Marta Acosta cumplió seis años como Contralora General de la República, le quedan dos más y no sabe si querrá reelegirse. Llegó cuando las cifras fiscales empezaron a deteriorarse y ha visto el proceso progresivo, como una película que ahora llega al clímax. “Este 2018 marca un punto de inflexión”, advirtió antes de enumerar una serie de riesgos que ve en el paisaje si el Estado no pone en azul sus números financieros.
En el piso 14 del edificio piramidal en Sabana Sur, Acosta reconoce que a veces se frustra por la falta de decisiones políticas, y sostiene que la Contraloría ha sido suficientemente diligente para monitorear las finanzas y advertir del deterioro progresivo. Ahora investiga a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, por el pago ilegal de bonos de deuda que quedaron pendientes del Gobierno anterior, pero Acosta opta por la cautela para hablar de su antecesora en el cargo. Enfatiza, eso sí, que aquí no hay preferencias para nadie.
Ve las negociaciones del plan fiscal y lamenta los recortes que los diputados han ido aprobando en el proceso. Teme que, en caso de aprobarse, los efectos sean insuficientes e impacten la economía, o que pronto estemos de nuevo intentando un acuerdo para un nuevo salvavidas fiscal. La prosperidad está comprometida, concluye.
“Desde la Contraloría vemos que este es un país donde todavía tenemos una economía en crecimiento, menos de lo esperado, pero continúa creciendo. El sector privado esta generando empleo, aunque tenemos una tasa de desempleo importante, pero desde el punto de vista privado se ha logrado sostener. Es una economía funcional. Desde el punto de vista fiscal, hay unas finanzas públicas muy deterioradas que eventualmente podrían afectar el ritmo económico. Para seguir prosperando se debe arreglar el problema fiscal”, enfatizó.
¿Es de vida o muerte?
–Podría llevarnos a situaciones totalmente funestas. Al tener finanzas tan deterioradas, con el nivel de endeudamiento y la vulnerabilidad del portafolio de la deuda del Gobierno, se podría trasladar al resto de la economía una situación que podría afectarnos a todos, principalmente a los más vulnerables.
La situación es muy crítica, de acuerdo, pero ¿cuándo empezó este momento?
–Estamos en un punto de inflexión; esta es una situación se agravó en los últimos seis o cinco años, con el aumento del déficit de mano de la deuda. Los gastos crecen aceleradamente versus los ingresos que se desaceleran. Hemos hecho los llamados; sin embargo, han pasado los años sin que se tomen decisiones de fondo y ahora la situación es apremiante. Tenemos riesgos de refinancinamiento y, por tanto, peligro de iliquidez.
Estos 5 o 6 años usted ha sido encargada de la Contraloría. ¿Se ha visto el deterioro de manera clara?
–Lo hemos visto en todos los años. En la memoria que presentamos en mayo del 2013 la Contraloría muy alarmada dijo que estábamos llegando al 40% de deuda en relación con el PIB y que no queríamos empeorar eso. Pero ahora, para finales de 2018, vamos a tener un 53%, trece puntos más. La deuda está creciendo tres puntos anualmente.
Seguro todos somos responsables de esto, pero hay algunos más responsables que otros. ¿Quiénes debieron haber actuado?
–Los primeros llamados a hacer esta tarea son nuestro Poder Ejecutivo y el Legislativo; son los que tienen el poder de decisión. La Contraloría ha cumplido asesorando y advirtiendo al Ejecutivo, pero vemos que han pasado los años y no se han tomado decisiones de fondo. Se han aprobado algunas leyes como la de Fraude Fiscal, la anticontrabando, el ajuste a pensiones de lujo y la de Caja Única, pero eso no ha sido suficiente, como tampoco lo es la actual reforma fiscal, aunque sí es sumamente necesario para generar alguna confianza en el entorno.
¿La Contraloría ha hecho su tarea de ir controlando y vigilando este proceso de deterioro?
