En Puerto Níspero, a unos 9 kilómetros del Puente de la Amistad en Guanacaste, Leandro Espinoza acaba de desembarcar. Son las tres de la tarde y este pescador de 67 años se queja de que hoy, como tantos días atrás, los “encerradores” han afectado su jornada.
Esta es una de las problemáticas con la que lidian a diario pescadores del Golfo de Nicoya, un tipo de pesca ilegal en la que se utilizan redes muy largas para atrapar cardúmenes de peces a grandes cantidades. El dilema de esta práctica es que quienes la ejercen arrasan con todo tipo de especies y afectan el recurso disponible, dejando en desventaja a los pescadores formales.
El Instituto Costarricense de Acuicultura y Pesca (Incopesca) estima que hay de 80 a 100 embarcaciones que se dedican al encierre en el Golfo de Nicoya. Las limitaciones para contrarrestar esta práctica sobran, según las autoridades policiales y de Incopesca, pero para los pescadores guanacastecos, esta y otras problemáticas son cotidianas y poco visibilizadas.
Cuando se habla del sector de pesca, la atención recae en Puntarenas, al ser la provincia la que alberga 80% del litoral de Costa Rica y es donde se concentra el principal centro de desembarque de pescado del país, según un estudio del 2016 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) sobre la sostenibilidad de la pesca en Costa Rica.
“Hay muchos encerradores. Eso es lo que no está jodiendo. Aprovechan que no está la patrulla”, dice este pescador de Puerto Níspero bajo el sol de esa tarde del 24 de julio, un día antes de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya, con un tono tranquilo y resignado.
Las demandas del sector pesquero nacional se han destacado durante los últimos meses. Su enojo, frustración y necesidades las han expresado en ocasiones como la del pasado 25 de junio, cuando un grupo de trabajadores de ese sector derribó el portón lateral de Casa Presidencial y lanzó una bombeta al jardín porque el presidente, Carlos Alvarado, no los quiso atender.
Los representantes del área pesquera han sido protagonistas de extensas y diversas jornadas de encuentros con el gobierno. Dentro de sus demandas sobresalen las inquietudes por el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a pescados enteros algunos tipos de filetes; contar con un reglamento para la utilización de Balizas en las embarcaciones (dispositivos electrónicos que todos los barcos deben de cargar para que se puedan rastrear de manera satelital y saber dónde se encuentra cada embarcación); o la entrega de permisos y licencias que permitan regularizar las condiciones a los pescadores informales.
En la mesa de preocupaciones también hay otras para los pescadores de la provincia guanacasteca que albergaba el 25% de los 6.353 pescadores artesanales en el país, según el censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El porcentaje mayor de pescadores (62%) pertenecía a Puntarenas.
Por ejemplo, la construcción de centros de recibo, donde cuenten con instrumentos para entregar su producto una vez acaben con la tarea en el mar. Esto lo explica Martín Contreras, el presidente de la Cámara de Pescadores de Guanacaste.
“Nosotros dijimos a las municipalidades que teníamos que buscar un lote y con el gobierno de ver la posibilidad de ir dotando a las comunidades pesqueras de un centro de acopio y ganar lo mismo o más”, señaló Contreras y añadió que la capacitación “es indispensable” para los pescadores, pues les ayudaría a tener una mejor administración de los recursos con los que disponen.
Las condiciones y el movimiento económico tampoco van bien, reconoce Carlos Rivas, el encargado de un centro de recibo en Puerto Pochote. “He hecho un esfuerzo enorme por sostener el puesto de recibo. Uno motiva a los pescadores. Estamos en épocas de flacas, vendrán gordas”, asegura y se queja de que ha perdido clientela durante los últimos días porque se le “jodió” el teléfono y no tiene cómo arreglarlo.
La práctica de encierre es común en el Golfo porque hay zonas menos profundas donde la producción de peces es más concentrada, explica Óscar Gutiérrez, encargado de control del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de Puerto Níspero y añade que los grupos que se involucran en esta práctica, utilizan dispositivos explosivos como “bombetas” para alterar a las especies y capturarlas con más facilidad.
Las autoridades aducen que enfrentar el problema de los encerradores se ha tornado una tarea difícil, pues cuando planean operativos para detener a los grupos de encerradores, estos se acuerpan y se defienden con “flechas, resorteras, cuchillos” que lanzan a las autoridades.
“La policía del mar es guardacostas, nosotros lo que hacemos es coordinar a través de denuncias que nos llegan con guardacostas para que ellos actúen. Van inspectores de nosotros”, aseguró Álvaro Otárola, de Incopesca.
