Un grupo de inversionistas que confiaron sus dineros a la corporación Aldesa están decididos a demandar al Estado costarricense, ya que aseguran que la situación de la empresa venía gestándose desde hacía mucho tiempo y las instituciones encargadas incumplieron con su papel de vigilancia, control, información y protección de los consumidores.
Así lo confirmó a UNIVERSIDAD el vocero de la Comisión de Inversionistas, David Quesada, quien manifestó su molestia con lo que calificó como un montaje que fue tapado por los dueños de la empresa (Javier y Óscar Chaves), por la Junta Directiva de Aldesa, por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y gran cantidad de personas que podrían haberse visto beneficiadas.
En marzo del 2019, Javier Chaves, presidente del conglomerado empresarial Aldesa, anunció que se encontraban con problemas de liquidez y realizó una solicitud de Administración y Reorganización con Intervención.
En dicha solicitud, Chaves pidió cerrar el Puesto de Bolsa y suspender por tres años el pago de intereses y capitales de miles de inversionistas, quienes habían puesto a trabajar sus dineros en diversos proyectos de la corporación.
“Luego de todo este montaje y tantos años de mala administración, uso indebido de recursos, malversación de fondos, desvío de recursos, tráfico de influencias y mucho más, vemos que la Sugef, la Sugeval y hasta la Junta Directiva se hicieron de la vista gorda; es decir, permitieron que esto sucediera sin alertar a nadie”, dijo Quesada.
Además, señaló que están organizando al grupo para presentar un contencioso administrativo en contra de las entidades estatales que permitieron que esta situación sucediera, pues aseguran que hay suficiente experiencia, documentación, pruebas, argumentos, jurisprudencia y razón para demandar al Estado.
“Nosotros no estaríamos en esta situación si desde que presentaron las primeras quejas y denuncias contra el proyecto Monte del Barco (hace más de diez años), la información hubiese sido transparentada y dada a conocer a los inversionistas de todos los proyectos. Lo hicieron todo mal y estamos aquí por negligencia del Estado al fallar en su servicio al ciudadano”, argumentó el vocero de la Comisión de Inversionistas.
Quesada indicó que ya existen muchas denuncias penales contra Javier Chaves y miembros de Aldesa. Son procesos legales deben seguir su curso normal y, dado el ocultamiento que muchos hicieron sobre la situación de la empresa, pueden prever que se lleven mucho tiempo.
Los miembros de la comisión están observando los hechos que se vienen desarrollando, están pendientes de las propiedades que se rematan, de los proyectos que están siendo cedidos y los acuerdos alcanzados con grupos de inversionistas; además del proceso de intervención que ven como un camino lento.
“Ese proceso va a paso de tortuga, completamente a favor de la empresa, de quien arriesgó el dinero, que incumple en los pagos; por lo visto no buscan proteger a los inversionistas. El tiempo está en contra de quien necesita los recursos y no de quien los debe”, dijo Quesada.
El proceso de organización entre inversionistas todavía se está gestando y están esperando que más personas se apunten. Por ejemplo, Mélida Volio, inversionista de Aldesa en el proyecto inmobiliario Terra Verbena aseguró que ella y su familia están analizando la propuesta y que a la fecha hay unas 30 personas confirmadas, pero cree que el proceso va bien.
Por su parte, Joancarlos Feoli, quien invirtió sus ahorros en Aldesa sin saber que habían sido puestos en proyectos no regulados por el Estado, indicó sentirse totalmente estafado y que en su caso no está dispuesto a poner ni un solo colón para que le devuelvan su dinero.
“La iniciativa del contencioso incluye el aporte inicial de ¢400.000 por inversionista, pero yo no pienso sacar más plata para lograr que me devuelvan mi dinero, no lo puedo hacer. El asunto es que la familia Cháves está pateando la bola, ganando tiempo para que la gente se aburra y pierda la motivación de pelear para que al final no pare en nada, como todo en este país”, condenó Feoli.
Desde su perspectiva, ha perdido la fe en todo intento por recuperar los dineros invertidos y considera que el caso de Aldesa está conformado por una maraña de influencias que impide que cualquier esfuerzo avance.
Pese a su posición, hay una serie de personas que ya han interpuesto demandas penales, ya sea en contra de Javier Cháves o de la misma Sugeval, aunque aún no han tenido una resolución alentadora.
Este es el caso del abogado Ronny García, defensor de una de las inversionistas que confiaron sus dineros a Aldesa para el proyecto Monte del Barco y que presentó una demanda penal, que aún no ha sido resuelta.