–Más allá que irlo controlando y de ponerlo en nuestro informe, hemos acudido a la Asamblea, nos hemos reunido con las fracciones, con Hacienda… No es solo llevar el pulso, sino también hacer los llamados para que se tomaran las decisiones. Hemos sido muy proactivos en este tema, porque la preocupación es muy grande. Hemos visto venir el problema y hacerse cada vez mayor. Por eso en agosto, cuando presentamos nuestro informe, dijimos que veíamos un panorama sombrío, porque hay una preocupación profunda. No vemos que tomen las decisiones y, más allá de la Hacienda Publica, vemos una capacidad financiera cada vez mas frágil que puede afectar también a la institucionalidad. La situación se puede exportar a entidades que reciben transferencias del Gobierno. En el inicio de todo esto veíamos una afectación en la Hacienda, pero conforme pasan los años esto adquiere un carácter más delicado.
¿No le hacen caso a la Contraloría?
–Yo creo, con toda la humildad, que la Contraloría sí ha logrado que se discuta el tema- Hemos tratado de formar a distintos actores, pero las decisiones pasan por lo político y ahí ya no hada que hacer; la Contraloría tiene un límite. Desconocimiento no se puede argumentar; nosotros hemos hecho la tarea de informar y advertir. A los actuales diputados los trajimos a la Contraloría y les hicimos exposiciones y pude percibir que comprendieron la situación. Lo hemos hecho incluso con el sector privado. Hemos cumplido con informar, pero la toma de decisiones no está en nosotros.
El Gobierno pasado dijo que el déficit era manejable y que iba a pasar dos años sin proponer una reforma fiscal. ¿No es frustrante ver a actores políticos haciendo las cosas en sentido contrario?
–Al contrario, nosotros intensificamos los informes, las visitas a la Asamblea… Pero vamos a lo mismo, las decisiones están en otro nivel. Sí nos preocupó mucho en aquella época el Presupuesto para el 2015, nos preocupó muchísimo el aumento en el gasto y vea lo que ha pasado, el país sigue endeudándose.
¿Y por qué ese presupuesto del 2015 fue tan alto? ¿Cómo se tomaron esas decisiones?
–Fue una decisión del Ejecutivo presentarlo así y la Asamblea Legislativa lo aprobó en esas condiciones.
Con una controversia.
–Sí hubo una discusión muy grande cuando la Contraloría compareció y hablamos de las subejecuciones y de la eficiencia del gasto, pero se aprobó tal cual. Fue un tema que para nosotros fue en aquel momento… ¿cuál es la palabra?
¿Tenso?
–No, tenso, no, pero sí fue, digamos, decepcionante porque no era lo mejor para las finanzas públicas en aquel momento. Nosotros nos manifestamos en el informe técnico al señalar el crecimiento del gasto, sobre la carga tributaria constante… Pero así se tomaron las decisiones.
Cambia el Gobierno y la Asamblea Legislativa. ¿Ha visto señales de algún cambio?
–Vimos señales positivas cuando la ministra de Hacienda (Rocío Aguilar) va al plenario y anuncia una serie de mediada administrativas que no son suficientes, pero sí son positivas.
¿Después de eso? ¿La negociación del plan fiscal?
–El debate fiscal ha tenido un proceso con años desgastantes, frustrantes, y ha crispado el ánimo de varios actores sociales que han incidido, y que posiblemente concluya con una reforma fiscal aprobaba, pero no suficiente para reencauzarnos en la senda de la sostenibilidad.
¿Cree que no alcanzará ni siquiera para estabilizar la situación?
–Eso va a ser para generar algún alivio, pero, si sigue creciendo el gasto de la manera en que está creciendo, posiblemente dentro de un tiempo estaremos de nuevo en esta situación si no se toman medidas estructurales. Además la reforma fiscal ha sido cercenada; diversos grupos de intereses han logrado con éxito afectar la reforma fiscal, han incidido en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo para sus efectos, en detrimento del interés general.