Por su parte, Enrique Alvarado Roldán, oficial operacional de la estación de guardacostas de Puerto Níspero, Golfo de Nicoya, reconoció que la mayoría de las estaciones que no sea Caldera, tiene muy poco personal. “Aquí solo hay 16 funcionarios, solo una embarcación, y está fuera de servicio: los motores ya no dieron”, reconoció el oficial.
El oficial de Guardacostas advirtió que la pesca ilegal por encierre en el Golfo de Nicoya sucede todos los días e involucra a muchas personas. “Cada embarcación puede llevar de tres a cuatro personas, y usted muchas veces ve 15 o 20 embarcaciones. Se han visto hasta 30 embarcaciones haciendo un solo encierro”, describió Alvarado.
Sumado a eso, Alvarado añadió que, desde los últimos cinco años, ha incrementado la presencia de esa actividad abrasiva. “La situación parece haber empeorado por la situación económica. Hay menos trabajo y oportunidades de empleo; de hecho, la mayoría de los encerradores son gente joven”, añadió el oficial de Guardacostas.
Pesca de arrastre genera “malestares” en el Golfo
A pesar de presentarse como un grupo unificado ante Casa Presidencial, la pesca de arrastre de camarón marca una división entre los pescadores artesanales del Golfo de Nicoya y otros grupos del sector pesquero.
“Siempre lo hemos dicho: los artesanales no estamos de acuerdo con [pesca de] arrastre y lo hemos manifestado y lo seguiremos manifestando”, afirmó Enoc Rizo, secretario de la Asociación Red del Golfo, que reúne a pescadores de de esa zona y que participó en reuniones con el gobierno durante julio.
Rizo reconoció que el grupo optó por dejar su oposición a la pesca de arrastre fuera de las conversaciones que mantuvo con el gobierno, a pesar de que casi la totalidad de las fracciones de la Asamblea Legislativa impulsan la aprobación de esa práctica pesquera por vía rápida desde julio pasado y de que otros grupos pesqueros apoyan esa práctica, la cual fue prohibida desde el 2013.
En aquel momento, la Sala Constitucional prohibió la emisión y renovación de licencias de pesca de arrastre camaronera hasta aprobarse nuevas leyes con sustento científico que garanticen que la práctica es sostenible ambientalmente. Según Rizo, su grupo confía que esa resolución impida los esfuerzos legislativos para resucitar esa práctica en aguas costarricenses, por lo que dejaron el tema fuera de la mesa.
“Si la Sala se pronunció y dijo que tenían que probar que la pesca de arrastre no causa daño, eso es improbable [su aprobación]. Usted no puede decir que pesca de arrastre es sostenible; jamás”, dijo el representante de la Asociación Red del Golfo.
Mauricio González, líder del Sector Palangrero Nacional, admitió que “hay ciertos malestares” entre los distintos grupos pesqueros en torno a la pesca de arrastre, pero afirmó que, cuando acudieron a Casa Presidencial, “fuimos unidos”.
“La pesca de arrastre es un tema complejo; sí ha habido diferencias y eso no lo puedo negar”, dijo González, quien representa a pescadores semi industriales. “Desde el palangre hemos sido de la visión que la pesquería se regula, se administra pero no se elimina”, agregó el representante de ese sector.
González adujo que las divisiones generadas por la pesca de arrastre camaronera se debe a la “falta de claridad en la gestión pesquera de los gobiernos” y a la intervención de organizaciones no gubernamentales “radicales”.
Por su lado, Katherine Arroyo, gerente de incidencia política de la organización Marviva, reconoció que la pesca de arrastre “ha implicado un distanciamiento del sector pesquero”, además de diferencias en la representación política de cada grupo ambientalista.
“Es clarísimo que a nivel legislativo hay una presencia muchísimo más fuerte y organizada del sector semi industrial que del sector artesanal, y en ese contexto es más fuerte la representación de Puntarenas (del área semi industrial) y no tanto del sector artesanal de Guanacaste. Hay una evidente disparidad en la capacidad de tener una voz en esos espacios”, dijo Arroyo.
Mientras las discusiones y las divisiones en torno a la pesca de arrastre continúan, los reclamos al gobierno por parte de los pescadores de Guanacaste no faltan.
¿Cómo ha sido la atención que han tenido por parte del gobierno? “Por momentos uno sienten que la cosa va bien y por momentos sienten que le meten cachos. Creemos que con el pasar del tiempo hemos madurado y podemos aportar mucho. Nos duele que este gobierno construye cosas a espaldas del sector”, dijo el presidente de la Cámara de Guanacaste, Martín Contreras.
