El grupo ciudadano que impulsa una propuesta de ley denominada Pro Revocatoria de Mandato aseguró este 3 de febrero que la iniciativa no pretende, bajo ninguna instancia, promover un golpe de Estado y que lo que buscan ese que se la iniciativa -presentada hace año y diez meses- sea vista en la Asamblea Legislativa.
La propuesta establece la posibilidad de llevar a cabo un referéndum ciudadano que permita hacer una serie de reformas a la Constitución Política que establezca un mecanismo para pedir cuentas y destituir, como última medida, a cualquier persona que ocupe un cargo público y que fuera electo por el pueblo.
“Se ha manifestado en diversos espacios que estamos planteando un golpe de Estado, nada más lejos de la realidad, lo que buscamos es la paz social. Queremos establecer una normativa para evitar que esta situación se llegue a dar, inicialmente a través de un referéndum nacional porque vemos que hay grandes intereses que no quieren ver caminar esta iniciativa”, indicó el abogado y exdiputado José Miguel Corrales.
Corrales comentó que para llevar a cabo un referéndum nacional hay tres vías: una por medio de la recolección de firmas que se presenta ante el TSE; otra es que el Presidente solicite a los diputados que autoricen para hacer la consulta ciudadana y la última, que el Poder Legislativo decida consultar mediante el referéndum el proyecto.
En este caso, dijo Corrales, están haciendo una solicitud al mandatario Carlos Alvarado, para que solicite a la Asamblea Legislativa la aprobación para enviar dicha propuesta de proyecto a consulta ciudadana, a través de referéndum.
El proyecto de ley plantea que se trataría de una reforma agravada, es decir, debe seguirse un todo un proceso largo y detallado para alcanzar el cambio que incluye al menos 10 diputados que lo firmen, tres lecturas en el parlamento, pasarlo a una comisión especial que deberá aceptarlo y luego pasar a Plenario a votación. Luego el Presidente de la República debe pronunciarse.
Por su parte, el politólogo Claudio Alpízar señaló que se trata de un instrumento de revocatoria de mandato, que desde su perspectiva es una extraordinaria iniciativa, pues el disgusto ciudadano viene de años atrás.
“Podría parecer que hacemos este anuncio al calor de la crisis que vive el Poder Ejecutivo, pero este proyecto fue presentado hace meses; lamentablemente las torpezas que han cometido hacen tierra fértil para esta discusión. Pero debemos aclarar que el proceso de esta iniciativa es a largo plazo y no podría aplicársele a Carlos Alvarado, además es un instrumento para llamar a cuentas desde síndicos hasta el Presidente”, argumentó Alpízar.
Según explicaron los representantes del grupo Pro Revocatoria de Mandato, se plantea un margen de dos años a quien quede electo para analizar su administración, así como el control ciudadano y la rendición de cuentas.
“Entonces de aprobarse la iniciativa sería a partir del 2022 y podría aplicarse hasta el 2024, luego de que se cumpla ese período de dos años de mandato, por lo cual no hay ninguna posibilidad de que se busque la salida del Presidente actual”, concluyeron.