García aseguró que las demandas penales ya están presentadas, pero que el Estado no está trabajando con la eficiencia que debe, que existe una inactividad para resolver estos casos de incumplimiento de deberes.
Tierras de Monte del Barco a III subasta
El Banco BCT realizó un aviso público de la tercera ocasión en que se sacarán a subasta las fincas del Fondo Inmobiliario Monte del Barco, pertenecientes a Aldesa Corporación de Inversiones. Este proceso ya quedó desierto en dos ocasiones.
El banco BCT es el fiduciario del fideicomiso entre Aldesa, Banco Lafise y el grupo económico Maklouf, pero al no presentarse un oferente para comprar estas tierras (en dos subastas anteriores) podría evidenciarse la posibilidad de que las tierras estén sobrevaloradas, dado que no tienen ningún avance de construcción o inversión desarrollada.
Parte de los terrenos, según el máster plan del proyecto turístico Monte del Barco, tenían un uso potencial para el área de golf, desarrollo parcial de un hotel, así como uso comercial y residencial.
Precisamente, el proyecto Monte del Barco era presentado como la alternativa para devolver al menos una parte de los dineros que debe Aldesa a más de 500 inversionistas, luego de que anunciara en marzo de 2019 que se encontraba en una situación de falta de liquidez y que hiciera una solicitud de Administración y Reorganización con Intervención Judicial.
De acuerdo con Ronny García, al ser la tercera subasta, solamente se hará por el equivalente al 25% de lo adeudado, y si no hay postores las propiedades se las adjudica el banco sobre esa base; es decir, la deuda se mantendrá.
El remate podría significa que a Aldesa le rechazaron la medida cautelar que presentó para parar el proceso y que no logró avanzar con las negociaciones (que aseguró llevar a cabo meses atrás) que tenía con un fondo extranjero para contar con el dinero efectivo con el fin de llegar a un acuerdo que suspendiera la venta de los terrenos.
“La ley establece que se pueden hacer hasta tres procesos de remate, si en ninguno de ellos se venden las propiedades, estas se las adjudicarían al banco con el que tienen la deuda y al ser un banco privado podrían llegar hasta a un nuevo acuerdo con la empresa”, analizó García.
Se trata de 35 fincas por una deuda de $6,9 millones, mientras que el valor de remate es de $28,3 millones, por lo que no habría necesidad de rematarlas todas para cubrir la deuda.
Para los inversionistas de otros proyectos de la corporación, el problema con este proceso de remate es que Monte del Barco le debe a Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) $44 millones por servicios y financiamientos que, en teoría, la empresa inyectó al proyecto. Esto implica que salvar este desarrollo turístico significaba salvar al holding corporativo y, por ende, a los inversionistas de la parte no regulada.
Caso Aldesa
UNIVERSIDAD consultó a voceros de Aldesa, a través de su oficina de comunicación, sobre el estado de las tierras de Monte del Barco, el proceso de Administración por Intervención y el cambio en su Junta Directiva.
Con respecto a los remates que se realizarán por tierras de Monte del Barco, ustedes habían asegurado que estaban realizando gestiones para evitarlo. ¿Fueron infructuosas las acciones y qué medidas están tomando para que no se vendan?
—Se convocó a un tercer remate de la tierra hipotecada a favor del Banco Lafise, ya que en los dos anteriores no hubo participantes. El remate sería de aproximadamente $6 millones de dólares; sin embargo, existe una gestión judicial promovida por el Fondo de Inversión para anularlo, por lo que en dicho remate se debe hacer ver que una compra podría ser anulada. Eso hace poco probable que algún tercero vaya a participar pagando ese monto por una tierra anotada.
La administración del fondo continúa haciendo gestiones para cerrar la venta de la parcela del hotel antes del remate, pero esas gestiones no se han terminado.
Con respecto a la solicitud de administración por intervención, ¿será posible llevarla a cabo, ¿qué otras acciones han tomado?
—La administración por intervención judicial continúa su trámite, lo que sigue es que el Juzgado nombre al perito que deberá emitir una opinión sobre la viabilidad del plan de acción presentado por Aldesa, eso último deberá hacerlo dentro de los diez días posteriores al nombramiento del perito.
Hubo un cambio en la Junta Directiva de Aldesa, modifica esto los niveles de mando en la corporación, cambia la representación legal o continúa en manos de los hermanos Chaves?
—Cambiaron tres directores, pero la empresa sigue liderada por Óscar Luis Chaves y Javier Chaves.
