relaciones de compromiso con los servidores públicos de esa institución”.
Por ejemplo, entre noviembre de 2019 y julio de 2020, Mélida Solís le habría encargado a Priscilla “la labor corruptora” sobre Elsy Carmona Rivas (encargada de ejecución presupuestaria del Conavi), quien a cambio de dádivas y una computadora valorada en ¢75.000 les habría facilitado información sensible sobre pagos y permitido que Priscilla Naranjo elaborara, a conveniencia de la empresa, el informe de modificación presupuestaria del Conavi -que movía dineros de unas líneas de ejecución a otras -.
En ese periodo, Elsie Carmona Rivas actuando conjuntamente con Mélida Solís Vargas y Priscilla, “realizó las acciones necesarias para lograr una reversión presupuestaria y así lograr el objetivo propuesto de obtener un beneficio patrimonial para Constructora Hernán Solís”, afirma el documento.
De esta forma varias veces habría incluido en la “modificación presupuestaria una distribución de fondos públicos que le permitiera a la empresa constructora obtener un beneficio patrimonial al otorgarle un monto mayor del presupuesto para pagar las obras que dicha empresa tenía adjudicadas y se encontraba ejecutando”.
Entre el 1 de julio y el 7 de agosto de 2020, Carlos Solís Murillo habría hecho lo mismo, modificando el presupuesto para incluir una distribución de fondos públicos, que destinara un monto alto de presupuesto a pagar obras de H. Solís, y por esto habría recibido $3.000 de la empresa, resume la causa judicial.
Mélida Solís y dos colaboradoras suyas de la empresa, Krisbel Fallas Ureña y Maricel Carvajal, habrían hecho una factura por servicios profesionales falsa por $9.000, pero parte de ese monto correspondería a la dádiva de $3.000 que Mélida Solís debía dar a Murillo Solís.
También el analista del Conavi, Mauricio Ortiz Vega habría recibido dádivas de Mélida Solís a cambio de revisar y aprobar las facturas de la empresa de forma prioritaria para los proyectos Circunvalación Norte y Conservación Vial. De igual forma lo habrían hecho el gerente financiero del Conavi José Rojas Monge y la analista del departamento financiero, Ana Giselle Cortés Oviedo.
Se repartieron $250 millones por año
Cada cuatro años el Conavi realiza las licitaciones públicas para conservación vial de las vías nacionales, cuya inversión aproximada asciende a $250 millones por año.
Según el documento, en marzo de 2016, “producto de prácticas colusorias entre las empresas MECO y H. Solís, falsedades e intervención de funcionarios públicos inmersos en los procesos de contratación”, adjudicaron estas licitaciones a ambas empresas casi en partes iguales.
Por esto se investiga a Johny Barth Ramírez, gerente del departamento de contratación de vías y puentes del Conavi, quien habría dirigido el proceso para que se contratara a H. Solís por encima de la empresa Grupo Orosi, aunque la oferta de H. Solís era ¢832.607.028 más costosa para la Hacienda Pública. Incluso se habría presentado a Conavi a oponerse a la impugnación que hizo Grupo Orosi, estando con un permiso sin goce de salario.
Además, según la causa, los investigados Roberto Acosta y Mélida Solís (ambos dueños de H. Solís) en asocio con Carlos Cerdas Araya (Dueño de MECO) se habrían puesto de acuerdo para participar en las licitaciones. “En claro fraude de ley (…) presentaron las ofertas para las líneas de interés, apelaron los actos de adjudicación y una vez rechazados los recursos de las otras empresas (Santa Fe y Grupo Orosi), el mismo día y casi a la misma hora, retiraron las impugnaciones para asegurar la firmeza de las adjudicaciones”, se explica.
“Como parte del contubernio entre empresas”, se lee, la empresa H. Solís dejó vencer las garantías de participación intencionalmente en ciertas licitaciones, en las que ofreció el precio más bajo. Esto causó que eso se adjudicara MECO por un precio superior, generando un gasto a la Hacienda Pública por ¢1.183 millones.
El expediente también expone que Mélida Solís y Carlos Solís Murillo, “a fin de generar un beneficio económico indebido para la empresa H. Solís” influyeron sobre el ministro Rodolfo Méndez Mata, para que éste realice actos tendientes al convencimiento del presidente de la República Carlos Alvarado “respecto a la aprobación de presupuesto extraordinario, a fin de destinarlo a algunas líneas de conservación vial a cargo de esta constructora”.
Asimismo, en julio del 2020, Carlos Solís Murillo habría impulsado una moción presupuestaria ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para que se aprobaran ¢22.500 millones, una parte de los cuales serían usados por el funcionario para encubrir el déficit de ¢42.000 millones por dineros malversados en el Conavi y continuar destinando los fondos a conveniencia de los intereses de las empresas contratistas.
Mélida Solís, por su parte, habría influido con prevalencia personal sobre el diputado David Gourzong -según señala la causa penal-, a fin de que la moción presentada fuera avalada en el plenario sin inconvenientes.
