Gobierno y diputados corren para evitar una última catástrofe de Bancrédito

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, afirmó que un cierre definitivo de Bancrédito —si la Asamblea Legislativa no concreta a tiempo su fusión con el BCR— costaría entre ¢130.000 y ¢140.000 millones a la Hacienda pública.

Gobierno y diputados corren para aprobar la absorción de los restos del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) por parte del Banco de Costa Rica (BCR), una iniciativa a través de la que buscarán evitar que el Estado pierda al menos ¢130.000 millones como principal acreedor de la financiera estatal que cerró operaciones comerciales desde diciembre del año pasado.

La premura responde a una preocupación externada por los altos mandos de ambas entidades estatales en la comisión que dictaminó el proyecto de fusión este miércoles, quienes afirmaron que el negocio dejaría de ser atractivo económicamente para el BCR si la operación no se aprueba en las próximas semanas.

En esa línea, el superintendente general de Entidades Financieras, Bernardo Alfaro, agregó que la prisa también es esencial para que “no se materialice el riesgo moral de los deudores” de Bancrédito, término con el que se identifica la actitud de estas personas cuando pierden el interés de continuar atendiendo su deuda de manera correcta.

El proyecto fue convocado a inicios de mes por el Ejecutivo, encargado de elegir la agenda que revisan los diputados en el mes de agosto. Desde ese momento la discusión tomó una mayor fuerza en la comisión de Asuntos Jurídicos, espacio en el que autoridades bancarias, estatales y de Gobierno desfilaron en los últimos días.

Tras esos encuentros, los diputados corroboraron la necesidad de apurar el proceso, algo que además provocó críticas al Ejecutivo y a los diputados de la Asamblea Legislativa anterior, pues el texto de fusión se encontraba varado en esa corriente desde junio de 2017 cuando lo presentó el exdiputado oficialista, Ottón Solís Fallas.

La idea del proyecto es trasladar todos los activos y pasivos de Bancrédito al BCR, incluida la renegociación de una deuda por al menos ¢130.000 millones que la primera entidad sostiene con Hacienda, tal como lo indicó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, cuando brindó su opinión favorable a los congreistas.

Esa deuda sería el grueso de las pérdidas que dejaría un eventual cierre total del banco  si no se concreta la fusión, “asumiendo que no aparezcan contingencias adicionales”, según señaló la jerarca.

Sobre lo que resta del trámite de esta fusión, el diputado frenteamplista José María Villalta apuntó que las averiguaciones de la comisión permitieron determinar que “para que esta operación tenga sentido para el Estado y para el BCR, la ley tendría que estar aprobada antes del 30 de septiembre. Si se tarda más y llega a diciembre sin aprobarse, ya no tendría sentido”.

Para evitar eso, la comisión de Jurídicos aprobó y dictaminó favorablemente este miércoles un texto sustitutivo de consenso —elaborado con el apoyo de Conassif, el BCR y la junta interventora de Bancrédito—, documento que envió a publicar y remitió a las consultas institucionales requeridas de inmediato para aligerar el trámite de aprobación tanto como sea posible.

Sobre este nuevo dictamen, la socialcristiana y vicepresidenta del Congreso, María Inés Solís, comentó que “se trata de algo muy positivo, pues, desde el cierre de operaciones de Bancrédito en diciembre, el Estado ha perdido ¢9.000 millones, un gasto que ya debe detenerse”.

Según los datos revelados por los interventores de Bancrédito a la comisión legislativa encargada, el costo operativo de banco actualmente es de ¢600 millones mensuales, monto que deteriora intensamente el patrimonio que resta de la institución.

Contra el tiempo

Los diputados que dictaminaron el texto coinciden en que aprobar a tiempo el proyecto en el Plenario será el principal de los retos que deberá sortear el Congreso para llevar a buen puerto este proyecto.

En esa línea, la presidenta de la comisión de Asuntos Jurídicos, Floria Segreda, destacó que “lo que vendría a retrasar un poco el proceso no es tanto la publicación porque eso se hará en los próximos dos días, sino las consultas de ley que se tienen que hacer” a distintas instituciones.

“Esperemos que las consultas se hagan con la mayor rapidez y agilidad posible para que cumplamos el término del 30 de septiembre y poder aprobarlo (…) hay un plazo hasta el 30 de septiembre y un año de intervención que se cumpliría en septiembre, pero si no lo hacemos al 30 de septiembre se volvería poco atractivo para el BCR ya que las propiedades se van deteriorando, los deudores se van enfriando y sería un poco más complicado el asunto”, señaló.

El atractivo de la operación para el BCR está especialmente en la posibilidad de mejorar su penetración en la provincia de Cartago; así como en adquirir y gerenciar algunos activos que se pueden vender, otros que pueden servir para diseñar negocios, asumir la participación de Bancrédito en algunos fideicomisos, gestionar su cartera de crédito y asumir algunos contratos específicos, como el relacionado con el cobro de los impuestos de salidas internacionales.

En esa línea, el oficialista Enrique Sánchez comentó que para el BCR “adquirir Bancrédito es una oportunidad única de contar con nuevos activos que mejoren su operación en la zona (de Cartago)”, aunque añadió que “cada día se devalúa la infraestructura, los fideicomisos y la cartera crediticia” por lo que “en pocos meses, será tal el grado de deterioro que para el  BCR no tendrá sentido el traspaso”.

Según Sánchez, “se cuenta con la cooperación y comprensión de todas las agrupaciones políticas para sacar adelante la tarea”; sin embargo, el frenteamplista Villalta —menos optimista— reconoce que esta posibilidad es de “pronóstico reservado”.

Según el frenteamplista el Gobierno fue lento a la hora de llevar el tema al Congreso y aún queda por discutir detalles para confirmar que no se está poniendo en peligro a otro banco del Estado (el BCR), pues quizás “habrá algunos (otros diputados) que podrían tener interés en que eso ocurriera”.

Para la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, el proyecto “es una posibilidad interesante”, pues “le permite al Ministerio de Hacienda negociar las condiciones del plazo con el banco para la recuperación de su inversión”, aunque con la condición de que “perdone traslados de cargos por el orden de los ¢17.000 millones porque de no hacerlo, el patrimonio (del banco) empezaría a desaparecer”.

“Lo importante aquí es actuar lo más rápidamente posible porque el tiempo es el principal enemigo que va a deteriorar o seguir deteriorando el proyecto”, puntualizó.

El proyecto


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