Llega una huelga de gremios del sector público el lunes 10 de setiembre. ¿Cómo se lo explica?
–Bueno, obviamente los trabajadores tienen derecho a manifestarse, y creo que la comunicación del Gobierno no ha sido la más efectiva, en el sentido de que los mensajes deberían transmitirse con transparencia y mesura. Hay que informar más a la gente; tengo la impresión de que no todo el mundo está comprendiendo. Para nosotros aquí está muy claro, pero no para toda la ciudadanía. Se debe hacer un trabajo más cercano para que se comprenda todo esto. Lo que sí le puedo decir es que las consecuencias de no aprobar el plan fiscal pueden ser más rudas para los más vulnerables. No aprobar la reforma no sería un triunfo de ninguna manera para este país.
Uno de los puntos que se señalan es que tenemos un sistema público desordenado…ineficiente, asimétrico…
Sí. ¿Es tan urgente impulsar ya la reforma de empleo público?
–Para mi gusto eso ya debió haber empezado hace rato. Parte del crecimiento inercial del gasto debe pasar por las remuneraciones y las transferencias. Sí creo que, aprobada la reforma, es casi urgente iniciarlo, porque insistimos en que las soluciones están tanto por el lado del ingreso como del gasto. La reforma va a allegar ingresos insuficientes, pero ingresos frescos al fin y al cabo que se suman a algunas medidas de contención de gasto, pero es tan acelerado el crecimiento del gasto que es necesario ponerle un freno, aunque sea gradual. Esta solución debe ser gradual; no se puede de golpe, sería también dañino para la sociedad, pero sí hay que empezar ya a fondo con empleo público para que el crecimiento de remuneraciones crezca menos que lo que crece actualmente.
En el aparato publico, ¿cree que hay algunas instituciones que deberían sacrificarse más?
–Cuando se dé la reforma en empleo público tendrá que ser para toda la institucionalidad, no solo para el Gobierno central. En el resto de instituciones también tenemos inequidades y asimetría. Si no se aprobara la reforma fiscal o si no se dieran los cambios profundos que se necesitan, las transferencias del Gobierno central se van a tener que restringir y verse limitadas. Eventualmente toda la institucionalidad podría salir afectada. Tenemos que entender que todos nos vamos a tener que sacrificar.
¿Estamos hablando de cerrar instituciones?
–Esa decisión será una de nuestras autoridades. Lo que esta Contraloría ha dicho es que en este país requerimos una mayor eficiencia en la calidad del gasto, y yo me he referido a que hay que revisar los distintos programas y las distintas instituciones para ver si están generando en la ciudadanía esos resultados previstos. En el pasado hemos hablado de Judesur (Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur), CNP (Consejo Nacional de Producción) e incluso del INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) porque la situación no era satisfactoria, y sí habíamos dicho que se valorara la continuidad, pero cerrar o no es una decisión de las autoridades. Sí hemos hablado del diseño institucional, de la dispersión, de la cantidad de órganos de ministerios… Pero cerrarlos o no será un asunto de proyectos de ley que deberán valorarse.
Pero hablar de destinos específicos es tocar intereses políticos también.
–Pero ¿cuál de los temas estructurales no pasa por lo político? Vea remuneraciones, impuestos, exoneraciones… Si el país no avanza en estos temas, difícilmente saldremos de los apuros fiscales.
Ustedes han planteado la posibilidad de cerrar Racsa (Radiográfica Costarricense).
–No recuerdo si ese informe era confidencial. Prefiero no referirme a él.
La Contraloría mantuvo fuertes diferencias con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la administración anterior. ¿Hay ahora señales distintas?
–Hemos visto una actitud distinta, por lo menos en su presidenta ejecutiva, con una mayor apertura. Hemos tenido un par de reuniones y creo que sí hay una actitud distinta y positiva.
