País Estudio Coprocom:

Grupos Dökka, Farmanova y Cofasa concentran el 75% del mercado de medicamentos en el país

La concentración del mercado genera prácticas anticompetitivas que inciden en el alto precio de los medicamentos en el país, según exponen economistas y diversos estudios del MEIC, la UCR y la UNA.

Tres conglomerados económicos aglutinan el 75% del mercado privado de medicamentos en el país, operando la importación, depósito, distribución, venta al por mayor de medicamentos y cadenas de farmacias, según un estudio reciente de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

La distribuidora o “droguería” con mayor participación de mercado (35%) es Grupo Dökka —que hasta el 2023 se llamaba Grupo Cuestamoras—. Es dueño de las distribuidoras Cefa Central Farmacéutica Cefarma y EOS Farmacias, así como las cadenas de farmacias La Bomba y Fischel. Le sigue Grupo Farmanova Intermed (GFI) con un 20%, propietario de las cadenas de farmacias Sucre y Santa Lucía. Y en tercer lugar, Compañía Farmacéutica S.A. (Cofasa), con un 20%.

Así lo detalla el “Estudio de mercado del sector farmacéutico”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dado a conocer el pasado 22 de enero por la Coprocom.

Los economistas Luis Carlos Olivares y Leiner Vargas, quienes han investigado ampliamente sobre el tema, explican que esta concentración del mercado genera prácticas anticompetitivas, que inciden en el alto precio de los medicamentos en el país. De igual manera lo han expuesto estudios realizados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR).

Sin embargo, el reciente estudio de Coprocom no cita esta concentración como una de las causas de los altos precios de las medicinas, sino que afirma que los medicamentos son “aparentemente más caros” debido a varios factores estructurales, regulatorios y específicos del país.

De acuerdo con el documento de Coprocom, las causas de los altos precios tienen que ver con que Costa Rica “es un importador” de medicinas; con los “procesos de registro sanitario lentos”, que pueden tardar años; la “falta de armonización regulatoria”, es decir, que existen normativas costarricenses que no están alineadas con estándares internacionales o regionales; y la “desconfianza en genéricos sin marca”, ya que la baja penetración de genéricos sin marca está influenciada por la percepción negativa sobre su calidad y seguridad.

Mercado hiperconcentrado

Pero otras investigaciones dan explicaciones distintas sobre el alto costo de los fármacos en el país, como son el estudio “Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de Medicamentos” (2011), elaborado por Allan Hernández Chanto, del Observatorio del Desarrollo de la UCR; el “Estudio del mercado privado de medicamentos a nivel detallista en Costa Rica” (2019) del MEIC; y el estudio “El mercado de medicamentos en Costa Rica: una visión comparativa con El Salvador” (2022), de Leiner Vargas Alfaro.

En estos estudios se explica que en la cadena de valor de las medicinas primero están los laboratorios, que las producen; luego las droguerías, que las importan, distribuyen y venden; y en tercer lugar, las farmacias, que las venden al consumidor final. Pero las droguerías tienen ventaja al ser los únicos en importar o comprar medicamentos, tienen contratos de exclusividad con los laboratorios y reciben descuentos por volumen, lo que les permite tener márgenes de ganancia altos. Además, al tener cadenas de farmacias, les venden medicamentos a más bajo precio; no obstante, no necesariamente se bajan los precios al consumidor. Asimismo, este poder del mercado ha hecho que farmacias independientes desaparezcan e incluso que denuncien un trato diferenciado que los perjudica.

Luis Carlos Olivares, economista y abogado con especialidad en políticas públicas, criticó que el estudio de la Coprocom “es tímido en decir que estamos en un mercado hiperconcentrado, que promueve prácticas anticompetitivas y que ha habido inacción de parte de la comisión encargada de evitar esas prácticas anticompetitivas”.

Olivares, quien es vicepresidente del Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor (Omercon), planteó que cuando se tiene este nivel de participación de mercado hay poder suficiente para determinar precios en distintas etapas de la cadena.

Como la distribuidora es dueña a su vez de la farmacia, compra volúmenes que no pueden adquirir los participantes más pequeños. También están en capacidad de excluir a otros participantes en la etapa de distribución, les pueden decir a otras farmacias “no, a ustedes no les vendo” o “les vendo menos”, dijo Olivares.

“Tienen una reducción sustancial de costos, que no se traduce en una mejora de precios para los consumidores, sino que se convierte en mayores márgenes de ganancia en otras etapas de la cadena de distribución”, señaló.

“La razón fundamental por la que el precio de los medicamentos que se le ofrece a los consumidores es alto y los medicamentos en nuestro país son considerablemente caros respecto de otros países tiene que ver con prácticas anticompetitivas que han estado enquistadas en los últimos años. Ha habido una inercia permanente de parte de la autoridad de promoción de la competencia para tener medidas sancionatorias efectivas y con impacto suficiente para desincentivar esas prácticas”, sentenció Olivares.

Por su parte, Leiner Vargas, catedrático y coordinador del núcleo de investigación en Regulación y Políticas Públicas del Cinpe-UNA, aclaró que cuando hay una industria que tiene economías de alcance o de escala, y opera absolutamente concentrada “es precisamente el caso clásico de oligopolio que requiere regulación pública”.

“El sector farmacéutico está absolutamente coludido y concentrado en Costa Rica, hay barreras de entrada, hay claramente condiciones de no competencia, hay participaciones excesivas en mercado de droguerías y farmacias y hay un trato desigual para las farmacias independientes con los grupos coludidos de las droguerías y las distribuidoras”, destacó Vargas.

Ante esta situación, “el Gobierno no ha tenido otra opción más que regular los márgenes”, concluyó Vargas. (Ver nota “Decreto para regular márgenes de ganancia en medicamentos no aborda causas reales de altos precios”)

El estudio de la Coprocom fue dado a conocer justamente una semana después de la firma del decreto para poner un tope máximo al margen de ganancia de las farmacias y droguerías por la venta de medicamentos.

El decreto, que entra en vigencia el 18 de febrero de este mes, enfrentó la oposición directa de la Coprocom, que asegura que la medida podría llevar a un desabasto de los productos, afectar la calidad, o limitar la disposición de productos innovadores.

En defensa de grupos de interés económico

Para Leiner Vargas, el estudio de la Coprocom “está completamente falseado”. “Está hecho a la medida de las farmacéuticas, con un absoluto descuido a la metodología de análisis de barreras de mercado y de fundamentación teórica. Me da pena ajena que un estudio de esta naturaleza lo haga un ente que supuestamente es técnico; pero está coludido con los grupos farmacéuticos”, denunció.

El mismo estudio de Coprocom indica que el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos Privados exige una separación legal entre las empresas que integran los distintos segmentos de la cadena de valor del sector.

Sin embargo, después alega que la separación vertical de empresas en la cadena de producción puede generar varias ineficiencias, como dificultar la reducción de costos en producción y distribución, menor capacidad para responder eficientemente a cambios en la demanda y que puede resultar en precios más altos.

“La integración vertical, bien regulada, puede tener beneficios importantes”, argumenta la Coprocom, como eliminar la doble marginalización (cuando diferentes niveles de la cadena de valor aplican márgenes de ganancia de manera independiente); reducir los costos acumulativos; ofrecer precios más competitivos; y mejorar la eficiencia.

“Aunque en Costa Rica se exige una separación legal entre las empresas de la cadena de valor, no hay restricciones para que un mismo grupo de interés económico (GIE) sea propietario de varias empresas en diferentes segmentos”, asegura la Coprocom.



 

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