A la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se le pegaron las manchas del Jaguar: la bancada rojiazul se ha comportado como si fuera oficialista durante el trámite del proyecto estrella del gobierno de Rodrigo Chaves.
La fracción rojiazul no solo se declaró a favor de la iniciativa de llevar el proyecto 24.364 (Jaguar 1) a referendo, sino que ha sido la bancada que más se ha esforzado por tratar de rescatar sus contenidos, una vez que la Sala IV declaró inviables los cuatro artículos consultados.
Ni siquiera se había enfriado la sentencia 21.375 de la Sala IV del 29 de julio de este año, cuando al día siguiente la fracción del PUSC presentó el proyecto 24.464, a las 9:04 de la mañana, casi tres horas antes de que el oficialismo presentara su propia versión de resucitación vertiginosa, el 24.467 (Jaguar 2), a las 11:46 de la mañana.
La versión del PUSC también fue más ambiciosa que la propia carta del oficialismo, ya que intentó rescatar ocho de los nueve artículos del Jaguar original, mientras la segunda versión del Gobierno se limitó a cinco.
Pero, adicionalmente, el PUSC cubrió la totalidad del Jaguar, ya que también tenía otro proyecto, el 24.259, para mantener en la corriente legislativa la otra reforma restante de la ley Jaguar, la relacionada con la modificación a la ley de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Sin embargo, a pesar de que una segunda sentencia de la Sala IV (28.774 del 1 de octubre) identificó nuevos vicios de inconstitucionalidad, incluyendo en la reforma a Japdeva, apenas un par de semanas después, el PUSC logró que se incluyera en la agenda del Plenario el proyecto 24.259, con un trámite de una diaria de discusión.
María Marta Carballo, jefa de fracción del PUSC y firmante del proyecto, rechazó las acusaciones de que se trataba de un “jaguarcito”, alegando que se presentó en abril de este año, dos semanas antes de que el presidente Rodrigo Chaves anunciara a los diputados, en su informe anual, su intención de convocar a un referendo, y siete semanas antes de que el mandatario concretara ante la Asamblea el proyecto Jaguar 1.
Las manchas del jaguar
Empero, debe recordarse que el propio expediente 24.364 no fue el inicio de la propuesta Jaguar: la reforma a la contratación pública para validar el proyecto de Ciudad Gobierno está redactada en forma idéntica en el proyecto 24.009, de diciembre del 2023.
Si persistían dudas, la ministra de la Presidencia Laura Fernández se encargó de despejarlas en la audiencia del 19 de noviembre en la Comisión de Gobierno y Administración, ante una consulta del diputado Leslie Bojorges del PUSC. El parlamentario le preguntó si el Gobierno impulsaría el proyecto del PUSC, el 24.259, y la ministra fue clara: “Por supuesto, desde el primer día de (sesiones) extraordinarias convocamos ese expediente, con la diputada María Marta Carballo hemos tenido varias conversaciones, sesiones en que nos hemos apoyado mutuamente para procurar que la redacción de ese expediente lleve la misma redacción que la ley Jaguar”, dijo.
No es el único “jaguarcito” que todavía ronda por la corriente legislativa. En el oficio 16119-2024, la Contraloría emitió su criterio sobre el proyecto 24.464 a la Asamblea Legislativa, en la que concluyó que la iniciativa conlleva un grave debilitamiento de las competencias de fiscalización y advirtió que “se observa una notable similitud con los proyectos de ley 24.364, y el 24.467 (ley Jaguar 1 y 2), sobre los cuales ya se ha manifestado previamente este órgano contralor”.
La sombra del jaguar
“Cuente con este servidor para apoyarla en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo o el del PUSC”, expresó Bojorges a la ministra Fernández en la audiencia de Gobierno y Administración, en la cual la ministra solicitó a los diputados eliminar los artículos sobre los cuales no se tenía la sentencia completa de la Sala IV (las reformas a Ciudad Gobierno y a Japdeva), para tratar de salvar el cuero de este jaguar.
No fue una declaración sorpresiva, por cuanto la fracción del PUSC ya había dado declaraciones en las cuales suscribió los argumentos oficiales del Gobierno para impulsar la ley Jaguar, en el sentido de que la Contraloría se ha excedido en sus funciones, por lo que se requerían mociones para evitar que coadministrara.
Se consultó a Carballo si la bancada había reaccionado más como oficialista que como oposición, por el intento de rescatar los contenidos del oficialismo y la presentación de reformas que habían encallado en la Sala IV.
Carballo indicó que el PUSC “era una fracción propositiva”, pero expresó que creían en el fondo de la ley Jaguar, y lo justificó como una forma de buscar empleos y reactivar la economía.
Con respecto a impulsar reformas a Japdeva, a pesar de que la sentencia de la Sala IV detuvo una propuesta similar en el Jaguar 2, Carballo indicó que su proyecto presentaba una redacción diferente —algo que no coincide con las declaraciones de la ministra de la Presidencia— y acotó que no se tenía la resolución completa de los magistrados. “Siempre dijimos que era una propuesta sujeta a cambios y mejoras, pero lo cierto es que el país necesita avanzar en estos temas”, argumentó.
Se intentó consultar con el presidente del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, sobre la posición del partido con respecto a estos temas, en el sentido de si acuerpan la postura de la bancada, más afín al oficialismo que a la oposición. La respuesta del presidente del PUSC fue que de momento prefería no referirse a esta situación.
Jaguares con manchas similares
Dos proyectos jaguares presentados por el Gobierno resultan calcados en expedientes presentados por el PUSC.
Jaguar 1 (24.364)
El presidente Chaves lo presentó como un instrumento para impulsar el desarrollo del país y modernizar la construcción de infraestructura, pero la oposición lo cuestionó como un intento de debilitar la fiscalización de la Contraloría.
Consistió en nueve artículos, seis a la ley 7428 de la Contraloría (reformas a los artículos 4, 11, 12, 17, 22 y 38) y uno a la ley 8292 de control interno, que reducían las competencias del ente contralor.
También se incluyó una reforma a la ley 9986 de contratación pública, relacionada con el arrendamiento de bienes y una reforma a la ley 3091 de Japdeva, relacionada con el desarrollo de alianzas estratégicas y el desarrollo de infraestructura.
Jaguar 2 (24.467)
Tras la sentencia de la Sala IV que descartó cuatro reformas consultadas por tratar de reducir funciones de fiscalización de la Contraloría, el Gobierno presentó esta segunda versión.
Redujo las reformas de nueve a cinco. Procuró rescatar una de las reformas a la Contraloría objetadas, y añadirla a dos ajustes que no se cuestionaron. Además, se recuperaron las reformas a las leyes 9986 (contratación pública) y 3091 (Japdeva), que no fueron parte de la consulta del TSE al proyecto original.
Proyecto 24.259
PUSC presentó esta reforma a artículo 5 de ley 3091 de Japdeva, que esencialmente tiene el mismo objetivo que en proyectos Jaguar 1 y 2 (autorizar desarrollo de infraestructura con alianzas estratégicas).
Proyecto 24.464
PUSC presentó este proyecto en el que recopiló ocho de los nueve artículos contenidos en el proyecto Jaguar 1: seis reformas a la ley 7428 de la Contraloría (reformas a los artículos 4, 11, 12, 17, 22 y 38) y uno a la ley 8292 de control interno, que reducían las competencias del ente contralor, le prohibían dar órdenes a la administración y suspender acciones. También se incluyó una reforma a la ley 9986 de contratación pública.