Pero el ICE mantiene la demanda contra usted.
–La demanda sigue en pie, pero en la ultima audiencia se suspendió para evaluar la posibilidad de un acuerdo que aún no se ha dado. Fue una iniciativa del ICE.
¿Entiende que alguien diga que la Contraloría jugó un rol de opositor durante el Gobierno anterior? Lo digo por el tema del ICE y otros temas.
–Este no es un tema de gobiernos o de simpatías o no, Nuestro deber es decir las cosas cuando hay que decirlas y a quien haya que decírselas. El ICE, que tiene un gran presupuesto, es una de las instituciones que deben reportarle a la Contraloría. Sucedieron cosas, hicimos las auditorías y había que reportar; igual con el tema fiscal. Lo hubiéramos hecho con ese Gobierno o cualquier otro.
El presidente Carlos Alvarado designó a doña Rocío Aguilar como ministra de Hacienda. Ella fue contralora y usted fue su número dos. ¿Mejora en algo la relación con el Gobierno?
–En nada, ni mejora ni empeora. La línea de la Contraloría lleva años y vamos a ser igual de consecuentes con esta ministra o con cualquier otra persona que esté ahí. No es un tema personal y la Contraloría será igual de rigurosa.
Ella hizo el pago de bonos sin autorización legal y ahora ella es objeto de una investigación aquí.
Nosotros vamos a investigar ese tema a profundidad. Nadie está excluido y lo vamos a hacer con la rigurosidad de siempre.
Ustedes dieron su reporte hace casi un mes. ¿Hay avances en esa investigación?
–Sí tenemos avances a los cuales no me voy a referir, entendiendo la importancia estratégica de este tema.
¿No hay posibilidades de que la Contraloría haga una vigilancia en tiempo real y no debamos esperarnos para conocer esos faltantes financieros que en este caso conocimos acabado el Gobierno?
–Eso es parte de lo que estamos investigando.
Pero más allá del pago que ordenó la Ministra de Hacienda sin autorización de la Asamblea Legislativa, le pregunto por ese llamado “hueco” fiscal. ¿Sorprendió a la Contraloría tanto como sorprendió a la opinión pública?
–Nos sorprendió la ejecución presupuestaria tan avanzada en los meses tempranos del año. Llevar el pulso minuto a minuto no es posible; es muy difícil estar omnipresente, hay controles internos y por eso la responsabilidad primaria esta en los ministerios. Nosotros con los informes semestrales podemos llevar el pulso y de ahí que pudimos informar sobre esos pagos.
Es normal que ahora nos preguntemos qué otras cosas pueden estar ocultas, como lo estuvo ese rubro de ₡600.000 millones. ¿Las personas pueden confiar en las cifras financieras que se dan y que el déficit no es incluso mayor al que nos dicen?
–Sí se ha visto afectada la confianza, por supuesto, pero sí creo que los datos del Banco Central y los mismos de Hacienda con los que trabajamos sí son confiables. No hemos llegado como Contraloría al punto de desconfiar de esas instituciones; punto aparte es que uno pueda percibir que se ha erosionado la confianza.
¿Sigue usted confiando en el Ministerio de Hacienda?
–Nosotros en los grandes números, en las cifras, sí confiamos. En este caso en concreto nosotros pudimos ver la subejecución de las partidas en los datos que nos dio Hacienda, pero estamos investigando más a fondo para ver si había o no información y razones para desconfiar.
¿Hay algún plazo para investigar este caso?
–No voy a darle una fecha, porque uno no sabe si va a haber algo que tome más tiempo, pero trabajamos para sacarlo lo antes posible.
Nota de edición:
La edición original de esta entrevista fue modificada para dejar claro que la afirmación “Ella (ministra de Hacienda) hizo el pago de bonos sin autorización legal y ahora ella es objeto de una investigación aquí” corresponde a palabras del periodista, no de la señora Contralora.
